La Contraloría General de la Nación ya tiene en su poder toda la información sobre un posible detrimento patrimonial en la venta de acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A.
En una mesa de trabajo que se llevó a cabo hoy en la sede de ese organismo de control, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, entregó toda la información y los argumentos de un presunto detrimento patrimonial en la venta de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, que realizó la SAE al Distrito de Barranquilla en el 2021.
En la reunión, Rojas reiteró que “solicitó el apoyo y la asistencia técnica a la Superintendencia de Servicios Públicos para entender y actuar conforme a la ley, en el caso de la enajenación temprana de las acciones de la Empresa Triple A que administra la SAE. En ese sentido, el concepto técnico concluyó hacer una valoración de la empresa con información interna, en el cual se identifica que la empresa tiene un valor superior al cual se hizo el negocio, lo que a nuestro juicio indica que hay presuntamente un detrimento patrimonial”.
El director de la SAE agregó que “nuestra labor como servidores públicos es evitar que se materialice esa presunción y por tal razón la decisión fue la de suspender el traslado de las acciones, hasta tanto no haya un pronunciamiento de la Contraloría que nos permita actuar de manera transparente”.
Por su parte, la gerencia de la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla manifestó que la compra de la empresa se financió con un préstamo que hizo su socio privado y que a su vez ha cumplido con los pagos pactados con la anterior administración de la SAE.
Pese a esto, Daniel Rojas sostuvo que la instrucción del presidente Gustavo Petro es proteger el patrimonio público de los barranquilleros.
Por su parte, el vicecontralor General, Carlos Mario Zualuaga, dijo que el órgano de control va a analizar la información suministrada por todas las partes y se pronunciará al respecto, para determinar si investiga un presunto detrimento patrimonial, vicios en el proceso de enajenación temprana o en la valoración de la empresa Triple A de los barranquilleros.
A la mesa de trabajo asistieron entre otros, representantes de la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla, la alcaldía de Barranquilla y la Superintendencia de Servicios Públicos en cabeza del Superintendente Dagoberto Quiroga.
Tan pronto como arrancó el año el presidente de la SAE, Daniel Rojas convocó una rueda de prensa para anunciarle al país que esa entidad no cedería las acciones de Triple A al Distrito de Barranquilla hasta que la Contraloría General de la Nación se pronuncie.
Textualmente, Rojas dijo ese 2 de enero: “Le informamos a la opinión pública que nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”.
Pese a que no hay una denuncia formal ante autoridades competentes, el secretario de Transparencia del actual Gobierno nacional hizo una denuncia pública por presuntas irregularidades en la venta de las acciones de la empresa Triple A, en Barranquilla, encargada del suministro del servicio de agua, acueducto y alcantarillado de la capital del Atlántico y el departamento en general.
Según Andrés Idárraga, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82,16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $ 565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
De acuerdo con las declaraciones de Idárraga, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.