Este 26 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se parará frente a los hijos que dejaron las mujeres víctimas de feminicidios y ofrecerá perdón a nombre del Distrito. “El Estado fue cómplice en la muerte de mi hermana Rosa Elvira Cely. Se pidió una reclamación colectiva para todos los que hemos pasado por esta pesadilla”, dice Adriana Cely.
Este mes se cumplen 12 años del macabro asesinato de la mujer que inspiró la Ley 1761 de 2015, conocida popularmente por llevar su nombre. Y será un año diferente, porque se empezará a ejecutar el fallo del Juzgado Administrativo de Bogotá que declaró la responsabilidad extracontractual de varias entidades, entre ellas la Fiscalía, la Secretaría de Salud y la Subred de Servicios de Salud.
Adriana está convencida de que, si todos hubieran actuado en el momento justo, Juliana, la hija de Rosa Elvira, no hubiera quedado huérfana de madre a los 12 años. Relata que, aun cuando como familia la han protegido, la sociedad es despiadada con los niños, pues se piensa que la única víctima es a la que tienen que visitar en una tumba. Pero las cicatrices que deja el feminicidio a quienes serán las futuras generaciones son imborrables.
No hay registro oficial de víctimas
El segundo domingo de mayo, las redes sociales se inundan de fotografías que resaltan la importancia de esos seres capaces de soportar todo por el bien de sus hijos. Otros lloran en el anonimato.
María Paula tiene 7 años, pero con la madurez de un adulto toma aire y dice: “Yo tenía una buena vida, sí”. Y asiente con la cabeza como en cámara lenta, sostiene la respiración tratando de que el nudo que se le hace en la garganta no se desate, para lograr completar la frase: “Pero mi mamita murió”. Las lágrimas que salen de sus rasgados y expresivos ojos delatan el dolor que siente desde el 12 de mayo de 2022. Solo tenía 5 años y su hermana, 10 cuando su padrastro las dejó huérfanas tras asesinar a su mamá con un arma cortopunzante, que clavó a la altura del pecho.
Desde julio de 2017 hasta la fecha, han asesinado a 4.182 personas por el simple hecho de ser mujeres, según datos reportados por el Observatorio Feminicidios Colombia. Familias en medio del dolor y la tramitología buscan justicia y suelen enfrentar desafíos enormes; durante años se han sentido invisibles. Tanto es así que no hay un registro claro de cuántos huérfanos ha dejado este flagelo en el país.
Como ninguna autoridad habla de los niños a los que les asesinaron a sus madres de esta manera, Carol Rojas, coordinadora del Observatorio, explica que decidieron revisar en prensa los reportes para comenzar un conteo, que hasta la fecha suma 1.072 menores de edad huérfanos por feminicidio. Solo en los primeros cuatro meses de 2024 han sido víctimas de feminicidio 271 mujeres, de las cuales se confirmó que 100 eran madres y hasta donde se pudo establecer dejaron huérfanos a 102 menores.
El 54 por ciento de las víctimas mortales eran mujeres entre 20 y 44 años, lo que hace pensar que el número de huérfanos puede ser mucho mayor. Lo irónico es que la Ley Rosa Elvira Cely establecía en uno de sus artículos la creación de dicho registro, pero, al parecer, todo quedó en el papel.
Atención psicosocial
Estos pequeños un día tienen una familia y al otro visitan el cuerpo de su mamá en una funeraria. Algunos de ellos también a su papá, porque decidió quitarse la vida luego de cometer el crimen o se desaparecen tratando de escapar de las autoridades.
Han vivido durante años cuadros de violencia intrafamiliar severos. La hija menor de Leidy Carolina Navarrete vio una escena de terror que descubrieron las autoridades luego de que llegaron al apartamento en Bogotá y encontraron el cuerpo de la madre de tres hijos (17, 15 y 4 años).
La vulneraron tanto como mujer que por respeto a las víctimas este medio se abstiene de narrar los hechos. El victimario era el padre de la niña más pequeña. Stiven Navarrete es el hermano de Leidy, quien ha liderado la lucha jurídica y apoyado la crianza de sus sobrinos. La niña está bajo el cuidado de la abuelita materna, pero, a pesar de que tienen todo el amor y apoyo de su núcleo familiar, los vacíos que viven son enormes.
