El riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales se mantuvo e incluso empeoró en algunas zonas del país a causa de la pandemia y el cierre de los colegios. Un informe sobre el tema presentado por la Defensoría del Pueblo muestra que el escenario para los niños, niñas y adolescentes fue devastador en el año de la covid-19 en Colombia.
En 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo de este crimen y los departamentos en los que las alarmas están encendidas por la posibilidad de que ocurra este crimen son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Por su parte, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta y Vaupés, y en la ciudad de Bogotá, se advirtió el riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de estructuras del crimen organizado.
En total, la Defensoría identificó riesgo de reclutamiento en 188 municipios de Colombia y conoció 83 casos desde el 17 de marzo hasta septiembre de 2020. El 80 por ciento de los casos ocurrió en zonas rurales.
“Las edades de las víctimas oscilan entre los ocho y los 18 años. De ellos, el 33 por ciento es menor de 14 años y un 59 por ciento es hombre (49 casos). Además, 20 son indígenas y dos, afrodescendientes”, dice el informe, que añade que, aparte del riesgo de reclutamiento, la Delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría estableció otros delitos de los que son víctimas los menores de edad como desplazamiento forzado (18 casos), amenazas (16), desapariciones forzadas (tres), violencia sexual (dos), lesiones personales (dos) y otros (16).
Por otra parte, la entidad informó que en 2021 se han emitido cinco alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas se concentran en Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada.
Los grupos armados responsables de este vejamen son los grupos posdesmovilización de las AUC como el Clan del Golfo y Los Caparros, entre otros. Además, el EPL y distintos frentes del ELN, así como facciones disidentes de las Farc y grupos de delincuencia organizada, están detrás del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
En las zonas rurales, los menores más expuestos son los que están en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, en zonas de frontera y en donde hay una gran cantidad de cultivos ilícitos.
Los delincuentes manipulan a los niños y los vinculan para que sean sus informantes y vigilantes, los usan para que ayuden en el traslado de armas y drogas, e incluso abusan de ellos e incurren en explotación sexual comercial.
Por otra parte, en los contextos urbanos, sobre todo en las ciudades y en las cabeceras municipales, los actores armados utilizan a los menores de edad para ejercer control social y territorial, “la inducción y adicción al consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de ampliar la distribución y el mercado local, incrementando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes con el sometimiento de su voluntad”.
Con todo, la Defensoría advierte que la violencia contra los menores los lleva a situaciones en las que acuden a grupos armados como un medio de supuesta protección y aislamiento.
Asimismo, expresa preocupación por los casos en los que, al parecer, niños, niñas y adolescentes deciden ingresar a los grupos armados ilegales. “Los contextos sociales en donde existe naturalización del conflicto, pobreza, falta de oportunidades educativas y económicas, y ausencia de instituciones del Estado son factores que inciden en la decisión de un menor para ingresar a las filas de un grupo armado”, señala el documento.
La Defensoría del Pueblo señala que, a pesar de que existe una política pública para prevenir el delito de reclutamiento, es necesario redoblar los esfuerzos y sostiene que el acompañamiento de la comunidad internacional es esencial para frenar esta conducta, que predomina en las zonas donde hay alta presencia de cultivos ilícitos.