El escándalo que estalló por el fallido contrato del Ministerio TIC con la Unión Temporal Centros Poblados, para conectar a 7.277 escuelas rurales del país a internet, dejó consecuencias políticas de marca mayor.
A pesar de sus buenas intenciones, el manejo que le dio la ministra Karen Abudinen a la grave crisis no fue el adecuado. Renunció tardíamente y de manera insólita, mientras los colombianos veían el partido de la selección Colombia contra Chile en Barranquilla, y a pocas horas de que se votara la moción de censura en la Cámara de Representantes, cuando las cuentas no le cuadraban a la Casa de Nariño.
Su permanencia en el cargo se volvió insostenible. El miércoles en la noche se cocinó el desenlace para la ministra. Los liberales anunciaron que apoyarían la salida de la funcionaria. Después, al filo de la medianoche, la presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, le informó al Gobierno que para su colectividad era imposible mantener el respaldo. Ante eso, el presidente Iván Duque le quitó el apoyo a Abudinen y le pidió la renuncia. Ella hacía parte de su círculo de confianza, había trabajado con él en el Banco Interamericano de Desarrollo y había estado a cargo de la Consejería Presidencial para las Regiones.
Desde que se conocieron las primeras denuncias, el presidente la apoyó. “Es honorable, tiene pulcritud y cero tolerancia con la corrupción”, sostuvo. Pero con el paso de los días, aún confiando en ella, la crisis se salió de control y adquirió una gran dimensión. La renuncia se volvió inevitable.
“Me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido. Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”, dijo Abudinen en un mensaje leído en Palacio.
Lo ocurrido no tiene justificación alguna y los responsables tendrán que pagar por lo que hicieron, entre otras cosas, por presentar pólizas falsas para obtener un anticipo de 70.000 millones de pesos, que a la fecha no se han podido recuperar completamente.
La justicia y los organismos de control deberán establecer hasta dónde llegan las responsabilidades de la ministra y su equipo, pues resulta increíble el millonario gol que se dejaron meter, lo que ha desatado una comprensible indignación entre la gente. A Abudinen la tumbó la suma de muchos factores: la gravedad del escándalo, la presión de la opinión pública y de la oposición, y sus equivocaciones en el manejo que le dio a la situación, siendo la cabeza del Ministerio TIC.
En este episodio, se llevan los aplausos algunos periodistas como Paola Herrera, de La W, y Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, de Primera Página, que denunciaron el contrato. También algunos integrantes de la oposición que promovieron debates de altura. Pero otros no salieron bien librados. En lugar de concentrarse en los detalles de las irregularidades del contrato por 1,07 billones de pesos, decidieron acudir a los insultos y descalificaciones personales, pensando más en la campaña electoral de 2022.
A Abudinen le llovieron calificativos como “ladrona” y “corrupta”, y hasta trataron de posicionar la expresión “abudinear” como sinónimo del verbo robar, tocando las puertas de la Real Academia Española. Lo otro que no le salió bien a la oposición fue el oso que hizo cuando, ya con la ministra renunciada, trató de sacar adelante la moción de censura el viernes. Los congresistas no llegaron y los votos no alcanzaron. De esa manera, Abudinen se salvó de ser la primera funcionaria de un Gobierno en ser sancionada con ese mecanismo. Pero los estragos del escándalo están vigentes.
La terquedad de la ministra
Abudinen fue terca y no pensó en el grave impacto que el escándalo le produjo al presidente Duque, al Gobierno y al Centro Democrático. “Atornillarse a un puesto le costó un desprestigio enorme al Gobierno y minó de manera seria la poca credibilidad que queda en algunas instituciones”, dijo el representante a la Cámara Gabriel Santos, del Centro Democrático. Y es que para el partido de Gobierno este escándalo no ha sido fácil y menos en plena campaña presidencial. En el Congreso, lo de Centros Poblados le cayó como anillo al dedo a la oposición.
“Hay 70.000 razones para que la ministra renuncie”, aseguró en su momento la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. Incluso, horas antes de que se votara la moción de censura, congresistas del Centro Democrático, aunque defendieron la honorabilidad de Abudinen, reconocieron que se demoró en salir del cargo. Ella pensó que podía triunfar en la moción de censura, como le ocurrió al ministro de Defensa, Diego Molano, y renunciar días después.
Ese cálculo, que parecía pensado en pro de sus futuras aspiraciones políticas en la costa, le salió muy mal. La tormenta no cesó un solo día y promete no acabar hasta que el Estado logre recuperar el dinero embolatado, en medio de sospechas por la actuación de un cartel de la contratación, similar al que saqueó a Bogotá en la época de Samuel Moreno y los Nule, con algunos de los mismos protagonistas tras bambalinas. En los hechos reaparecieron los fantasmas del contratista Emilio Tapia, el abogado Inocencio Meléndez y el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.
Al presentar su renuncia, la ministra sugirió hechos muy graves. “Señor presidente, la corrupción no tiene ideología política. Tengo la convicción que al superarse el paroxismo desatado por esta crisis, la sociedad colombiana contará con los suficientes elementos de juicio que les permitirá poner su mirada sobre los verdaderos responsables, unos ya identificados, otros todavía mimetizados tras sus protectores y patrocinadores políticos”. ¿En qué momento la hoy exministra le contará al país quiénes son esos políticos y cuáles son sus intereses? ¿Qué pruebas tiene de ello? Destapar todo ese entramado será su obligación moral.