“Qué sola me siento y qué sola estoy desde que no estás, amor de mi vida. Espero que en otra vida de nuevo seas mi mamá”, dice su hija mayor, quien ya cumplió 18. Narra en un mensaje el dolor que hay tras su partida: “Daría lo que fuera por tenerla nuevamente. Solo ella sabe el desorden de emociones que tengo. Tengo tantos consejos por pedirle (…). Solo con un abrazo o solo con escucharla todo ese desorden dejaría de existir en mi vida (…). Descubrí que era tan vital en la vida de nosotros tres, porque desde que ella no está se vive caos”.
Para Maira Soto, psiquiatra infantil de la Fundación Santa Fe, el estrés postraumático que puede causarle a un niño la pérdida de su madre en circunstancias perversas como un feminicidio conduce a enfermedades de salud mental, como depresión y ansiedad, por nombrar algunas, si no es tratado a tiempo.
Cuestiona que no exista una ley que respalde a los huérfanos del feminicidio con la que el Estado se vea obligado a priorizar y garantizar la atención psicosocial de estos menores. Además, asegura que son revictimizados cada vez que personal no idóneo empieza a indagar por los hechos.
En Colombia, según indica la profesional, no hay psiquiatras pediatras especializados en temas forenses. Soto insiste en que uno de los primeros auxilios psicológicos es reconocer la naturaleza y gravedad del trauma. El manejo depende de factores como la edad del menor y los síntomas que presenta su nivel de desarrollo.
Nicol Molina, representante legal de la Fundación Siempre Vivas, asegura que tiene casos en los que las EPS o el ICBF no asisten psicológicamente a los niños o dan una cita al mes siendo esta insuficiente. Estudios han demostrado que la falta de atención integral oportuna puede generar que patrones de violencia se repitan en estos menores.
Pedro Baracutao, representante a la Cámara, recordó el día que encontró tirada en la sala de la casa a su mamá con un cuchillo clavado en el corazón. Su papá, el homicida, estaba sentado junto al cadáver. No pagó ante la justicia por el crimen. El congresista, que es firmante del acuerdo de paz, está convencido de que, si su madre viviera, él no hubiese tenido que entrar a las Farc a los 16 años.
Acceso a la educación
Los niños suelen desescolarizarse en medio de la tragedia: un 80 por ciento de las víctimas cambia su entorno escolar. Juliana, hija de Rosa Elvira Cely, se enteró sobre los detalles de la muerte de su mamá por una niña de su misma edad que llevó el periódico en el que se narraba con crudeza a lo que había sido sometida. A los 13 años trataba de entender a qué se referían cuando hablaban de empalamiento. A diario Juliana se defendía del matoneo, le quitaban la comida, los zapatos, le cortaban el cabello, le dañaban y robaban sus pertenencias.
La tía de la niña pidió ayuda al Distrito para ser reubicada en otro colegio y la solución que encontraron fue darle un cupo en el mismo colegio en el que su mamá estudiaba de noche cuando la asesinó su compañero de clase Javier Velasco. Valentina Ayala estaba a unos meses de cumplir sus 15 años cuando le informaron que su mamá había sido asesinada por la expareja y padre de su hijo menor de tan solo 2 años. En total dejó cinco huérfanos.
Ella y sus hermanas empezaron a sentir en el colegio los señalamientos y la arrogancia de algunos docentes que las obligaban a hacer exposiciones hablando sobre su mamá; incluso las actividades para celebrar el Día de la Madre se convertían en una tortura para ellas. “Yo muchas veces prefería una mala nota a tener que exponer mi situación ante personas a las que no les importaba nuestra realidad, más allá del morbo”, confiesa la joven, que hoy ya trabaja y ahorra para estudiar Psicología y así seguir rompiendo las predicciones de la comunidad que le auguraba una vida de fracasos por cuenta de la tragedia que les tocó vivir.
Mauricio Ayala es el tío de los cinco hijos que dejó Marcela Ayala. Él junto con su hermana y su mamá asumieron la crianza de las pequeñas, y está convencido de que en medio de la tragedia hubo un para qué: unirse como familia.
La familia, el eje fundamental
María Paula dice que le ha escrito dos cartas a su mamá, Leidy Beltrán, que las lleva hasta el cementerio con unas flores para que no se sienta triste y allá le cuenta que todo lo que ha logrado a su corta edad es en honor a su memoria. “Mami, ya me gané otra medalla en natación y cuando la recibí te la dediqué. Sé que aunque no te veía estabas cerca, como todos los días en el fondo de pantalla de la tablet que me regaló mi tío para recordarte”.
