Este 28 de abril se cumple un año del inicio del Paro Nacional que se prolongó por más de dos meses en 2021 en todo el territorio nacional y que dejó una crisis económica, política y social que se sumó a los problemas que el país vivía por cuenta de la pandemia de covid-19.
Las manifestaciones dejaron, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), un total de 80 víctimas mortales, además de tres miembros de la Fuerza Pública fallecidos y uno más del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).
Sin embargo, la ola de violencia no solo se ensañó contra los civiles y parte de la Fuerza Pública, sino contra la prensa. De acuerdo con un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en el 2021 se documentaron “más de 700 ataques a periodistas; de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques”.
Por esto, a un año de que el pueblo se levantara contra la reforma tributaria y otras propuestas de ley del Gobierno nacional, la Flip volvió a criticar la poca importancia que las fuerzas del Estado le prestan a la prensa y, como la mayoría de los hechos de violencia contra los periodistas, reporteros gráficos y demás comunicadores han quedado impunes.
Para la Flip, “después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente”, a pesar de que “el periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública”.
Asimismo, el comunicado recuerda que, tanto la Flip como Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitaron la ayuda de organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y la Unesco para solicitar una protección real a la libertad de expresión en medio del paro nacional.
También mencionaron la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las manifestaciones, así como el informe que dejó esta entidad internacional al Gobierno, en el que además se incluían “recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento”.
Ante esta realidad, para la Flip uno de los puntos a tener en cuenta en medio de la recordación del paro nacional en 2021 es la “impunidad y silencio (del Gobierno nacional) frente a la violencia contra la prensa”, siendo los actos violentos de la fuerza pública los que mayor rechazo han generado en el país, según esta organización.
“Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva (…) De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos”, añade la información de la Flip.
Otro de los temas que preocupa a esta organización es que son muy pocas las estrategias y los protocolos que la misma fuerza pública considera al momento de garantizar la labor del periodista en el campo de la noticia. A pesar de los actos violentos en el Paro Nacional de 2021, las autoridades, tal como lo detalla la Flip, no “han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión”.
Añade que lo importante no es solo agregar como falta grave que la misma Policía sea la que evite el cubrimiento de sus procedimientos, sino que se debe hablar al interior de las instituciones de lo que verdaderamente representa el periodismo para la democracia y que de esta forma “los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia”.
Por último, la Flip destacó la importancia de que la fuerza pública deje de estigmatizar y criminalizar toda la información que gira en los medios de comunicación, o que simplemente sale desde el interior de las vivencias de la ciudadanía. De acuerdo con el informe, actualmente la Fiscalía tiene en su poder 471 noticias criminales que fueron tildadas como “noticias falsas” en 2021, y que, en muchos casos, no lo son.
“Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones”, añade la información.
Frente a esto, la fundación concluyó manifestando que “la libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias”.