La decisión del gobierno de indultar a 30 miembros de las FARC, de estudiar otros casos, y la de reubicar a todos los miembros de las FARC en patios especiales dentro de recintos penitenciarios, es una señal concreta de que el cese bilateral al fuego y el acuerdo final están, quizá, más cerca de lo que las discrepancias entre las partes insinúa. Alentado por el incremento del apoyo popular al proceso de paz, así como por el espaldarazo brindado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una misión de verificación internacional, el gobierno de Santos se arriesga a conceder en una de las pretensiones más sentidas de la guerrilla, la que al mismo tiempo generará un mayor apoyo en el interior de ese grupo armado hacia sus comandantes y negociadores en La Habana. La medida no es ajena ni exótica en el marco de otros procesos de paz en el mundo. Con mayor o menos sigilo, las partes que negocian un acuerdo suelen avanzar con medidas parciales de beneficios políticos o jurídicos a sus contrapartes en las fases finales de la negociación. Así ocurrió antes del acuerdo de Viernes Santo que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte, o las medidas de distensión que precedieron al pacto suscrito por la guerrilla maoísta y el gobierno de Nepal. El "circulo virtuoso" al que se han referido los negociadores del gobierno, es decir, medidas de desescalamiento que conducen a un mejor contexto para el acuerdo final, se han sucedido en los últimos meses, incluyendo la suspensión de bombardeos, la actual campaña de desminado, el cese unilateral, la búsqueda de desaparecidos, entre otros. Las FARC han anunciado que continuarán con esas medidas, por lo que es de esperarse que avancen en la identificación y liberación de menores retenidos y el término de otras acciones criminales, como la extorsión. Aún cuando estas decisiones aumentan la confianza entre las partes, el reto permanente para ambos es como convencer a una sociedad colombiana que todavía es mayormente escéptica sobre la voluntad de la guerrilla de desarmarse y reincorporarse a la vida civil. Porque si bien el respaldo al hecho de negociar ha aumentado, el rechazo a las concesiones en materia de justicia transicional y de participación política continúa siendo alto, y es alentado por los opositores al acuerdo. Por eso, la medida de indulto será una prueba importante de qué tanto puede el gobierno convencer a los ciudadanos de apoyar el proceso y de acudir masivamente a decirle sí al acuerdo en el plebiscito cuyo diseño está en manos del Congreso. De igual manera, estos beneficios adelantados deberán ser aprovechados por los comandantes de las FARC para extender sus señales de desescalamiento, especialmente en cuanto a la extorsión y a otras acciones ilegales distintas a los combates. Esta es una operación de filigrana difícil, y estará rodeado de peligros. Si la reacción de la ciudadanía es negativa, o si el cese del fuego fracasa, o si las FARC continúan extorsionando, entonces el Gobierno tendrá serias dificultades para vender el paquete de medidas que, de seguro, incluirá muchos más indultos y medidas penales que ya están contenidas en lo que se conoce del acuerdo de justicia transicional. Pero si esta medidas funcionan y son acompañadas de un cese bilateral y de pasos seguros hacia el acuerdo final anunciado para fines de marzo, entonces las partes podrán ofrecer un paquete creíble que sea considerado beneficioso para el país y no solo para los intereses de la guerrilla. Para ello, las partes deberán presentar pronto el esquema de desarme, desmovilización y reinserción y discutir las medidas que no solo apuntalen la confianza, sino que la preserven para el post-conflicto. El cese al fuego bilateral podría ayudar a presentar el proceso en su fase terminal, y no solo como un capítulo más. *Por Javier Ciurlizza, director para América Latina de International Crisis Group, para Semana.com.