La ‘yidis-política’

Hoy el Palacio de Nariño se sacude entre dos ciclones: el de la para-política y el de la 'yidis-política'. Es difícil prever cuáles serán sus alcances. Si se convertirán en un huracán arrasador o terminarán como otro chaparrón más de los que escasamente mojan el impermeable del presidente Álvaro Uribe.En el caso de la 'yidis-política' los rayos que anuncian tormenta suenan sin cesar desde el pasado jueves, cuando la Corte Suprema confirmó que en el trámite de la reelección, en lo concerniente a Yidis Medina, hubo "compraventa de votos". Por esto ordenó detenerla a la espera de decretarle su condena.Para la Corte ya se sabe quién vendió su voto. Las miradas ahora están concentradas en saber quién fue el comprador y cuál va a ser el alcance real de este escándalo, tanto en lo penal como en lo político.Si bien muchas voces que cerraron filas a favor del gobierno buscaron justificar el manejo de cuotas y puestos como un ejercicio válido de gobernabilidad, ahora, con la decisión de la sala penal, queda demostrado que aunque para algunos sea una práctica corriente, lo sucedido -por lo menos para el caso de Yidis- fue ilegal. Es similar a lo que ocurrió con el escándalo de las 'chuzadas telefónicas'. Que esto suceda no es algo nuevo, pero cuando hay pruebas, tiene grandes implicaciones. En ese caso el costo político lo cargó media cúpula de la Policía destituida, y en lo jurídico varios de los oficiales involucrados fueron sancionados disciplinariamente.¿El mismo trato recaerá sobre los supuestos compradores de votos? Las miradas están puestas sobre varios personajes de la entraña del gobierno salpicados por las declaraciones, y sobre el propio Presidente, que fue el beneficiario de su voto. Sabas Pretelt, ex ministro de Interior y hoy embajador en Italia; Diego Palacio, ministro de Protección, y Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, ex secretario general y actual secretario general de la Presidencia, respectivamente, han negado haber comprado el voto de Yidis. Aunque no de forma explícita, dejan entrever que el trato burocrático con ella era el mismo que con cualquier otro congresista. Igualmente, Sabas Pretelt, uno de los más mencionados en este episodio, puede replicar que como Ministro de la política no sólo trato de convencer a Yidis, sino a todo el Congreso de que la reelección de Uribe era conveniente para el país. Al fin y al cabo, esa era su labor. A todos ellos los investiga la Fiscalía. De no aparecer pruebas más contundentes aparte del dicho de Yidis, es fácil predecir que esto no va a ser más que un dolor de cabeza para estos funcionarios. Para ellos será fácil argumentar que lo único que hicieron fue convencer a la ex congresista que el gobierno sí había trabajado por el desarrollo de su región, el gran obstáculo que ella planteaba para dar su voto por el sí. Además, es de esperarse que los abogados defensores aducirán que no hay razón para creerle a una persona que bajo juramento dijo exactamente lo contrario de lo que ahora está diciendo.El problema surge porque el cohecho es un delito de dos puntas. Si un funcionario recibió dádivas, es porque alguien se las ofreció y ambos deben ser castigados. Sin embargo, para condenar se requiere probar las dos partes por separado. La confesión de Yidis, que es prueba en su contra, no lo es automáticamente para la contraparte. Será la Fiscalía la encargada de encontrar la otra punta. En ese sentido, quedan varios enigmas planteados. Uno, si puede aplicar la Fiscalía una jurisprudencia diferente a la de la Corte. Otro, si los argumentos de los altos funcionarios en su defensa podrían llevar a que en el caso de ellos los absuelvan acogiendo su tesis de la persuasión. Y un tercero, qué implicación puede tener que el Fiscal General deba declararse impedido por su amistad con Sabas Pretelt y el vicefiscal asuma el caso.En el lado más débil de la cuerda, por el que podría terminar rompiéndose, están el ex viceministro del Interior Hernando Angarita y el ex congresista