“Que cese el fuego” fue la petición del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mientras las balas silbaban alrededor. Su clamor, sin embargo, no fue escuchado y hoy, 25 años después, todavía se escucha como un eco de la conciencia, como un reclamo de la verdad. Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 incursionaron en las instalaciones del Palacio de Justicia, en donde estaban todos los magistrados de las Altas Cortes. El asalto se conoce como la “Toma del Palacio”, y lo que ocurrió después como el “Holocausto”. Durante la toma, el M-19 mantuvo retenidas cerca de 350 personas. El Ejército, por su parte, con tanquetas y metralla “recuperó” el edificio. En palabras de la Comisión de la Verdad, conformada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla Pinilla, dijo: “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”. La toma y la retoma duraron 28 horas, durante las que, pese al llamado al diálogo, no hubo quien escuchara. El saldo fue de casi 100 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, 11 personas desaparecidas, entre las que se encontraban siete empleados de la cafetería del edificio de la Justicia, tres visitantes y una sobrina de una magistrada que acostumbraba a guardar su carro en el parqueadero. Sólo 54 cuerpos, de 68 que fueron identificados, fueron entregados a sus familiares, y 36 fueron a parar a una fosa común. Acerca del número de guerrilleros muertos no hay una cifra exacta, según la Comisión de la Verdad. Se sabe que eran 41 los que iban a participar en la toma, pero al final sólo entraron 35 al Palacio, de los cuales salieron dos con vida: Irma Franco y Clara Helena Enciso, la primera fue desaparecida. La cifra sobre el total de muertos aún está por aclararse. Durante 20 años, el proceso del Palacio de Justicia para hallar los responsables estuvo estancado. Sin embargo, tras el cumplimiento de los 20 años del holocausto, el Fiscal Mario Iguarán decidió desempolvarlo. Debido a que está comprobado, como lo han demostrado las instancias judiciales y como lo declaró en su momento el propio presidente, Belisario Betancur, que sí hubo desaparecidos, el caso no ha prescrito. En la diligencia, cuando le preguntaron si tenía conocimiento sobre la desaparición de los empleados de la cafetería, dijo: "No solamente de los empleados de la cafetería, sino que tuve conocimiento de que había numerosos desaparecidos".   Hasta ahora, sólo ha habido una sanción penal. El pasado 9 de junio la juez Stella Jara condenó al coronel retirado Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por su responsabilidad en la operación de la “retoma”. No obstante, Plazas no ha sido trasladado a un centro de reclusión, como lo ordenó la juez, sino que permanece recluido en la Escuela de Infantería y está a “disposición del comandante de la unidad”, lo cual, según los familiares de las víctimas, no es garantía del cumplimiento de la sentencia. Plazas apeló la condena, que ahora deberá ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. La fiscal Ángela Buitrago, quien tenía a su cargo el caso, entre otros de mucha importancia, fue depuesta de su cargo con el argumento de que tenía procesos atrasados. Sin embargo, para los familiares de los desaparecidos, ella e Iguarán han sido de las pocas personas comprometidas con el caso. la juez Jara tras denunciar amenazas contra su vida se fue del país. A pesar de los esfuerzos de las víctimas por conocer la verdad, aún faltan muchas piezas de ese rompecabezas. Para ellos no basta con las condenas, si no se sabe dónde están los restos de sus muertos. Entre ellos ya hay personas fallecidas que no lograron enterrar a los suyos, ni tampoco sanar el más amargo recuerdo. Al cumplirse 25 años del holocausto, Semana.com presenta un informe especial con los hechos y los protagonistas de uno de los capítulos más tristes y oscuros de la historia nacional.