Ante el asedio de organizaciones criminales en diferentes regiones del país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante el retiro de esquemas de protección para exfuncionarios que desempeñaron un papel destacado en la lucha contra la criminalidad y la defensa de los derechos ciudadanos. Camargo Assis destacó que la falta de seguridad para estos exservidores públicos constituye una violación de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, conforme a las convenciones internacionales y la Constitución.
El defensor del Pueblo elevó un llamado perentorio al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revisen detalladamente los procesos de reevaluación de riesgo e implementación de medidas de protección para los exmandatarios locales que han manifestado su preocupación por la retirada de sus esquemas de seguridad.
“Instamos a que sean llevados a cabo con detalle los procesos de reevaluación de riesgo e implementación de medidas de protección para ex servidores públicos territoriales, pues nos manifestaron su preocupación por el retiro de sus esquemas de seguridad. Nos argumentaron, en razón a las acciones que realizaron durante sus periodos de gobierno, que hoy su vida e integridad corren peligro”, indicó Camargo Assis.
El defensor del Pueblo hizo hincapié en que, aunque es crucial revisar los procedimientos para cada caso específico, no se debe priorizar las formas y los procedimientos sobre la necesaria protección de la vida de aquellos que han trabajado en el servicio público, exponiendo sus vidas en defensa de los valores democráticos.
En espera de la reevaluación de riesgos, Camargo Assis hizo una petición especial a la UNP: “Mantenga las medidas implementadas. Porque lo más importante es proteger los derechos a la vida e integridad de quienes vienen siendo intimidados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.
Además, el defensor instó a la UNP a no pasar por alto los documentos preventivos y de advertencia emitidos por su Sistema Alertas Tempranas (SAT), subrayando que la información sobre violaciones a los derechos humanos facilita la implementación o conservación de medidas de protección para aquellos que las necesitan debido a sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales, humanitarias u otras.
“La información que recibimos sobre violaciones a los derechos humanos ayuda a facilitar la implementación de medidas de protección, o a conservarlas, para quienes las están necesitando, como consecuencia de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales, humanitarias o de otras índoles”, resaltó Carlos Camargo Assis.
En el desarrollo de los comités de protección, la Defensoría del Pueblo, en calidad de miembro permanente, ha instado a sus integrantes a elevar la valoración del nivel de riesgo de algunas de las personas amenazadas a ‘extraordinario’ e incluso, en algunos casos, a ‘extremo’.