¿Cuál es la real amenaza que representan para la seguridad del país las llamadas BACRIM? ¿Están las FARC derrotadas? Estos y otros interrogantes se intentaron resolver en el conversatorio ‘Desafíos criminales y acción del Estado’, convocado por el Ministerio de Defensa, y en el que el jefe de esta cartera, Rodrigo Rivera, aseguró que sólo una estrecha colaboración de las Fuerzas Armadas y los diferentes Ministerios, así como con el poder judicial, permitirá la derrota de los violentos, pues no basta con el control militar si no no hay evidentes avances en “la construcción de valores democráticos”. Y aunque recordó que el año que acaba de terminar presentó el menor registro de homicidios en los últimos 24 años, advirtió sobre “la etapa difícil” que le espera a la sociedad por los nuevos factores que hacen presencia en el panorama nacional, entre ellos las llamadas bandas criminales que, para derrotarlas, el Ministro señaló la necesidad de ampliar el número de efectivos policiales. En ese sentido, habló de “unos 20.000”, y al mismo tiempo pidió que ese crecimiento no sólo sea “cualitativo, sino cuantitativo”. Al respecto, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo que “las bandas criminales son la más alta prioridad (en la lucha contra el delito) y la principal amenaza (para el país)”, y señaló además que es necesario detenerlas y someterlas, de lo contrario, terminarán desafiando al Estado. Naranjo acusó a estas nuevas bandas de ser las principales responsables del renacimiento de las masacres. “Cometieron 14 a lo largo del 2010”, dijo, y alertó sobre su capacidad de reclutamiento que las mantiene, en número, intactas desde el 2006, pese a las bajas y capturas de que han sido objeto. Y pidió no hacer más “contabilidad criminal”, sino remitirse a las condenas de que son objeto los delincuentes. Entre tanto, el ministro de Defensa pidió fiscales y jueces suficientemente preparados para enfrentar las formas de delincuencia contemporánea, tales como la microextorsión, producto de la actividad de bandas, y rechazó la calificación de resurgimiento del paramilitarismo con que se señalan las acciones de las bandas criminales. Eso sí, dijo que si en algún caso de violencia hay comprobada vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas, se justifica llamarlos como tales. “Si no, es una satanización”, enfatizó. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, señaló la persistencia en la lucha contra los violentos. Aseguró que las FARC no están exterminadas, sino golpeadas y en repliegue, aunque niegan su debilidad. “El narcotráfico las envenenó”, agregó Cely, para quien hay un proceso de ‘bacrimnización’ de ese grupo armado al margen de la ley, cuya mayor presencia, según dijo, está en el Nudo de Paramillo, Cauca, Nariño, Catatumbo y Caquetá. Los más recientes cálculos hablan de 7.900 integrantes de esa guerrilla. Sobre el ELN, el comandante de las Fuerzas Militares dijo que sobrevivían de financiarse gracias al narcotráfico y denunció su alianza con las FARC para intercambiar, entre otros, explosivos. “El ELN no tiene más de 2.000 hombres”, dijo el alto oficial. Denunció además la utilización de comunidades indígenas, como escudo, por parte de frentes de las FARC en Cauca. Aseguró que en varias oportunidades hombres de ese grupo guerrillero, ante la inminente llegada de las tropas oficiales, toman niños y los ponen a ondear sábanas blancas, lo que obliga a cancelar las operaciones militares. El director de la Policía, general Óscar Naranjo, se refirió además a la situación de secuestro en el país. Dijo que junto al descenso vertical en ese delito (3.800 personas estaban cautivas en el 2001, mientras los actuales reportes hablan de 226 en el 2009 y 260 en el 2010) se redujeron las exigencias de los secuestradores y el tiempo que mantienen en su poder a las víctimas. Sin embargo, también habló sobre otra situación que en la actualidad resulta bastante preocupante. Y es lo que tiene que ver con los demoledores efectos de la promoción del consumo interno de drogas y de la gravedad del microtráfico. Calificó además como “modelo siciliano” la pequeña extorsión, agravada por la actitud de la ciudadanía que considera sus contribuciones como de cuantía pequeña y como retribución a una prestación de servicios.