Así como lo hicieron el pasado viernes la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó el artículo en el Proyecto de Ley Anticorrupción en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos.

Se trata de un artículo incluido en la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley Anticorrupción, por el representante de Cambio Radical César Lorduyen, el cual podría amedrantar a las personas que denuncien a funcionarios o exfuncionarios públicos e incluso a sus familiares.

La organización pidió su eliminación, por considerar que representa un “peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”, destacó la entidad en su comunicado.

La SIP señaló que “este lunes el Congreso colombiano tratará un Proyecto de Ley Anticorrupción en el que se incluyó un artículo que propone penas de cinco a 10 años de prisión y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos”, además la entidad también señaló que el citado artículo “contempla la cancelación de la personaría jurídica de las instituciones de donde proviniere la crítica que se considere injuria o calumnia”.

Sobre este tema, Jorge Canahuati, presidente de la SIP dijo destacó el trabajo de su entidad para garantizar los derechos para un prensa libre y destacó que el articulo “es una herramienta para callar a medios y periodistas”.

“Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas”, remarcó Carlos Jornet, quien es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Tanto Canahuati como Jornet expresaron en el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que esta iniciativa “servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente”.

La SIP concluyó su comunicado con un pedido para los legisladores del país. “Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales”,

Los gremios periodísticos en Colombia también ya habían manifestado su rechazo contra esta iniciativa que cursa en el Congreso, pues la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), redactaron en conjunto un comunicado para calificar de “preocupante”, el artículo que pone en riesgo la garantía del ejercicio de la libertad de prensa en Colombia.

Para las dos entidades, la regulación que se plantea es especial y privilegiada para funcionarios públicos y “sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades”, y destacaron en su comunicado que esto hace parte de las funciones de los medios de información, la cual se vería afectada por la norma que propone el representante ponente César Augusto Lorduy.

Asomedios y la AMI recalcaron en el comunicado que no se explica como el “fuero” para funcionarios y exfuncionarios va más allá de sus periodos de servicio público, además argumentaron que lo que se busca es “garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados”, lo que consideran como una amenaza para el desempeño del periodismo en Colombia.

Así como lo pidió la SIP, Asomedios y AMI también solicitaron la eliminación de la propuesta, además resaltaron que el nuevo artículo “es altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico, en especial para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información de los colombianos”.