Tan pronto como arrancó el año el presidente de la SAE, Daniel Rojas, convocó una rueda de prensa para anunciarle al país que esa entidad no cedería las acciones de Triple A al Distrito de Barranquilla hasta que la Contraloría General de la Nación se pronuncie.
Textualmente Rojas dijo, el 2 de enero, que “le informamos a la opinión pública que nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”.
Rojas, también anunció ese día una reunión extraordinaria con el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, para ponerlo al tanto de la situación.
La reunión se llevará a cabo en la mañana de hoy a puerta cerrada en el despacho del Contralor y a ella asistirán, entre otros. El Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga y representantes de la Triple A de Barranquilla.
SEMANA conoció que la SAE le pedirá al Contralor General establecer si hubo o no transparencia en el proceso de enajenación, es decir, si se utilizó una norma que autoriza la enajenación temprana directa entre entidades públicas y que esta no haya sido utilizada para beneficiar a un privado en medio de esa negociación de manera disfrazada.
“Nosotros le hemos solicitado al Contralor que en términos de transparencia de todos los procesos en temas de recursos públicos se haga una suspensión provisional mientras logramos verificar a detalle cada uno de los procedimientos que se realizaron para el proceso de enajenación”, le dijo una fuente de la SAE a SEMANA.
Daniel Rojas, Presidente de la SAE, ha dicho que es su deber como servidor público evitar que se perfeccione un presunto dolo al patrimonio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que es el fondo que administra la SAE.
Por su parte, el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, dijo que la SAE le pidió hacer una valoración de la Triple A y que allí encontró unas presuntas vulneraciones al ordenamiento jurídico.
“Hemos visto que este proceso se hizo utilizando el mecanismo de la venta temprana cuando la ley establece este mecanismo como un mecanismo excepcional y por eso consideramos que puede encerrar un desconocimiento del principio de transparencia”, reveló Quiroga, el pasado 2 de enero.
Pese a que no hay una denuncia formal ante autoridades competentes, el secretario de Transparencia del actual Gobierno Nacional, Andrés Idárraga, hizo una denuncia pública por presuntas irregularidades en la venta de las acciones de la empresa Triple A, en Barranquilla, encargada del suministro del servicio de agua, acueducto y alcantarillado de la capital del Atlántico y el departamento en general.
Según Andrés Idárraga, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
De acuerdo con las declaraciones de Idárraga, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.
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