Antes de que le fuera entregada la millonaria licitación por 1.07 billones de pesos para llevar internet a sitios lejanos del país, las irregularidades y dudas sobre la Unión Temporal Centros Poblados eran evidentes. Extraños cambios en los objetos sociales de las empresas que forman parte de la Unión Temporal a pocos días de la firma del contrato, el incremento patrimonial en 25 mil millones en una empresa que hasta entonces parecía de papel, un contrato de tecnología a compañías que solo se habían dedicado a la construcción y polémicas relaciones con otros protagonistas de escándalos de corrupción eran temas que giraban en torno a Centros Poblados. Aun así se le entregó la licitación. ¿Quién responde?

No se trata de un negocio de poca monta, es de más de un billón de pesos, pero además el compromiso del presidente Iván Duque de llevar internet a zonas apartadas del país, que ahora quedó en manos de la Unión Temporal ETB NET. Al parecer, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) omitieron o no se percataron de las tozudas dudas que rodeaban a las firmas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); Intec de la Costa; ICM Ingenieros, y Omega Buildings son las cuatro empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados. En todas hay dudas que advertían el escándalo que hoy tiene 70.000 millones de pesos embolatados y a la Unión Temporal con la decisión de presentar una millonaria demanda contra el país. Esta es la historia.

Omega Buildings

Es lo más similar a una empresa de papel que, de un momento a otro, aumentó su patrimonio para poder cumplir con la millonaria licitación que entregó MinTIC. Cuando se revisan las cifras, en 2018 el capital de Omega Buildings era de solo 5 millones de pesos, así se mantuvo en 2019, pero de forma inesperada, en 2020, se multiplicó a más de 20 mil millones, sin explicación alguna. Serán las autoridades las que expliquen de dónde salió ese dinero.

Pero hay más anomalías. Por ejemplo, Omega Buildings era una empresa dedicada a construcción, por eso su objeto social no cumplía los requisitos para asumir el contrato. Pero, de un plumazo, el 23 de octubre de 2020, a solo cinco días de la presentación de las ofertas ante el MinTIC, cambiaron el objeto social y le incluyeron “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet”. De la noche a la mañana Omega pasó a ser experta en temas de tecnología.

Hay más asuntos que llaman la atención. Tres de las empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados son de Barranquilla y las relaciones entre sus propietarios son evidentes. Por ejemplo, Rafael Enrique Romero, representante legal de Omega Buildings, es esposo de Karín Estefanía Pupo Benito, quien es la representante legal suplente de IMC Ingenieros. De esta empresa formó parte el señor Jalim de Jesús Rebaje García, quien estuvo involucrado en el desfalco a los juegos nacionales del Tolima.

Novotics

Lo primero que se puede decir de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Funtics) es que tuvo un conveniente cambio de nombre a Novotics. No se trataba de un asunto de simple cosmética, Funtics ha tenido un largo historial de contratación en el país, pero ese historial también ha tenido presuntas irregularidades que están en la mira de la Procuraduría.

La más recordada fue el contrato para el aprendizaje de inglés, por 11 mil millones, en 38 municipios de La Guajira, cuando en este departamento solo hay 15 municipios. Este contrato fue con la Unión Temporal Niutelco, de la que formaba parte Funtics.

No fue el único cambio. Su representante legal era Juan Carlos Cáceres Bayona, su nombre aparecía involucrado en varias investigaciones. Pues bien, pocos días después de presentar la propuesta para participar en la licitación, este nombre desapareció y asumió como representante legal Robert Antonio Gómez. Bastaba con una revisión a los cambios reportados en Cámara y Comercio para darse cuenta.

Sin embargo, de las cuatro empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados, Novotic es la única que tenía la experiencia para asumir el contrato, las otras cambiaron a pocos días su objeto social.

ICM Ingenieros

Fue otra de las empresas que cambió su objeto social a pocos días de la presentación de las ofertas. El 14 de octubre, exactamente a 14 días antes de la fecha límite, le agregaron que “la sociedad podrá realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en cualquier sitio del territorio nacional o extranjero”.

En el cambio de la composición de la junta también hay dudas que debieron ser observadas. Por ejemplo, Jorge Iván Rozo Barragán, el representante legal, es hermano de Zoraida Rozo, esposa del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Esto no tendría nada de raro, pero si se observan otros cambios en la composición de ICM Ingenieros, también dejó de integrante a Luis Guillermo Mesa Sanabria, casualmente socio de Álvaro Cruz en la compra del 25 % de un lote de 7.5 millones de dólares en Estados Unidos.

Fue justamente a través ICM Ingenieros que el exgobernador Cruz terminó involucrado en el Carrusel de la Contratación de Bogotá y condenado a seis años por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho tentado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Esta empresa también tiene tres sanciones registradas en el Secop, pero nadie en el MinTIC lo advirtió.

Intec de la Costa

Hay una estrecha relación entre ICM Ingenieros e Intec de la Costa, son socios en el Consorcio Vías para el Chocó, en el proyecto transversal Quibdó Medellín sector 2, que ha tenido problemas.

Tal como ocurre con las otras empresas de la Unión Temporal Centros Poblados, Intec cambió su objeto social días antes de la presentación de la oferta. Lo hicieron solo cinco días antes, el 23 de octubre de 2020, cuando el plazo límite de la presentación era el 28 de octubre de ese año. La modificación es calcada: “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructuras para prestar el servicio de internet”.

Pero también tiene antecedentes de problemas con un contrato de vías con placa huella en San Jacinto, Bolívar, que estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco.

En los cambios de composición de los miembros de esta empresa también hay dudas que debieron ser observadas antes de entregar el contrato. Por ejemplo, uno de los integrantes que salió era José Fernando Lorduy, de quien, llama la atención, tenía un hermano trabajando en el MinTIC al momento de la firma del contrato.

Pero no solo eso, José Fernando Lorduy es cuñado del empresario condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá, Emilio Tapia.

No son pocas las advertencias que tenía el MinTIC para evaluar o por lo menos poner la lupa a la entrega de un contrato de más de un billón de pesos a Centros Poblados. Una Unión Temporal cuyos miembros tienen un largo historial de contratación en el país, que ahora está en riesgo con la anunciada caducidad del contrato, medida que es considerada la más drástica que existe en el ordenamiento jurídico en materia contractual, porque genera sanciones de cinco años para contratar con el Estado y suspende todos los contratos que tengan en la actualidad los miembros de la Unión Temporal.

El problema terminará en los tribunales. Según dijo el abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, en una rueda de prensa el jueves, presentarán una demanda para tumbar la caducidad del contrato que realizó el MinTIC, pero, con base en los contratos que tienen los cuatro miembros de la Unión Temporal con el Estado, pueden pedir una indemnización vía tribunales.

“La Unión Temporal tiene derecho a demandar, a que se le cancelen las utilidades que hubieran recibido por la terminación de los contratos que están en ejecución, pero además no pueden contratar durante los próximos cinco años. Las empresas que forman parte de Centros Poblados tienen en este momento contratos por cerca de 8 billones de pesos con el Estado, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubiesen recibido por esos contratos. También se reclamará la utilidad que dejarán de recibir por no poder contratar más de cinco años”, explicó el abogado Ricci.