En septiembre, SEMANA reveló una grave denuncia que hicieron padres y madres de familias de estratos altos en Bogotá, quienes indicaban que Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, en la época que ocupó el cargo de comisaria segunda de familia de Usaquén, habría cometido algunas irregularidades que favorecerían “al mejor postor”, priorizando intereses económicos sobre el bienestar de los niños.
En los más de 15 relatos que se entregaron a las autoridades, los padres cuentan cómo la comisaria ordenaba una evaluación psicológica. Supuestamente, ella les entregaba las opciones de los peritos recomendados, que cobraban sumas elevadas. Según la Personería de Bogotá, la Comisaría Segunda de Usaquén era la única, de las 35, que exigía un perito particular. Algunos de los denunciantes ni siquiera pudieron escoger el perito de la lista que ella les presentaba porque les decía que la contraparte ya lo había elegido y generosamente pagaría todos los honorarios.
Otra de las extrañas coincidencias, es que los abogados de los padres señalados resultaban siendo los mismos, sin que un padre se conociera con el otro. Al parecer, estos juristas también eran recomendados por Yaneth Fabiola Castillo. Además, denuncian que ella les decía cómo hacer la sustentación que luego fallaría a su favor. Han presentado varias pruebas que pretenden demostrar la existencia del presunto cartel de la infancia; entre ellas, las conversaciones entre un padre de familia con Yaneth Fabiola Castillo Guerrero y con el psicólogo forense Roberto Sicard.
Una de ellas se desarrolla en la oficina de Castillo, antes del fallo y de manera informal. Allí también hace presencia la abogada del padre denunciado de presunto abuso sexual a sus hijas. Se supone que la comisaria, que hace las veces de “juez”, no debería reunirse con ninguna de las partes, pero llama la atención que después de hacer una minientrevista a la abogada de él, le dice: “Bueno, te voy a dar la oportunidad, por favor sacarle copia al 100 por ciento del expediente”.
Le entrega documentos de un caso similar a este, siendo información reservada, pero que le servirá para sustentar bien y así tener un fallo a favor. “Ve sustanciando, tenemos audiencia el 23 por favor, mándamela el 18, el 17 de junio, para yo ir retroalimentando, ahí les doy esa oportunidad”, se escucha decir a la comisaria en una de las grabaciones.
Dice que ella ejerciendo como comisaria ha recibido a “clientes”, denunciados por abuso sexual a sus hijas, y que, por aberrante que parezca, han fallado a favor en esos casos. Incluso, pone un ejemplo. “Cuando vienen clientes como él –padre cuyas conversaciones con la comisaria están grabadas– o como Sunderhaus –refiriéndose a otro caso similar–, que son bien. El delito de abuso sexual es un delito atroz para todo el mundo: jueces, fiscales, comisarías, les parece lo peor, entonces por eso la sustanciación tiene que ir impecable. Te voy a regalar una copia, te pido el favor de máxima reserva, cuidadito la prudencia”, asegura al pedir cambio de correos por mensajes privados y todo “bajo cuerda”.
Les advierte que tienen que hablar con el perito Roberto Sicard, el psicólogo forense, y cuadrar todo para ir a la fija en el proceso, “tú tienes que estar muy preparada para decirle al doctor Sicard que te aclare, para que la sustanciación nos quede muy, pero muy, muy bien. Porque como te digo, en el caso de Sunderhaus, la señora salió un genio, ella en todo apuntaba a nueve. Ella habla siete idiomas. Es una mujer estructurada, crea y hace”.
Estos son algunos fragmentos de las grabaciones:
Otra grabación muestra que el padre se comunicó con Roberto Sicard, como lo recomendó la comisaria, y no precisamente durante la evaluación psicológica, sino para preparar el caso. Se escucha al psicólogo preguntándole si el abogado que tiene es a quien identifican como Amir y el padre dice que no, pese a que la doctora le había insistido en que fuera él. “La persona que asistiría conmigo es una persona que en teoría tiene más experiencia que Amir, es algo que se lo digo a usted y no a la doctora, porque ella me insistió mucho que quería que fuera el doctor Amir, pero pues en realidad ellos manejan es el tema penal, no el tema de comisaría y proceso de familia”, se escucha.
