En las últimas horas se han divulgado fotografías y videos que probarían que, supuestamente, el Ejército sí atacó un campamento de las disidencias de las Farc en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo). En el operativo murieron 11 personas.
En una de las fotografías, conocida por SEMANA, se ve a un hombre vestido con una camisa y un fusil. Según fuentes oficiales, se trataría de Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias Bruno, jefe de finanzas de ‘Comandos de la Frontera’.
El ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho que en el sitio donde ocurrieron los hechos “no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias” de las Farc.
Fuentes de inteligencia señalan que los presuntos disidentes de las Farc estarían vestidos de civil dedicados al negocio del narcotráfico, así como a la extorsión.
Así mismo, al parecer, personas que resultaron heridas en el operativo habrían declarado lo que ocurría en el lugar.
Según información militar, en el operativo habría muerto un hombre conocido con el alias de Managua. Alias Bruno, al parecer, estaba en otro lugar.
Procuraduría pide información
El procurador Delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, le envió una “solicitud de información” al general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, para esclarecer lo ocurrido en la operación militar.
La Procuraduría destacó que de acuerdo con los “reportes oficiales resultaron once (11) personas muertas, quienes, según se informó, serían integrantes del grupo armado ilegal residual Frente 48 que delinque en esta zona”, pero luego se recibieron denuncias por parte de la comunidad y de organizaciones de la sociedad civil, en las que niegan que estas personas pertenecían a este grupo armado.
“De acuerdo con la Fundación, Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbios Ipiales (Nariño), las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos. Esta información resulta altamente contradictoria con la información oficial presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional a la opinión pública”, destacó la Procuraduría en la carta enviada a las Fuerzas Militares.
Argumentando que “los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario”, la Procuraduría le solicitó a las Fuerzas Militares la siguiente información sobre la operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo:
- Copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la operación militar el pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo.
- Copia del informe operacional rendido en el marco del despliegue militar del pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo.
- Informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma.
- Se informa si por los hechos relacionados la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar, realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria.
Por su parte, el Ejército había respondido ante la polémica por las denuncias sobre la operación en Putumayo. “El mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo, ratificó que la maniobra militar desplegada en inmediaciones del caserío Alto Remanso cumplía con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas contra estructuras criminales”, señaló la entidad castrense en un comunicado.
El alto oficial también destacó que la operación militar “iba dirigida contra el GAO-r E-48 Segunda Marquetalia (autodenominados Comandos de la Frontera), cuyo cabecilla en esa zona del sur del país es alias Bruno”, quien tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, señaló el comunicado del Ejército.
“Hay una alerta temprana donde la Defensoría del Pueblo dice que hay una amenaza en esa región, donde dos estructuras se están peleando entre sí, la Carolina Ramírez y la Estructura 48, Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia”, explicó el general Correa en diálogo con SEMANA.