La promesa hecha a narcotraficantes de alto perfil le acaba de significar una condena ante una corte de Texas a Maritza Claudia Lorza Ramírez, conocida como la abogada de la mafia. Les ofreció un pasaporte a la impunidad y frenar su extradición a Estados Unidos, metiéndolos en las listas de desmovilizados de las Farc que fueron beneficiados por la JEP.

Esta minuciosa investigación tardó meses. Interceptaciones telefónicas, seguimientos y grabaciones llevaron tras las rejas en Estados Unidos a esta reconocida abogada, que se movía como pez en el agua en los círculos judiciales y terminó convirtiéndose, según los tribunales americanos, en un ejemplo de obstrucción a la justicia.

Lorza Ramírez vio en el proceso de paz con las Farc la posibilidad de hacerse millonaria de forma ilícita con sobornos pagados por grandes capos del narcotráfico. Gracias a sus supuestas influencias elaboró un plan y empezó a ofrecer sus ‘servicios’: tenía bajo la manga la posibilidad de hacerlos pasar por exguerrilleros y borrar los delitos por los que eran pedidos en extradición.

Ella pensó que hacer este conejo era un asunto de trámite. Sin embargo, para las autoridades de Estados Unidos y de Colombia era claro que se trataba de narcos puros que se dedicaban a inundar las calles de ese país de cocaína. Por eso, se dieron a la tarea de seguir cada paso de la abogada y así se dieron cuenta de su coartada y de los negocios ya adelantados con cerca de siete narcos.

La ahora detenida y condenada se presentaba como una abogada de alto nivel. Y lo era. Manejaba casos importantes y, sobre todo, tenía influencias. Así llegó a los narcos, a quienes les dijo que por sus relaciones era casi un hecho que al incluirlos en la lista de desmovilizados de las Farc sus problemas judiciales se resolverían y no pisarían nunca una cárcel gringa.

Ahora, según un documento del Departamento de Estado norteamericano, “Lorza Ramírez, quien fue acusada por un jurado federal el 10 de mayo de 2018, enfrenta una condena de hasta 20 años en una prisión federal”.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y de Colombia, la abogada habría cobrado cerca de 3 millones de dólares, hoy casi 12.000 millones de pesos, a por lo menos siete extraditables entonces detenidos en el pabellón de La Picota, que estaban listos para responder ante una corte americana.

Según Brit Featherston, quien llevó la acusación ante esta corte de Texas, “las actuaciones de Lorza Ramírez no solo pervirtieron el Estado de derecho y el tratado de paz colombiano, sino también obstaculizaron investigaciones en curso, facilitando la entrada de drogas ilegales a los Estados Unidos mediante la protección de peligrosos traficantes de drogas. Aplaudimos el esfuerzo de los agentes de la DEA y nuestros colaboradores en Colombia para llevar a Ramírez a la justicia”.

La caída de la prestigiosa abogada de la mafia ocurrió justo cuando las autoridades de inteligencia, fiscales y agencias de Estados Unidos estaban haciéndoles seguimiento detallado a poderosas redes traficantes. En los audios empezó a aparecer una mujer, que terminó siendo Lorza, la abogada de la mafia.

Las pesquisas de las autoridades, con interceptaciones de comunicaciones e información de fuentes humanas cercanas a los narcos, fueron dejando al descubierto el plan ilegal. Con las pruebas, una corte federal para el Distrito Este de Texas dictó orden de captura, que se hizo efectiva el 22 de junio de 2018, por un delito considerado de gravedad en Estados Unidos: obstrucción a la justicia. Fue extraditada en enero del año pasado y no sabía que sus socios se convertirían en sus verdugos.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que “la señora Maritza Claudia Lorza Ramírez fue extraditada luego de haber surtido todo el proceso legal para su envío a los Estados Unidos, ante el requerimiento de la corte distrital para el Distrito Este de Texas por el delito de obstrucción a la justicia o ayuda y facilitación de dicho delito”.

El ministro dio detalles de cómo operaba la abogada de la mafia: “Presuntamente, y conforme a la acusación de la Justicia norteamericana, contactó a varios detenidos que esperaban su extradición, y por altos honorarios ofreció suministrar documentación fraudulenta para que aparecieran como miembros de las Farc buscando incluirlos en la JEP”. Ruiz ratificó que seguirán trabajando para que los convenios internacionales de cooperación judicial sean cumplidos y combatir las organizaciones de delincuencia transnacional.

Cómplices y verdugos

La historia terminó dando un giro inesperado para Lorza Ramírez cuando llegó ante los tribunales americanos. Ahí se tuvo que encontrar cara a cara con quienes fueron sus socios en el plan criminal. Pero esta vez la sorpresa fue mayor, pues los sentaron en el puesto de los testigos. Por lo menos tres de los narcos con los que había hecho las negociaciones ilícitas, en medio de su colaboración con las autoridades de ese país, contaron la verdad y pusieron en la palestra a la hoy condenada.

Pero no fueron solamente ellos. Se trató de un arsenal de 25 testigos que durante cinco días respondieron las preguntas del fiscal que llevaba el caso. Cada uno entregaba detalles de cómo funcionaba la red criminal con la que Lorza Ramírez pretendió lograr impunidad a cambio de jugosos botines en dólares.

Además de sus cómplices, desfilaron por la sala de audiencias, en el primer piso del edificio federal de la ciudad de Plano, Texas, personas cercanas a los narcos, algunas de sus parejas, abogados, un fiscal antinarcóticos, un funcionario de la JEP, otro de la Policía Judicial y uno más de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que viajaron desde Colombia para entregar de viva voz las declaraciones, que terminaron hundiendo a la abogada de la mafia.

Desde su captura en Colombia, Lorza se declaró inocente y en Estados Unidos tampoco aceptó cargos, por eso terminó en un juicio en el que las pruebas y testimonios resultaron demoledores.

Le desbarataron el plan, que consistía, entre otras cosas, en recoger testimonios de exmiembros de las Farc que aseguraban que los narcos no eran narcos, sino que pertenecían a esa guerrilla y estuvieron involucrados en el conflicto armado. Por lo tanto, debían ser juzgados en Colombia y bajo el amparo de la JEP, que terminó desnudando la confabulación: notó que esos testimonios nunca fueron tomados por alguna autoridad judicial ni por la misma JEP, por lo que carecían de validez.

De inmediato, el tribunal transicional atajó el plan criminal, negó la no extradición de estos narcos, y quedó al descubierto la estrategia de impunidad mediante la cual la abogada estaba llenando sus arcas de manera ilícita. La mujer, que creía tener las llaves de la impunidad, hizo pacto con el diablo, con delincuentes de talla mayor, y terminó traicionada y en una cárcel de Estados Unidos.