Teodolindo Avendaño, quien con su ausencia el día de la votación de la reelección también le garantizó las mayorías que el gobierno necesitaba. Las acusaciones de Yidis contra su otrora compañero en el Congreso, como lo reveló SEMANA, incluyen la denuncia de la venta del cupo de la notaría 67 de Bogotá por 450 millones de pesos. La revista Cambio, a su vez, mostró el facsímil del pagaré que avalaría dicha venta y las colillas de varias consignaciones, por 210 millones de pesos, que, según la ex congresista, serían el pago por la notaría. Ésta habría sido parte de lo recibido por Teodolindo por ausentarse de la votación. "Todo es un montaje para desprestigiar al gobierno", dijo el ex congresista Avendaño a SEMANA (ver entrevista). De confirmarse la entrega a Teodolindo de la notaría como prebenda, hay posiciones encontradas entre los juristas sobre lo que podría pasar. Algunos sostienen que si Teodolindo no votó, el eventual cohecho sería difícil de tipificar. Pero el penalista David Teleki sostiene que "es lo mismo de Yidis, pero al revés. Es decir, al parecer, le ofrecieron prebendas para que no votara. Para mí incurre en el mismo cohecho de Yidis". No se descarta que además se tipifique un delito adicional, que sería el de enriquecimiento ilícito, pues no tendría cómo justificar la millonaria suma -si se prueba que la recibió- por la venta de la notaría de Bogotá.Por su parte, Angarita no sólo es mencionado por Yidis como uno de los intermediarios en la venta de la notaría de Teodolindo, sino que tuvo hace pocos días varias reuniones con ella y habría intentado disuadirla para impedir sus denuncias. Hasta el momento se trata sólo del testimonio de Yidis . Si la Fiscalía le da credibilidad, el nombre de Sabas Pretelt se podría ver más comprometido. No sólo por haber sido el jefe de Angarita, sino también porque al menos una de las reuniones entre la ex congresista y el ex viceministro, se hizo bajo la tutela de él.La pregunta en los mentideros políticos es si el 'abrazo de Yidis' enredará al Presidente. Lo primero que hay que destacar es que la declaración de Yidis contra Uribe en la Corte no es tan contundente como algunos han querido hacerla ver. Dijo: "El señor Presidente me dijo que lo ayudara. Que él necesitaba que yo votara el proyecto de reelección porque eso iba a ser bien para el país y que eso era hacer patria, y que hablara con Alberto Velásquez, que Alberto iba a dar algunas ayudas para que se cumpliera y que lo hablado y lo pactado sería cumplido de acuerdo a las necesidades de mi región o de lo que yo quisiera".Si bien es cierto que no es delito convencer a alguien para que vote algún proyecto a cambio de obras públicas para su región, al senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda también le asiste razón cuando en su denuncia -formulada ante la Comisión de Acusación de la Cámara- sostiene que el único favorecido con las irregularidades que se habrían cometido en los casos de Yidis y Teodolindo fue Álvaro Uribe Vélez. "Pero mucho cuidado, que las responsabilidades penales son individuales", advirtió el ex presidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre. Además, vendrá una lluvia de interpretaciones sobre lo que podría caber en la expresión de Yidis cuando habla de ofrecimientos de "lo que yo quisiera". Hay que tener en cuenta, además, que las denuncias contra el primer mandatario son tramitadas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La manera como este organismo administra justicia despierta más de un reparo. No sólo, como el resto del Congreso, está debilitada por el escándalo de la para-política, sino que también tiene mayoría de la coalición de gobierno. Y esto para no mencionar que a nadie en el Congreso le escandaliza que se den puestos a cambio de apoyo. Por otra parte, el Presidente siempre podrá defenderse con un argumento que puede despertar risas, pero que no todo el mundo considera absurdo: "Si sucedió, fue a mis espaldas". Con este panorama, ni los opositores más