El representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Pueblo Rico, Víctor Ángel Moreno Campaña, estuvo en diálogo con SEMANA sobre la situación de inconformismo de las comunidades, lo cual ha generado que se impida el acceso a las vías.
En primer lugar, afirmó que las comunidades étnicas provenientes de Quibdó y Medellín se han quejado con Invías y el Ministerio de Transporte por la construcción de las vías entre la capital de Chocó y Pereira, las cuales han representado un daño importante en el territorio. “La construcción dañó una escuela por completo y a cambio nos dijeron que repararían cinco, pero llevamos esperando más de un año”, señaló Moreno con respecto al incumplimiento que han experimentado por las entidades.
La construcción de la vía ha influido negativamente en la infraestructura de los hogares y territorios de las comunidades afro presentes. Adicionalmente, Moreno indica que no ha habido cumplimiento de las entidades sobre otros seis proyectos pactados con ellos. “Muchas casas fueron afectadas y no responden”, señala el representante legal de la comunidad sobre el impacto de las afectaciones en las zonas de Pueblo Rico y Santa Cecilia.
La única respuesta recibida ha sido que el contratista de la obra no puede responder por los daños ni por lo pactado, debido a que asegura que ellos son una nueva licitación, por lo cual no tienen facultades con la licitación que estuvo antes que ellos en la construcción. Las comunidades de Corcobado, Mumbu, Gingaraba, Guarato, Santa Cecilia y el campesinado de Pueblo Rico se han visto damnificadas por esta coyuntura, por lo que son quienes le han solicitado a las entidades respuestas.
Asimismo, Moreno puntualizó que esta problemática y daños no son de ahora, sino que son de varios años atrás. “El Invías se comprometió con 27 afectaciones a reparar, pero nos han cancelado”, manifestó al comentar que la razón que han recibido es que no hay recursos suficientes para efectuar estos planes. Adicionalmente, ellos son conscientes del tiempo que necesitan los trámites con las entidades es tardío, pero sienten que no hay claridad al momento de llegar a acuerdos. Por ejemplo, Moreno indica que si en un principio las comunidades hubiesen sido informadas de la falta de recursos, el manejo habría sido otro.
Por otro lado, él es enfático en que el propósito de las comunidades no es llevar a cabo un bloqueo permanente, debido a que consideran que es un delito. Sin embargo, esperan contar con un diálogo con las instituciones este fin de semana para mejorar la situación. “Invías no desconoce la afectación, pero no quiere dialogar. Queremos que esta situación se resuelva mediante el diálogo, pero es increíble que no haya por parte del Estado, que se niegue”, señaló.
“Si el día de mañana se establece la hoja de ruta, nosotros suspendemos la actividad de paro”, comentó Moreno. Sin embargo, afirmó que si sigue siendo ausente el diálogo, seguirán manifestando su descontento por la vulneración a su territorio. Asimismo, él también se refirió a otra promesa incompleta que tuvieron con el Ministerio de Ambiente, aparte de la situación con Invías.
En primer lugar, señaló que hace 14 meses hicieron la solicitud formal en MinAmbiente con respecto a liberar una franja de terrenos que son contemplados como área protegida acorde a la Ley 21 de 1991 y el acuerdo 169. Este espacio es necesario para la comunidad, dado que se podría efectuar la extracción de arrastre, material fundamental en su plan de desarrollo. Moreno informa que la licencia ya está hace más de medio año, que falta la aprobación del Ministerio; sin embargo, esta aún no se ha logrado.
La ley a la que el representante legal se refiere a la aprobación del Convenio (acuerdo) 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la obligación del Estado y ciudadanos de preservar las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de las comunidades indígenas y tribales. Moreno afirma que no se está cumpliendo esta normativa, pero que ellos son los primeros en estar dispuestos al diálogo.