La doctora a la que se refiere, al parecer, es la comisaria Yaneth, pues es la única que en esa instancia del proceso puede tomar decisiones. “Yo entiendo la posición de la doctora, porque pues de una u otra forma querrá tener los sustentos jurídicos para que ella pueda tomar una decisión que sea contundente y que no la vayan a entrar a debatir (…) porque ella lo que me dijo fue: voy a unificar los dos procesos, la solicitud de medida de protección de ella y la suya, yo la unifico y sobre eso voy a tomar la decisión, que muy seguramente va a ser a favor suyo”.
Para Sicard, quien se supone evalúa de manera neutra la salud mental de los miembros de la familia, era importante entregar pautas de cómo los abogados deberían reaccionar a sus observaciones dentro de la audiencia. “Tienen que formularle una estructura de defensa de esas pruebas, cosa que los debates que susciten sean absolutamente neutralizados por su abogado, casi que antes de que la contraparte pueda hablar”. Y le aclara: “Ustedes tienen que ir a la ofensiva”.
Además, le explica cómo se desarrollará la audiencia. “Usted entrega unas preguntas para que su abogado las formule. Después de que me formulen a mí las preguntas, seguramente el refutador mío va a decir que yo soy el enemigo de la paz y de la justicia. Así que en ese momento es donde su abogado debe estar muy listo a refutar cualquier pregunta que se quiera hacer al perito Sicard –habla en tercera persona– y después de ese escenario, de haber escuchado las partes y de haberme ayudado a refutar a mí, la comisaria tiene dos opciones”, y nombra los posibles escenarios que tomaría el proceso.
Le insiste en que esta audiencia será la base de todo el pleito. “Este es el primer round de unos 15; si usted gana del primero al quinto, ya no va a haber ni sexto ni séptimo. Si ustedes logran dejar las cosas claras, todo el proceso se vuelve prueba a su favor para neutralizar los siguientes procesos, inclusive las apelaciones. Se tienen que fajar acá y proteger las pruebas que les sean favorables y refutar cualquier tipo de contradicción que se quiera hacer”.
Ellos consideran que las decisiones de la comisaria terminarían influenciando el cierre de un proceso penal en la Fiscalía. “La Fiscalía va a decir: pero bueno, si la Comisaría también lo dice, yo mejor cierro esta vaina de una vez”. En varios apartes le recuerda que “van a tratar de argumentar que el tema de la alienación parental es una chorrada, que eso no existe, entonces ustedes van a tratar de preguntarme es sobre el soporte científico de la alienación parental. Ellos van a tratar de decir que las pruebas que yo hice, las hice mal, por cualquier cosa, y ustedes van a tratar de decir ¿cómo fue que se hizo la valoración o como ¿cuál es el soporte técnico de su trabajo?, de cara a que ellos mismos se vean como neutralizados a no hacer más preguntas, porque cada pregunta realmente le va a favorecer más a usted y esa es la habilidad que su abogado puede hacer con su equipo en la elaboración del cuestionario y en la sagacidad que tenga”.
Es importante aclarar que estas conversaciones no se dieron en medio de audiencias, sino en reuniones informales y telefónicas. Sin embargo, Yaneth Fabiola Castillo, quien renunció a su cargo cuando la trasladaron a una comisaría en el sur de Bogotá tras los señalamientos, dijo a SEMANA que “a mí, nadie me tenía que pasar su trabajo debajo de la mesa. Me tenían que aportar su material probatorio, dentro de la audiencia de oralidad en presencia pública de todas las partes, para ser valorada y controvertida públicamente”.
Además, dejó claro que en los casos que conoció, no solo participó el perito Roberto Sicard, sino profesionales de universidades reconocidas. Según ella, el Ministerio Público nunca objetó la validez de estas decisiones probatorias y que es necesario ver la legalidad de las grabaciones.
Roberto Sicard ha desmentido la existencia de algún complot entre la comisaria, los abogados de las partes, él y otros peritos. Admite que hay un cartel de la infancia que él mismo ha denunciado, pero que no forma parte de este. Aseguró que todo se trata de un grupo de madres inconformes con una decisión y con trastornos psicológicos que las lleva a crear una campaña de desprestigio contra “gente honorable”.
Las grabaciones están en manos de la Fiscalía, la Personería, Secretaría de Integración, Presidencia de la República y del Tribunal Deontológico y de Bioética de Psicología. Las autoridades deberán definir quién dice la verdad.