apasionados del presidente Uribe creen que el episodio de la 'yidis-política' afecte en lo penal al alto gobierno. De ahí que más allá de lo jurídico, será en lo político donde serán más evidentes los estragos. El primer gran efecto recaerá sobre la idea de impulsar un nuevo cambio de la Carta para permitir una segunda reelección. Con todo este escándalo las miradas estarán acuciosas sobre cualquier gesto, movida burocrática o nombramiento, que de inmediato serán vistos con el lente de lo sucedido con Yidis.En el ámbito internacional también se han sentido las réplicas. Se suma un nuevo argumento a los críticos foráneos que no entienden cómo Uribe armó su bancada con los para-políticos y mucho menos conseguirá que le entiendan su defensa de que no 'compró' su segundo mandato.Pese a las encuestas, no se descarta que el episodio tenga un impacto en sectores de la opinión pública local que le tienen alergia al clientelismo y pueden cobrar algunos puntos de favorabilidad a una administración que prometió gobernar sin este tipo de prácticas.Precisamente porque pareciera que la principal batalla se dará en lo político es que escuderos del gobierno han enfilado sus baterías en desprestigiar a Yidis, y por esta vía buscar debilitar la confiabilidad de su testimonio. Enrarecer la imagen de la ex congresista es algo que puede no ser muy difícil, pues hay varios episodios controvertidos de su vida pública.En su natal Barrancabermeja la conocen desde cuando, gracias al liderazgo que ejerció entre las mujeres, ganó una curul en el Concejo. De su paso por esta corporación algunos sólo recuerdan la vez que golpeó con un micrófono al presidente del Concejo porque no le permitió hablar.Su trabajo al frente de una cooperativa que luego ayudó a crear despertó comentarios sobre posibles malos manejos de dineros que le dio el Plan Colombia. Dejó muchas dudas un robo de la nómina para pagar a 200 mujeres, y además la cooperativa salió mal librada en la evaluación de su gestión.En los medios de comunicación circuló la semana pasada un video en el que un funcionario de la anterior administración municipal de Barrancabermeja acusa a Yidis de ser cómplice de un secuestro y de dar órdenes a un "grupo armado de izquierda" de asesinar a otro funcionario de la Alcaldía. Lo que pocos saben es que esta impactante declaración se dio en medio de la campaña electoral del año pasado luego de que la ex congresista señalara como vinculado con paramilitares a Luis Alberto Gil, líder del polémico partido Convergencia Ciudadana, quien tenía candidatos en disputa con los que Yidis respaldaba.Sus volteretas en la política también despiertan sospechas sobre su coherencia ideológica. Pese a su origen liberal, la palomita que tuvo en el Congreso fue por pertenecer a una lista del Partido Conservador. Y hoy no se sabe en qué cuerda anda. Su apetito burocrático también ha salido a relucir en todo este episodio. No sólo chantajeaba con puestos, sino que a las personas a las que se los entregaba las obligaba a que le firmaran cartas de compromiso político, renuncias sin fecha y letras y pagarés en blanco, tal como lo documenta la misma sentencia de la Corte Suprema en su contra. Su desenfreno en este tema surge por ahora como una de las razones que explicarían por qué está metida en semejante embrollo. Paradójicamente, lo que se ha conocido evidencia que ya fuera por compra o por persuasión, no le había ido tan mal en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los vientos desatados por las denuncias de Yidis aún están lejos de calmarse. Una oposición ávida de información para atacar al gobierno no va a dejar pasar un escándalo en el que ya aparecen cheques de por medio, y que salpica ministros. Además, la administración tiene que sortear a la par el escándalo de la para-política. En medio de tantas corrientes encontradas, el gobierno puede no contar con la misma suerte que contó en el pasado, por ejemplo como hace cuatro años, cuando a último minuto se salvó la reelección presidencial.