El debate sobre la suspensión del uso del glifosato en Colombia está en su punto más alto. A las 5:00 p. m. de este jueves, el Consejo Nacional de Estupefacientes, encabezado por el Ministerio de Justicia, definirá si este herbicida seguirá usándose en las fumigaciones aéreas para la erradicación de los cultivos de coca y amapola. Desde cuando el Ministerio de Salud recomendó con base en información científica suspender el uso de este químico, las posiciones no se han hecho esperar. Procuraduría, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otras entes, han expresado sus puntos de vista sobre si es pertinente o no vetar el químico. Ahora se suma una voz más en el debate. A pocas horas de que comience la reunión, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos entregaron al Ministerio de Justicia más de 20.000 firmas que exigen la suspensión inmediata del uso del glifosato y otros químicos "dañinos" en el país. Desde la semana pasada, los representantes de estas organizaciones se pusieron en la tarea de lograr que miles de personas de todo América Latina dieran su firma en la plataforma Change.org. “En pocos días se recibieron más de 20.000 firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones no sólo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia. Los ambientalistas plantean cinco argumentos claves para la suspensión de este químico. El primero son los graves impactos en la salud. “La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer a las personas”, se lee en la petición. También aseguran los firmantes que después de 15 años, el químico no ha cumplido el objetivo para el cual se implementó: reducir los cultivos de coca y amapola. Así mismo recalcan los fuertes impactos ambientales. “Las fumigaciones se realizan de forma indiscriminada sobre casas, animales de granja y fuentes de agua. Por ello dañan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que viven en ellos (peces, anfibios, roedores, insectos y plantas endémicas), contaminan el agua y destruyen bosques y cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de muchas comunidades”, dice. Por último aseguran que el uso del herbicida genera desplazamiento de personas y desconoce las normas nacionales e internacionales. “Tribunales nacionales como la Corte Constitucional han solicitado la suspensión de las fumigaciones con base en el Principio de Precaución. Colombia indemnizó a Ecuador por los impactos que las fumigaciones causaron en la frontera y se comprometió a suspender la práctica en esa zona”, reza el documento entregado por los ambientalistas.