El contratista Emilio Tapia, el abogado y exdirector del IDU Inocencio Meléndez y el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz tienen dos cosas en común. La primera es que los tres ocuparon los titulares de los medios de comunicación porque fueron condenados como protagonistas del llamado “carrusel de la contratación”, el escándalo de corrupción más grande de la historia de Bogotá.
Estos tres personajes tienen ahora otro tema que los une: sus nombres orbitan en el escándalo del millonario contrato que entregó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados, que ahora tiene refundidos cerca de 70.000 millones de pesos que les fueron entregados como anticipo.
Conforme avanzan las denuncias, los debates de control político y moción de censura en el Congreso, así como las pesquisas de los organismos judiciales y de control, ha empezado a emerger la oscura relación entre los protagonistas de estos dos escándalos.
Emilio Tapia fue el primer nombre en asomar la cabeza, en primer lugar por estrecha cercanía con una de las empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados que la componen Intec de la Costa, Novotics, ICM Ingenieros y Omega Buildings.
Intec de la Costa tiene varios cuestionamientos por incumplimientos en obras. Su representante legal es Hugo Armando Canabal. Hasta ahí no había dudas, pero una revisión en los cambios de composición de Intec deja en evidencia que el fundador fue José Fernando Lourduy y que Canabal asumió hasta agosto de 2016. José Fernando Lourduy es el cuñado del contratista condenado por el carrusel de la contratación, Emilio Tapia.
Pero hay más. En ICM Ingenieros, el 10 de diciembre de 2020, algo más de un mes después de presentar las ofertas ante MinTIC y ya con el contrato asignado, se realizó un cambio en la dirección de la empresa, asumiendo Herles Rodrigo Ariza, una persona de confianza de Emilio Tapia, que estuvo cercano a negocios con los hermanos Nule y a quien Tapia había hecho nombrar para que estuviera al frente del negocio.
Son varias las dudas que conducen a la certeza de la cercanía de protagonistas del carrusel de la contratación con la Unión Temporal Centros Poblados.
La empresa ICM Ingenieros tiene a Jorge Iván Rozo Barragán como representante legal, quien es hermano de Zoraida Rozo, esposa del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Esto no tendría nada de raro, pero si se observan otros cambios en la composición de ICM Ingenieros, también dejó como integrante a Luis Guillermo Mesa Sanabria, casualmente socio de Álvaro Cruz en la compra del 25 % de un lote de 7,5 millones de dólares en Estados Unidos.
Fue justamente a través ICM Ingenieros que el exgobernador Cruz terminó involucrado en el carrusel de la contratación de Bogotá y condenado a seis años por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho tentado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Ahora aparece un nuevo protagonista del carrusel de la contratación en el escándalo que protagoniza Centros Poblados. Según se conoció, el abogado y exdirector del IDU, Inocencio Meléndez, condenado por acceder a modificar pliegos de contratación para beneficiar a contratistas durante la administración de Samuel Moreno, entre esos beneficiados estuvo el mismo Emilio Tapias.
El mismo Meléndez habría sido el receptor de un correo electrónico enviado por el representante legal de la Unión Temporal, Luis Fernando Duque. La explicación que dio Duque fue que se están asesorando por el Grupo IRM Consultoría Contractual S. A. S., firma en la que trabaja el exdirector del IDU, pero, en este caso, dijo que Meléndez no tenía nada que ver con el caso y que se trató de una consulta que le hizo porque lo conoce desde hace varios años y actualmente ejerce su profesión de abogado.