El gobernador de Antioquia dejó frío a más de uno con sus declaraciones sobre el futuro de la Contraloría de ese departamento. En rueda de prensa, Luis Pérez Gutiérrez señaló que no es competencia suya decir quién reemplazará al contralor Sergio Zuluaga, capturado por presuntamente liderar una red de corrupción con otros funcionarios de la entidad. Además, Pérez Gutiérrez indicó que "hay que tener paciencia y esperar a que haya una decisión definitiva" sobre la actuación del contralor, de los implicados en la investigación entre los que se encuentran varios contralores auxiliares, los alcaldes de La Pintada, San Carlos, Jardín, el gerente del Hospital de Copacaba y un asesor jurídico del municipio de Briceño. Sin embargo, el gobernador siguió causando asombro con sus palabras al mencionar: "En el pasado, yo recuerdo que al señor contralor lo detuvieron y quedó nuevamente libre, entonces en esto, a veces, hay muchas personas que dicen caígale al que está caído. Yo creo que tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces, cuando haya una decisión definitiva de los jueces nos pronunciaremos”. En la rueda de prensa, Luis Pérez Gutiérrez hizo énfasis en que no todo capturado es condenado y, en esa medida, solo se pronunciará cuando un juez profiera un fallo en contra de los investigados. Aunque dijo que "no es bueno que los organismos de control entren en sospechas ante la ley", porque "el ojo que vigila tiene que ser más cristalino que el ojo que ve". ¿En qué va la investigación de corrupción en la Contraloría de Antioquia? El pasado 21 de agosto, el contralor Sergio Zuluaga se entregó voluntariamente a la Fiscalía luego de conocer que sobre él pesaba una orden de captura por cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias, prevaricato, entre otros delitos. En ese momento, se destapó el escándalo de corrupción en la Contraloría que por años había sido denunciado y, que ahora salpicó a contralores auxiliares, los alcaldes de La Pintada, San Carlos, Jardín, el gerente del Hospital de Copacabana y un asesor jurídico del municipio de Briceño. La Fiscalía indicó que todos estos funcionarios cambiaban hallazgos en las auditorías "por dádivas que consistían en dinero, en contratación, en puestos en algunas organizaciones del departamento, de los municipios como también bienes inmuebles" y debido a esto se les profirió orden de captura. Aunque el ente acusador aclaró que no hay una cifra clara sobre el dinero del que se habrían apropiado dichas personas capturadas, sí se hará una extinción de dominio cercana a los 13.000 millones de pesos y tazada en bienes inmuebes, sociedades de hoteles y transporte, vehículos, entre otros, todos propiedad de los capturados. Este lunes, 26 de agosto, SEMANA reveló nueva información sobre la mina que el contralor Zuluaga habría estado explotando en compañía de la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza. SEMANA pudo establecer que la mina del contralor está ubicada a tres horas del casco urbano de San Carlos, en la vereda Portugal del corregimiento El Jordán. Se trata de una explotación de calizas en límites con el municipio de Caracolí, cerca hay otras dos explotaciones que parecen estar a nombre de la misma persona. Allí, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare) abrió una indagación preliminar —que hasta el momento no ha arrojado una decisión— de carácter administrativa ambiental sancionatoria porque se realizó explotación “sin ningún tipo de autorización por parte de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la Corporación”. Esta revista pudo establecer que la mina, además de ilegal, tiene varias denuncias ante la inspección de Policía y la alcaldía porque afectó una carretera de nivel terciario e hizo aprovechamiento de una zona protegida. Pese a las continuas quejas, los ciudadanos no han obtenido respuestas por parte de la administración municipal, y al parecer hoy las razones salen a la luz.