Un posible cese al fuego entre el Gobierno y el ELN estaría por anunciarse en los próximos días, y aunque en principio la noticia sería positiva, en algunos sectores genera desconfianza por los recientes actos criminales que han causado que otros ceses de hostilidades que se pactaron con el Clan del Golfo y las Disidencias de Iván Mordisco se encuentren suspendidos.

Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, aseguró que tiene muchas dudas de las verdaderas intenciones del ELN de voluntad de paz tras un posible cese al fuego. | Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Sobre el posible cese al fuego con el ELN, dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que “todos los colombianos anhelamos la paz y cuando a uno le hablan de un cese al fuego es muy complicado pronunciarse en forma negativa o crítica”.

“Pero la realidad es que miremos lo que ha pasado con el cese al fuego con otras organizaciones al margen de la ley, el cese al fuego con las disidencias de las Farc hoy está maltrecho; el cese al fuego con el Clan del Golfo ya está suspendido, entonces yo lo que creo es que hay que hacer un alto en el camino, hay que redireccionar y rediseñar todo el proceso de la ‘paz total’, ese es un proceso que tiene problemas desde la definición inicial”, dijo el gobernador Gaviria.

El mandatario antioqueño explicó que estas iniciativas tienen vacíos desde la verificación y definición de cese al fuego o el cese de hostilidades. Afirmó que “el mismo presidente Gustavo Petro, en Yarumal, en febrero pasado, dijo que el cese al fuego se había quedado corto y que había que ir a un cese de hostilidades. Me deja muchas dudas”, manifestó Gaviria.

Añadió que “por eso le hemos propuesto al Gobierno nacional, directamente al ministro de Defensa, que convoque y lidere un taller de trabajo de dos o tres días concentrados, gobernadores, alcaldes, Gobierno nacional, Fuerza Pública, entes de control y justicia, para que de allí salgan unos acuerdos de cómo atender esta situación de emergencia en seguridad”.

Para Gaviria los problemas vienen de tiempo atrás, pero que sin ningún lugar a dudas se ha incrementado después del primero de enero cuando inició el proceso de ‘paz total’ que, a su juicio, se ha convertido por sus vacíos en un aliciente para el incremento de las actividades ilegales de estos grupos.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también hizo serios reparos al posible nuevo cese al fuego con el ELN.

“Ya estamos cansados, ya estamos fatigados de que se le mienta al pueblo colombiano, necesitamos de que si se va a establecer un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le digan de una vez por todas al país, le den la cara al país a través de hechos y gestos concretos de tener esa voluntad. Decirle al país qué va a pasar con el reclutamiento forzado, con los desplazamientos de comunidades enteras, los confinamientos de comunidades, qué va a pasar con las extorsiones a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo Camargo.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo de Colombia. | Foto: Defensoría del Pueblo

Añadió que, “una vez más hacemos el llamado a los grupos ilegales y al Gobierno para que esta vez muestren los protocolos, muestren la reglas claras de este cese al fuego bilateral porque no es solamente hablar de cese al fuego bilateral, estamos reclamando y demandando todos los colombianos es que haya un cese de cualquier hostilidad”.

Gobernadores y gremios dejaron mal parado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre situación de seguridad en el país

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dijo que “la seguridad alimentaria de los colombianos se está viendo afectada porque se están viendo extorsiones, secuestros. En prácticamente todos los territorios rurales se requiere más presencia de la Fuerza Pública y que el Gobierno se sacuda. Si se destruye la seguridad en el territorio, va a bajar la inversión, va a bajar el empleo y, sobre todo, nos preocupa lo que pueda pasar hacia adelante con la producción alimentaria en el país”.

Diferentes sectores le hicieron fuertes reclamos al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el deterioro de la seguridad en el país. | Foto: Semana

A su turno, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, manifestó que “nosotros seguimos insistiendo en que debe llegar al territorio, al suroccidente colombiano específicamente, y en una gran proporción a ese norte del Cauca, seguridad y justicia. Vean ustedes, en el norte del Cauca, en lo corrido del año tenemos cinco trabajadores muertos, ocho heridos y un secuestrado, y a la fecha ninguna respuesta sobre a quién se le puede atribuir esta situación. En la zona hay zozobra, incertidumbre, hay impunidad y la impunidad trae más violencia”.

También se refirió a la situación de inseguridad en el país el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, quien indicó que “la situación es compleja y delicada en materia de orden público. En Caquetá tenemos un problema grave con cinco grupos al margen de la ley donde se ha venido incrementando el boleteo, la extorsión, la carnetización de los campesinos, los retenes ilegales, las diferentes situaciones que hacen cada día más difícil el vivir de nuestros campesinos”.