Un año después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y las Farc, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, alertó al mandatario sobre las andanzas de algunos excomandantes del extinto grupo terrorista. SEMANA revela las comunicaciones secretas que Martínez le envió al presidente y a algunos altos funcionarios de su Gobierno por medio de un correo “confidencial y reservado”.
Se trata de tres misivas que llegaron a manos de Santos; el entonces alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y Gerson Iván Arias, alto comisionado encargado. La más reveladora es la que está dirigida exclusivamente al entonces mandatario. El documento tiene fecha del 19 de octubre de 2017, seis meses antes de la captura de Jesús Santrich por narcotráfico.
“Es mi deber compartir con el señor presidente algunos elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía que comprometen el deber de ‘no repetición’ que obliga a los señores desmovilizados de las Farc, sobre los cuales he tenido la oportunidad de dialogar con usted durante las últimas semanas”, decían los primeros párrafos.
En 18 páginas, Martínez le comunicó a Santos que exguerrilleros de las Farc seguían involucrados en el narcotráfico y le entregó la ubicación de laboratorios clandestinos para el procesamiento de droga en zonas veredales. Le mencionó desde entonces nombres como el de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien fue capturado junto con Jesús Santrich en una operación por narcotráfico y fue extraditado hacia Estados Unidos.
Martínez también mencionó las andanzas de Rodrigo Cadete, Romaña y el Paisa, entre otros. Pero no solo eso. Le advirtió a Santos que algunos exguerrilleros tenían montada una estrategia para permitir que narcotraficantes se colaran en la JEP. Todo con el fin de que recibieran los beneficios de la justicia transicional.
La carta tiene tres capítulos. El primero se titula ‘Actividades de narcotráfico’, y se refiere a la alianza de Rodrigo Cadete con las disidencias de Gentil Duarte para seguir en el negocio de la droga. Según el escrito, el tráfico de estupefacientes tenía como epicentro el Meta, Vichada y Caquetá. “La salida del proceso de paz de alias Cadete fue un hecho previamente planeado, convenido y organizado por las disidencias de las Farc, y presuntamente conocido y promovido por quienes hacen parte del proceso de paz”, escribió el entonces fiscal.
Martínez le cuenta a Santos sobre la existencia de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda El Ceral, en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires (Cauca). El entonces jefe del organismo judicial reveló que obtuvo la información por una fuente humana y que el laboratorio pertenecía a dos hermanos narcos identificados como Fernando y Raúl Amaya. La seguridad del lugar corría por cuenta de exmilitantes de las Farc que habían firmado la paz.
El texto dice que personal infiltrado participó en una operación de reconocimiento y confirmó que dicho laboratorio, donde trabajaban hasta 40 personas, tenía la capacidad de producir 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína “para ser comercializados por el cartel de Sinaloa, en México”. Lo más impactante es la ubicación precisa del punto donde se estaba produciendo la droga.
De acuerdo con el entonces fiscal, “no hay permiso para ingresar al lugar donde se encuentra (el sitio de procesamiento), ya que es una de las antiguas zonas veredales transitorias de normalización”. Además, dejó en evidencia la posible existencia de otro laboratorio que procesaba 5.000 kilos de droga en el mismo municipio de Buenos Aires, donde laboraban 60 hombres, algunos de ellos exsubversivos que se desmovilizaron. En la carta a Santos se adjuntan imágenes del laboratorio logradas por el CTI.
Los colados en el segundo capítulo, Martínez le advierte a Santos de las sospechosas maniobras de las Farc para tratar de presentar ante la JEP como miembros de sus filas a narcos, extraditables, jefes de bandas criminales y hasta guerrilleros del ELN. La lista negra la encabezó Luis Carlos Rodríguez Chamorro, alias Guasca. Según la misiva que le llegó a Santos, habría pagado 3.000 millones de pesos a alias Sábalo (desmovilizado del frente 29 de las Farc) para que lo incluyeran en la JEP. La historia se habría repetido con Tito Aldemar Ruano, alias Don Ti, quien habría girado más de 1.000 millones de pesos buscando colarse entre los desmovilizados. El principal delator de Don Ti fue su hermano, según un informe de la Policía citado por Martínez. Para probar sus advertencias, el fiscal le adjuntó a Santos transcripciones de interceptaciones en las que los interlocutores insistían en cómo colarse en la JEP.
Quienes hablan de esto son Marlon Marín y una persona que en la transcripción aparece como HD (hombre desconocido). Marín, según la carta de Martínez, también habla por teléfono sobre la supuesta vinculación de miembros de la Asociación Colombiana de Camioneros al partido Farc a cambio de permitir que sus líderes, entre ellos Pedro Aguilar, fueran incluidos en las listas de desmovilizados. “A través de Iván Márquez se pretendía darle un trato ‘más digno’ al señor Aguilar”, asegura el entonces fiscal.
