Este viernes a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington llegará un intenso debate liderado por los países del Alba y Unasur, que los tiene enfrentados con las más influyentes organizaciones que defienden la libertad de prensa y expresión en el continente. Como resultado de una calculada estrategia diplomática, la controversia comenzó en una sesión de la OEA en diciembre de 2011, cuando el gobierno de Ecuador metió a último minuto unas recomendaciones que supuestamente buscaban fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Pero detrás de ese supuesto noble propósito se las intenciones de Ecuador por limitar las acciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, liderada por la colombiana Catalina Botero. La razón es simple: esta relatoría se ha convertido en una piedra en el zapato para los gobiernos del continente cuando abusan de su poder y buscan coartar la prensa libre. De ahí que rápidamente la ‘espontánea’ idea de Ecuador hizo causa común con Venezuela, que la asumió como propia. Mientras Hugo Chávez estaba con vida, no escatimó ningún esfuerzo y con su liderazgo regional alineó a los países del Alba y de Unasur en ese propósito. También sirvió que Brasil venía con molestias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otros temas diferentes a los de esta Relatoría y a la voz de reformarla se subió rápidamente en el bus del cambio. La andanada diplomática produjo en un par de meses un compendio de recomendaciones que limitaban su accionar. Pero al votar, la Comisión logró que quedara a su discreción cuáles acogía y cuáles no. Fue como quedar en tablas.Esto no dejó satisfechos a Chávez y Correa, que llevaron la discusión a otro plano. No solo intensificaron su discurso de que la Comisión lo único que hace es promover la burocracia internacional, sino que incluyeron en su retórica que con sus pronunciamientos se inmiscuye en la soberanía de los Estados. Además, hicieron lecturas parciales, buscando instalar la idea de que la Comisión facilita el colonialismo de Estados Unidos, pues a pesar de que es uno de los principales financiadores no se somete plenamente a sus pronunciamientos.La ofensiva diplomática de Ecuador ha tenido en los últimos meses a su canciller de gira permanente buscando presionar a los países del continente para que se alineen con su posición a través de temas bilaterales. Así, por ejemplo visitó Colombia, que al principio respaldó plenamente las propuestas de la llave Caracas-Quito, pero que con los reclamos de la sociedad y la prensa ha moderado su posición. Hoy no se sabe cómo votará los cambios propuestos.Para la Relatoría en particular son dos las propuestas que más la afectan. Por un lado el coto que se propone a las condenas que imparte a través de informes independientes –que es lo que fastidió en extremo a Correa y Chávez– así como los límites a su financiación por fuentes independientes del Sistema Interamericano. Hoy, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión maneja un presupuesto de alrededor anual de un millón de dólares, mientras las otras siete relatorías del sistema interamericano, en promedio, no tienen más de 300.000 dólares. La diferencia se ha logrado con recursos de cooperación internacional provenientes de Europa, para proyectos diseñados por la Relatoría. Según el bloque en contra, esta financiación externa le resta independencia.La ofensiva está en un punto tan alto, que entre otras nuevas iniciativas se va a someter a votación que Washington deje de ser la sede de la Comisión y que de ahora en adelante sea Buenos Aires.Con todos estos ajustes, no está claro cuál será el resultado de las votaciones el próximo viernes ni si, en efecto, se concretará la voluntad del comandante Chávez de limitar los alcances de la Relatoría. Cada vez países con un peso específico en la región han empezado a marcar distancia con esa posibilidad. Esto viene sucediendo con México, por ejemplo. Se espera que otros países se paren en la raya, y que si bien acepten ajustes, no utilicen una amañada figura de reforma para al final terminar sometiendo los derechos humanos a la voluntad de unos gobernantes de turno.