La Procuraduría General de la Nación instaló este martes la “Mesa de Diálogo Comunitario para la Lucha contra la Deforestación”, que compromete a autoridades nacionales, territoriales y tiene como protagonistas a las comunidades y organizaciones sociales de Caquetá, Guaviare y Meta.
Y es que las cifras que se tienen en esta materia preocupan al Ministerio Público. En este espacio, llevado a cabo hoy en Villavicencio, Meta, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure, advirtió que estos departamentos merecen especial atención porque concentran más de la mitad de la deforestación en el país, con un 56,3 %, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
“Buscamos reunir a la comunidad con la institucionalidad para generar canales de confianza y crear compromisos frente a las responsabilidades y participación de los actores en este proceso”, señaló la procuradora delegada en su instalación.
La Procuraduría señaló en una comunicación que espera que esta estrategia de diálogos, realizada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y el Reino de Noruega, permita trazar una hoja de ruta clara para disminuir la deforestación, en la que las entidades del orden nacional y territorial se articulen y trabajen con la comunidad para la implementación de las políticas que existen en esta materia.
Por su parte, el representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia, Olivier Inizan, aseguró que la respuesta a este complejo fenómeno “es una acción colectiva que tome en cuenta las problemáticas específicas de los territorios, más allá del nivel central”, enfatizando “que la participación de las comunidades es una garantía de la viabilidad de las acciones”.
Finalmente, las comunidades y autoridades que participaron en este espacio destacaron la importancia de los diálogos para la construcción de consensos que permitan disminuir la deforestación en Colombia.
Pero no solamente la Procuraduría le ha puesto la “lupa” a esta situación. El aumento en los niveles de deforestación y la inseguridad a la que se enfrentan los defensores del medioambiente ha agravado la crisis que desde hace décadas registra la Amazonia colombiana, de acuerdo con un informe presentando en Alemania.
Si bien se trata de una problemática que se presenta desde hace muchos años, lo cierto es que ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, según lo indica el informe “Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana”, soportado por nueve organizaciones ambientales que trabajan en esta región del país.
De acuerdo con el análisis, la intensificación del acaparamiento de recursos y actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura no solo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que aumentó la violencia.