Aguilar está involucrado en el escándalo de estafa al Estado por la supuesta chatarrización de 12.000 camiones. La idea era incluir a Aguilar en los listados del alto comisionado para la paz. La comunicación advierte que a un guerrillero del ELN identificado como Javier Gaviria Muñoz, alias Cazuelo, las Farc le certificaron pertenecer a sus filas de manera fraudulenta, “engañando a la JEP, al proceso de paz, generándose un fraude procesal”. La esposa de Cazuelo fue la que negoció la inclusión de él en los listados de las Farc por “grandes sumas de dinero”.
Extorsiones y despojo. En el capítulo tres, el exfiscal no dejó títere con cabeza. También puso en conocimiento de Santos que algunos exintegrantes de las Farc seguían extorsionando y despojando tierras, aun después de la firma de los acuerdos, en diciembre de 2016. Por ejemplo, cita el caso de alias el Paisa y los desmovilizados de la columna móvil Teófilo Forero. Señala que amedrentaban a campesinos en los departamentos del Meta y Caquetá para que traspasaran la propiedad de sus tierras. Así mismo, dice que obligaban a los lugareños a marcar con sus hierros el ganado de la exguerrilla de las Farc y así pasar desapercibidos ante las autoridades. Casos similares estaban ocurriendo en Cartagena del Chairá, Caquetá y el corregimiento de La Julia, en La Uribe, Meta. En el documento también es reseñado Romaña, excomandante del frente 53 de las Farc. Las investigaciones lo señalaron de participar con su gente en extorsiones, operaciones de narcotráfico y despojo.
Las otras dos cartas de Martínez fueron dirigidas a la oficina del alto comisionado para la paz. La primera es del 10 de julio de 2017, para Sergio Jaramillo, cuyo asunto dice: ‘Informe situaciones irregulares proceso de paz’. Martínez le advierte al alto comisionado que tiene evidencia de que integrantes de organizaciones criminales como los Rastrojos, la Constru y los Pelusos tuvieron intenciones de hacerse pasar como exguerrilleros de las Farc para ser trasladados a las zonas veredales y recibir beneficios de la JEP.
Entre los casos se encuentra el de Gildardo Rodríguez, alias ‘El señor de la camisa roja’, considerado el sucesor del reconocido narcotraficante Diego Montoya, conocido como Don Diego. El 27 de abril de 2017, Rodríguez le pidió a un juez de Buga (Valle) que lo trasladara a una zona veredal, solicitud que le fue negada. El otro caso es el de Ulises Castellanos Beltrán, condenado por el atentado contra el exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos. Según le dice Martínez a Santos, no está demostrado que este hombre haya pertenecido a las Farc. No obstante, un juez de Bogotá ordenó su traslado a una zona veredal donde se acogió a los beneficios de los desmovilizados de la JEP.
Lo mismo ocurrió con José Bladimir Bohada y Robinson Mosquera Bohada, quienes fueron integrantes de las autodefensas, de acuerdo con interceptaciones de la Fiscalía. Martínez le dice a Sergio Jaramillo que ellos dos, pese a esa condición, querrán recibir los beneficios por el mero hecho de ser los hijos de Bernardo Mosquera Machado, alias el Negro Antonio, comandante del frente 42 de las Farc. De acuerdo con la carta, José Bladimir y Robinson señalaron que fueron certificados por el alto comisionado para la paz, pese a que en 2017 habían aceptado cargos por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado, tras estar en las filas de los paramilitares.
La otra misiva fue enviada por el entonces fiscal a Gerson Iván Arias el 15 de agosto de 2017. Lleva como título ‘Irregularidades conformación de listados Farc’ y vuelve a hablar de colados. Martínez expone el caso de Horacio López Calle, alias Gafas, cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas de las Fuerzas Militares que fue acreditado como integrante de las Farc.
El entonces fiscal dice que este hombre realizó contactos para que su hermana Viviana López Calle y otra persona identificada como Alejandro Camacho, capturados igualmente por tráfico de armas, fueran incluidas en el listado de beneficiarios de la JEP. “Tales gestiones se realizarían aprovechando el interés sentimental de Rodrigo Granda en Viviana López Calle, a quien habría visitado durante su reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá”.
Martínez se muestra molesto porque dice que ha informado de estas irregularidades sin que pase nada. “Sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de las medidas adoptadas para precaver este tipo de situaciones que, como se sabe, ponen en riesgo la integridad del proceso de paz y la capacidad de la jurisdicción ordinaria para enfrentar el crimen organizado y preservar el orden público”.
Estas tres cartas secretas, reveladas en exclusiva por SEMANA, prueban que Martínez, más que ser un enemigo del proceso de paz, en realidad tuvo argumentos de peso para alertar sobre las irregularidades que se estaban cometiendo por parte de algunos miembros de la exguerrilla. Marlon Marín, el Paisa y otros terminaron fuera del acuerdo de paz.
Martínez le pidió a Santos un consejo de seguridad urgente para tomar decisiones frente a los desmanes de los desmovilizados. Eso nunca ocurrió. Así mismo, las tres misivas muestran que Santos y su equipo de paz recibieron las alertas de manos de un fiscal salido de las entrañas del Gobierno, y que un sector de las Farc evidentemente se burló de los acuerdos de La Habana para seguir delinquiendo. La pregunta es por qué Santos califica ahora a Martínez de mentiroso y de querer hacerle un entrampamiento a la paz.