El más reciente asesinato ocurrió el pasado domingo en zona rural de Toribío, donde hombres armados llegaron hasta la casa del joven comunero Cristian Andrés Vitonás, de 21 años, y lo atacaron en varias oportunidades. Allí mismo, en Toribío, esta madrugada fue lanzado un artefacto explosivo contra la fachada de una discoteca. No hubo personas heridas. El atentado, según las autoridades, fue realizado con un modus operandi similar al utilizado la semana pasada en Corinto y Miranda, donde hubo sendos ataques en los que se usaron motobombas. “Parece que se estuviera normalizando la presencia de actores armados en la región y su capacidad de generar daño contra la organización indígena y como no hay un cubrimiento mediático, como hace dos meses, no hay una sensación de emergencia”, explica Edwin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del Tejido Defensa de la vida y los Derechos Humanos de Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin). Puede leer: "Hago responsable al Batallón Pichincha de lo que me pase a mí o mi familia". De acuerdo con esa organización, en noviembre se presentaron nueve homicidios contra comuneros indígenas (más tres policías). Mientras que en octubre hubo 11 asesinatos ocurridos en dos masacres en Tacueyó y Corinto, cada una con cinco crímenes. En diciembre van cuatro asesinatos de guardias ancestrales. “Estos nuevos asesinatos se están presentando cerca a centros poblados, donde está llegando la primera fase de militarización anunciada por el Gobierno, lo que explica también que dentro de los cascos urbanos como Caloto, Santander de Quilichao, Miranda, Corinto y Toribío, no hay protección y los niveles de riesgo se mantienen”, agrega Capaz Lectamo. En los últimos días, a estos municipios han llegado 1.000 nuevos efectivos de la Fuerza Pública, de los 2.500 que prometió el presidente Iván Duque en consejo de seguridad tras la masacre en octubre de cinco guardias indígenas en Tacueyó, zona rural de Toribío. “Estos nuevos hombres se suman a los 2.500 que ya teníamos en esa zona. Lo acordado es tener 5.000 unificados en una sola fuerza. Es decir, se eliminaron las fuerzas Apolo y demás para crear solo una", señala Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del Cauca. Le puede interesar: Los nuevos enemigos de los nasas. Precisa que el norte es la zona más complicada en materia de seguridad del departamento por su limitación con Cali y el alto número de sembradíos de cultivos ilícitos. “En el norte del Cauca hay un corredor del narcotráfico y eso trae prostitución, delincuencia, minería ilegal, asesinatos y extorsión”, añade Asprilla. Dicho corredor del narcotráfico nace en las montañas de Corinto, Caloto, Miranda y Toribío (nororiente) y finaliza en Guapi, río Naya, López de Micay y Timbiquí (noroccidente y Pacífico). En los municipios del nororiente se encuentran los grandes sembradíos de cultivos ilícitos, así como laboratorios para procesar la coca y convertir la marihuana en tipo creepy. Entre Caloto y Corinto, zona rural plana, los cultivos están casi al borde de la carretera; destacan por estructuras eléctricas improvisadas con decenas de bombillas, que se encienden en las noches para hacerle frente a las heladas. Un poco más arriba de la montaña occidental, en Toribío, los cultivos ilícitos son más frecuentes. Incluso a la luz del día se puede apreciar a decenas de personas trabajando en esos lugares. Los indígenas dicen que aquellas personas no hacen parte de la comunidad y han llegado de otras regiones. “Los ataques a las comunidades indígenas iniciaron cuando comuneros decidieron sacar los cultivos ilícitos de su territorio”, asevera Feliciano Valencia, congresista de la República y miembro del colectivo indígena del Cauca. Los dueños de esos sembradíos, según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, son narcotraficantes asentados en Cali, que han contratado a las disidencias de las Farc para el cuidado de la droga. En Corinto, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao y Toribío, el ala nororiente, opera la columna disidente Dagoberto Ramos, que está bajo el mando de alias ‘Barbas‘. Le recomendamos: El rapero indígena del Cauca que las balas no han podido callar. Según inteligencia militar, esa estructura se encarga del cuidado y procesamiento de la droga. A ellos se les atribuye la mayoría de asesinatos de indígenas en esa zona. La columna ‘Jaime Martínez, sobre la cual recae la responsabilidad del asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, y cinco personas más en septiembre, tiene la tarea de transportar los alucinógenos hasta el Pacífico caucano donde lo recogen miembros de carteles mexicanos. La ‘Jaime Martínez’ opera bajo el mando de Jhoany Noscué, alias ‘Mayimbú‘, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de $1000 millones. ‘Mayimbú’ tiene asiento en los municipios del ala noroccidental, estos son Buenos Aires, Suárez, región del Naya, López de Micay, Timbiquí y zona rural alta de Jamundí, Valle. A esta difícil situación se suman las extorsiones a pequeños comerciantes y los ataques a la fuerza pública, como el registrado el 24 de noviembre a una estación de Policía en Santander de Quilichao. “Se prendieron otra vez las alarmas por todo lo que está ocurriendo en estos días y la llegada nuevamente de atentados con motobombas y otros artefactos”, dice Jair Muñoz, defensor del Pueblo regional Cauca. Por estos recientes hechos, esa entidad expidió una la nueva alerta 067, que se suma a la 037, donde detallan la operación de los grupos armados en el norte del Cauca y los posibles riesgos para la población civil. “Lo que más nos preocupan es la afectación a la población civil con atentados, porque son las comunidades las que están poniendo los muertos”, puntualiza Muñoz. Frente a esta nueva escalada violenta en el Cauca, las comunidades indígenas están estudiando realizar una ‘minga al interior‘ para recorrer todos los rincones de las zonas rurales y “sacar a los violentos del territorio”.