“Yo no me robé esa plata”, dijo ella, en el debate previo a la moción de censura, y en respuesta a quienes han dicho que detrás de Centros Poblados se esconde un grupo de barranquilleros cercanos a los Char, la casa política de la ministra.
Desde un comienzo llamó la atención que dicho contrato cayera en manos de unos desconocidos que fueron capaces de derrotar a las empresas más fuertes del sector de las telecomunicaciones en una millonaria licitación.
Lo cierto es que los colombianos no entienden por qué nadie detectó las trampas cometidas en el trámite del contrato ni las frenó a tiempo en el Ministerio TIC. Por eso exigen que las investigaciones avancen con celeridad. Abudinen se convierte en la tercera figura clave del Gobierno Duque en ser tumbada por la presión de la opinión pública y del Congreso, como les ocurrió a Guillermo Botero, entonces ministro de Defensa, y a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien renunció en medio del paro por su polémica reforma tributaria.
Por cuenta del contrato con Centros Poblados, la exministra TIC también recibió fuertes críticas de quien se creía sería un aliado en su gestión: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, dada su cercanía en el pasado con los Char. Esta vez el asunto fue a otro precio y se rumora que Vargas Lleras, con las andanadas contra Abudinen desde su columna dominical en El Tiempo, prácticamente rompió sus relaciones con esa casa política.
La presión del exvicepresidente sobre Abudinen fue muy fuerte y por esa razón, de cara a la moción de censura, la bancada de Cambio Radical se dividió en el Congreso. Vargas Lleras se ha caracterizado recientemente por ser crítico con el Gobierno Duque y hasta con sus propias fichas en el gabinete, como el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
En la caída de Abudinen, los liberales fueron protagonistas. El secretario general del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, acompañado de un grupo de congresistas, empezó desde el martes a sondear cómo votarían preliminarmente la moción de censura. Convocó a una bancada exprés el miércoles a las 3:50 p. m. y la sorpresa fue mayúscula cuando más del 95 por ciento de los representantes decidió quitarle el apoyo a la ministra. Un representante liberal contó que su propia hija le envió un mensaje en el que le suplicaba que por favor no votara a favor de Abudinen y no le hiciera eso a su familia. Él compartió dicho mensaje con sus colegas.
El expresidente César Gaviria no tomó partido frente a la decisión, le contaron algunas fuentes del liberalismo a SEMANA. No obstante, cercanos a la familia Char no descartan que haya existido bajo la mesa la acostumbrada alianza entre el exmandatario liberal y Germán Vargas Lleras, como ocurrió para hundir la fallida reforma tributaria del exministro Carrasquilla. Los conservadores, a su vez, estaban divididos.
En medio de toda esta tormenta política y jurídica, la ministra –contra viento y marea– declaró la caducidad del contrato.
La Fiscalía inició rápidamente las investigaciones para dar con los responsables del descalabro en el contrato de Centros Poblados. El propio fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, viajó a Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con el FBI para apoyar las investigaciones y rastrear el dinero, ya que habría terminado en una cuenta bancaria en Delaware. Los implicados podrían ser extraditados.
Entre tanto, la procuradora Margarita Cabello, quien se creía no tomaría decisiones en el caso por su cercanía con los Char y Abudinen, abrió una investigación disciplinaria. Al escándalo de Centros Poblados se sumaron las denuncias por posibles hechos de corrupción en 4-72, el operador postal oficial del país, bajo la sombrilla del Ministerio TIC.
La Contraloría avanza igualmente en las investigaciones del caso y ha logrado detectar toda la telaraña empresarial que está detrás de Centros Poblados. El organismo de control inició unos embargos para tratar de recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo.
Lamentablemente, las consecuencias políticas de este escándalo no terminan con la renuncia de la ministra Abudinen. Para esta abogada costeña es muy probable que se frustren, por lo menos momentáneamente, sus aspiraciones a la Alcaldía de Barranquilla o a la Gobernación del Atlántico. Todo dependerá de cómo avancen las investigaciones y se recupere el dinero embolatado. Así ella no tenga una responsabilidad penal, es más que evidente su responsabilidad política que la obligó a renunciar.
Por su parte, el Gobierno Duque queda golpeado por este escándalo y debe moverse de manera inteligente y estratégica para poder sacar adelante las iniciativas en el Congreso en lo que resta del mandato. Es necesario que fortalezca la coalición de Gobierno porque tal vez se viene la etapa más dura, en la recta final de la campaña, con una ley de garantías a cuestas y, como le ocurre a todo presidente cuando va terminando su periodo, con el sol a sus espaldas.
Aparte del resultado de las investigaciones y de la renuncia de Abudinen, ahora el otro reto es lograr que, antes de que se acabe este Gobierno, finalmente los niños de las escuelas rurales, en las zonas más vulnerables, por fin puedan ver la llegada de internet que tanto necesitan y han soñado.