La Fiscalía imputó cargos por los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, conservación o financiamiento de plantaciones y concierto para delinquir. Los responsables de la destrucción en la selva amazónica, además de quienes ejecutan la actividad criminal, serían los cabecillas de las disidencias de las FARC Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte; Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Géner García Molina, alias John 40.
El propósito, además de extender los terrenos para los cultivos ilícitos y la ganadería ilegal, es, de acuerdo con la Fiscalía, garantizar el ‘Corredor Marginal de la Selva Amazónica’, una vía ilegal entre La Macarena (departamento del Meta) y San José del Guaviare, que construyen las disidencias de las FARC para convertirla en una carretera por donde movilizar las sustancias ilegales sin pasar por las poblaciones.
“Verificaciones de campo y abundante material de prueba dan cuenta de que, por instrucción de los jefes de las estructuras disidentes, hay una deforestación persistente y continua para culminar el denominado ‘Corredor Marginal de la Selva Amazónica’, una vía ilegal entre La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare)”, dijo el fiscal Francisco Barbosa al informar los detalles de la imputación contra los cabecillas de las disidencias de las FARC.
La Fiscalía explicó que luego de adelantar las investigaciones del caso, recopilar declaraciones de algunos desmovilizados, incluso de capturados que decidieron llegar a algún tipo de negociación con el ente acusador, se logró establecer la responsabilidad que tendrían los cabecillas de las disidencias de las FARC en la articulación criminal para acabar con la selva amazónica.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de San José del Guaviare los argumentos para vincular formalmente a los máximos cabecillas de las disidencia de la FARC en el oriente del país, como presuntos responsables de auspiciar la destrucción de la Amazonia colombiana”, explicó el fiscal.
Los operativos que permitieron la identificación de esa actividad criminal y del atentado contra el medioambiente fueron fundamentales para establecer de qué manera predios rurales fueron usados para los cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de droga, en medio de un desplazamiento forzado de quienes no querían compartir o colaborar con la actividad criminal.
“Adicionalmente, en distintas operaciones realizadas de manera articulada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron detectados, por lo menos, seis predios en los que se encontraron semilleros y plantaciones de coca, laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, cría de ganado, construcciones rústicas y acaparamiento de tierras”, dijo la Fiscalía.
Los hechos criminales que fueron objeto de imputación de cargos y de una solicitud de medida de aseguramiento en contra de los cabecillas de las disidencias de las FARC se extendieron por más de dos departamentos en el sur de Colombia y justamente dejaron una afectación a los recursos naturales, incluso en zonas protegidas, con el único propósito extender la actividad criminal ese grupo delincuencial.
“Estas actividades ilícitas, identificadas desde 2016, han puesto en peligro los suelos, las fuentes hídricas y la vida silvestre en áreas de especial protección. De acuerdo con estudios técnicos, han devastado los ecosistemas y un importante conector ambiental entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Chiribiquete y La Macarena”, aseguró el ente acusador.
Los procesos en contra de estos cabecillas seguirán su curso y la Fiscalía espera, una vez radique el escrito de acusación, obtener una condena ejemplar en su contra por el daño ambiental que provocaron en esta zona del país.