Camilo Beltrán, hermano de Leidy, no tiene hijos, pero ha aprendido a ser padre y madre a la vez para las dos pequeñas. Hoy manda un parte de tranquilidad: “Tus niñas están bien, ocupan los mejores puestos en el colegio y son tan dulces como tú”.
Estas familias se llenan de sabiduría para educar con amor contrastando la dura realidad. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre asesinó a su madre? Adriana Rojas desde hace siete años cría al niño de brazos que dejó su hermana Marilyn Rojas. El pequeño desconoce detalles de lo sucedido. “Es un accidente que tuvo su mamá de una persona que no pudo controlar sus emociones y que hizo que su mamá estuviera en el cielo. Más allá no le podemos contar acciones que no son acordes a su edad”, explica.
Acceso a la justicia y obligaciones económicas
Las familias que asumen la crianza de los huérfanos del feminicidio aducen que los retos económicos son enormes y que muchas veces el amor no es suficiente para cubrir todas las necesidades. Patricia Franco es adulta mayor y está sacando adelante desde 2017 a los dos hijos de 3 y 7 años que dejó su hija Jennifer Franco.
Nadie le daba trabajo y le tocó irse a otra ciudad para buscar lo del día. Tuvo que dejar a los niños con los abuelos paternos, es decir, con la familia del posible responsable del feminicidio, que está prófugo de la justicia.
Una de las grandes luchas que tienen estás familias es lograr que la custodia y la patria potestad de los niños deje de estar en poder del victimario y que los culpables realmente paguen ante la justicia. Según la Fiscalía General, en 2023 se denunciaron 205 feminicidios y las ciudades en las que más casos se presentaron son Bogotá, Medellín y Cali. La cifra de cuántos han sido resueltos es incierta.
En el caso de Marilyn Rojas, solo condenaron al agresor por el delito de desaparición forzada teniendo en cuenta que intentó ocultar el cadáver en bolsas de basura y fue catalogado como homicidio, pero lleva años luchando para que lo reconozcan como un feminicidio y endurecer la pena, pues “se nos va la vida de audiencia en audiencia”, dice frustrada Adriana. Para capturar al feminicida de Leidy Beltrán fue necesario que los hermanos de la víctima lo siguieran día y noche para avisarles a las autoridades dónde se encontraba y así garantizar la detención. La policía no le leyó un párrafo de sus derechos la primera vez que lo detuvieron y quedó en libertad por mal procedimiento.
Después, en lugar de capturarlo se pusieron en evidencia haciendo que él alcanzara a huir, y en otras oportunidades encontraron respuestas de los investigadores como que ese día no podían capturarlo porque se encontraban de vacaciones. Un alto porcentaje de los feminicidios pasan en estratos 1, 2 y 3, donde la población es vulnerable económicamente y no tiene cómo pagar un buen abogado. Las familias que acogen a los menores deben hacer esfuerzos grandes, algunos de los cuidadores tienen que retirarse de trabajar para estar ciento por ciento con ellos, pero ¿cómo garantizar las necesidades básicas?
Proyecto de ley
La agenda nacional jamás se preocupó por los huérfanos del feminicidio hasta que Marcela Boyacá, una productora periodística de varios programas de televisión, comenzó a conocer las desgarradoras historias. Empezó un proceso con campañas de regalos en Navidad, pasó a ser el eje de su Especialización en Gerencia Social y provocó que su bandera se convirtiera en proyecto de ley. Tocó puertas con la congresista Carolina Giraldo y la propuesta tuvo eco, a tal punto que ya fue aprobada en tercer debate.
El proyecto se construyó directamente con las familias. En la iniciativa le apuestan a que la ley obligue al Estado a llevar un registro único de niños huérfanos del feminicidio, a su priorización en el acceso a la atención psicosocial y la educación, a que reciban un aporte único para los gastos fúnebres y un aporte mensual para los gastos de los menores hasta que cumplan los 24 años si son estudiantes.
El monto aún no es claro, pero podría ser entre medio y un salario mínimo. “Esto no va a comprometer el presupuesto de la nación, pero sí ayudará en algo a mitigar el dolor de estos menores, que no han tenido la atención del Estado”, asegura Giraldo.