Desde que los precios del oro y del coltán comenzaron a treparse en el mercado internacional volvió la presión minera sobre Guainía, donde limita con Venezuela y Brasil. Los indígenas, sobre todo los puinaves y curripacos, han sido mineros desde hace 20 años en este departamento, cuyo territorio es 98 por ciento resguardo. Los capitanes indígenas se asociaron con mineros garimpeiros brasileños para sacar oro de los ríos, tanto del lado colombiano como del venezolano, y controlaban la actividad. Pero hace unos cuatro años empezó la fiebre por el oro azul o las tierras raras, el coltán, como se le llama a esa combinación de minerales valiosos, la columbita y tantalita, de donde salen el tantalio y el niobio, minerales preciados en la fabricación de celulares y otros aparatos electrónicos. Entonces llegaron los violentos. Los primeros en arribar fueron los Cifuentes Villa, la banda de narcotraficantes colombianos aliada del cartel de Sinaloa de México, que reclutó a miembros de las comunidades a través de la organización Salva la Selva y los puso a sacar coltán. Sus empresas mineras fueron confiscadas y reportadas en la lista Clinton, pero ahora están las Farc. Una de las minas de oro que está bajo el yugo guerrillero queda cerca a la serranía de Neuquén entre Brasil y Colombia (ver foto) según información de inteligencia militar, quien está a cargo de su operación es alias Hugo Malojo. Allí hay aproximadamente 60 dragas operadas en su mayoría por brasileños y 300 trabajadores, casi todos indígenas. Cada uno le paga al frente Acasio Martínez de las Farc, 12 gramos de oro al mes y los operadores, 15 gramos por draga. Los dueños de las máquinas deben además pagarle a las Farc un impuesto de 10 millones por cada aparato adicional que ingresen a la mina.Las autoridades aseguran que el frente 16 regula la explotación de una mina de coltán, cerca del parque nacional Puinawai, próxima al resguardo Semán. Entrar allí es casi imposible porque no hay vías, el río tiene tramos que no son navegables y por aire las guerrillas bajan a todo el que no tenga su autorización. Ni siquiera pudieron volver los funcionarios de Parques Nacionales. Una tonelada de tierras raras en boca de mina la pagan a 9 millones de pesos, ya en Inírida sube a 14 millones, y en Bogotá cuesta 70 u 80 millones. Según la Policía, una tonelada de tantalita vale en el exterior hasta 60.000 dólares.Toda esta producción es ilegal, pues en Colombia solo hay un título minero para tierras raras en el Vichada, a nombre de Luis Alberto Rodríguez Forero. Él denunció ante la Policía que terceros estaban utilizando su título para reportar producción de coltán, que bien puede haber sido extraído en Colombia, en Venezuela o en Brasil.El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) descubrió el año pasado que en Venezuela, apenas los militares bajan la guardia, entran grupos de mineros desde Colombia a sacar granos (nuggets) de coltán. Autoridades venezolanas incautaron, según el informe, casi dos toneladas de este mineral entre 2009 y 2011 en esa región. Las cifras de la Armada colombiana son también significativas. En septiembre de 2012, incautaron 12 toneladas de tungsteno, en mayo de 2012, 5.327 kilos y en agosto del año pasado cuatro toneladas más.El río Orinoco, la vieja vía para sacar la coca, es ahora la ruta para mover el coltán y el oro. La mayoría de las veces vienen de Venezuela a Colombia, pues aquí pagan menos regalías. Algunos mineros han sido capturados del lado venezolano, y de este lado de la frontera, hoy hay apenas un colombiano detenido en Amazonas por minería ilegal, cumpliendo una condena de dos años.Más abajo, a lo largo del río Caquetá, hasta el año pasado se veían unas 12 dragas. Ahora se ven aproximadamente 30, según reportó un funcionario oficial en su último viaje a la zona a principios de año. Es conocido que los garimpeiros brasileños mueven el negocio y les han enseñado a los indígenas a buscar los minerales.Durante la Cumbre de Río, el gobierno Santos anunció una zona de reserva minera en estos territorios, precisamente para que los yacimientos sean explotados adecuadamente, con el mínimo impacto ambiental, y los permisos legales. Pero mientras el Estado no controle la zona en llave con los países vecinos, la minería de la frontera seguirá siendo un botín de los actores criminales y el frágil ecosistema estará en riesgo.