En medio de la tormenta por los 1.208 nuevos cargos que nombraría la Procuraduría General de la Nación, se conoció que la procuradora Margarita Cabello deberá rendir cuentas ante el Congreso por el manejo que le ha dado a la reforma al Código Disciplinario y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó cambios en la institución.

En ese sentido, la Corte envió una serie de críticas al cumplimiento del fallo, y cuestionó la facultad del Ministerio Público que aún tiene la facultad de inhabilitar y destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

“Se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”, destacó la CIDH en su informe.

Asimismo, se mostró preocupada por potenciales restricciones de derechos políticos que podrían padecer los funcionarios elegidos popularmente.

“La Corte observa que el Estado no ha presentado información sobre acciones que estén dirigidas directamente a corregir la restricción de derechos políticos de funcionarios públicos de elección popular, al permitir el efecto práctico de inhabilitar a esos funcionarios por ser declarada su responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la República”, resaltó.

Y resaltó que las acciones que se adoptan a través del “Control automático e integral de legalidad” no se estarían cumpliendo: “Tal tipo de control, aunque se encontraría vigente en términos normativos, no se estaría aplicando actualmente ya que, según lo informado por el Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo emitió una decisión en la cual consideró que este control resulta inconstitucional”.

“En todo caso, aun con esa reforma, este Tribunal considera que el Estado no está adaptando su normativa a lo previsto en la Convención Americana y la Sentencia en cuanto a que cualquier sanción que implique la inhabilitación de funcionarios públicos de elección popular tiene que ser impuesta por sentencia del juez competente en el correspondiente proceso penal”, agregó.

La citación de la procuradora al Congreso la dio a conocer el representante Juan Carlos Wills, quien anunció que citará a la funcionaria. “Vamos a citar a audiencia pública a la señora procuradora para que le explique a la opinión pública y evidencie lo que se está haciendo. Es para que la Procuraduría pueda seguir trabajando de manera natural con los rangos internacionales”, explicó.

El Partido Conservador, que apoyó ampliamente la elección de Cabello, lidera la iniciativa de llamar a la procuradora. Para Wills, la reforma a la Procuraduría terminó en otorgarle rango internacional a la institución para que las investigaciones y sanciones se llevaran a cabo con todas las garantías.

El representante sostiene que se llevó a la Procuraduría a una mejora que garantizaría llegar a más actos de corrupción, dado que se había evidenciado anteriormente que existía una falta de juzgamiento frente a estos hechos.

“Vamos a llamar a la Procuradora General de la Nación para que le explique en audiencia pública desde el Congreso a todo el país, cuál fue la reforma real que se hizo y se explique ese rango internacional, esas reglas internacionales que se exigen para que la Procuraduría General de la Nación pueda seguir trabajando naturalmente”, informó sobre los motivos de su llamado.

Seguramente, se hablará y justificará ampliamente la posible apertura de nuevos cargos que fortalecerán a la Procuraduría. Precisamente, por la determinación de separar la investigación del juzgamiento y para mantener la agilidad de la institución, se acordó que se necesitan un poco más de 1.200 cargos. Sin embargo, a pesar de que el análisis de Función Pública haya arrojado esa necesidad, la procuradora Cabello sostiene que se contratará de acuerdo a las posibilidades en presupuesto de la autoridad disciplinaria.