Alas 8:30 de la mañana del jueves 8 de agosto, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, terminaba una extensa entrevista con Blu Radio. Una de las muchas preguntas que le hicieron los periodistas de la emisora tuvo que ver con su papel en un episodio particular cuando fue inspector de esa institución en 2018. ¿Investigó o conoció denuncias contra el general Jorge Romero?, le preguntó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu. En respuesta, el oficial negó cualquier relación con ese tema, como ha repetido en diferentes oportunidades en las últimas semanas. A los pocos minutos, y cuando el alto oficial apenas abandonaba la cabina de radio, un extra interrumpió la programación: la Fiscalía acaba de capturar al general Romero. La noticia le cayó como un baldado de agua fría al comandante del Ejército. No era para menos. Se trataba de una situación insólita: un oficial de ese rango, que estuvo en servicio activo hasta hace tres semanas, era detenido y señalado de cometer graves actos de corrupción, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos, entre otros. Le recomandamos: El secuestro que involucra a uniformados y los delitos inventados en los Gaulas Militares Ese arresto, obviamente, le dio un duro golpe a Romero, pero también al general Martínez. Siete meses duró a flote la aparente tabla de salvación que la actual cúpula militar le lanzó a Romero. En diciembre pasado, cuando se desempeñaba como comandante de la Tercera División del Ejército, parecía destinado a salir de la institución. No lo llamaron al curso de ascenso a mayor general y, prácticamente, el único camino que le quedaba era el retiro. Detrás de su oscuro panorama asomaban serias denuncias de corrupción que lo descalificaban para seguir subiendo de posición en las filas. Sin embargo, en diciembre, una inesperada decisión de la nueva cúpula del Ejército, con el recién posesionado comandante, el general Nicacio Martínez, le arregló la marcha al cuestionado oficial. Pero la suerte solo le duró unos cuantos meses.
El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, ha dicho que no conocía de las denuncias contra Romero. Pero el escándalo de su captura lo alcanza, pues la cúpula militar promovió al cuestionado oficial. Para diciembre pasado, la Fiscalía ya conocía de los actos corruptos que terminaron con la captura de Romero. Y también había registro de ellos en la inspección del Ejército, que durante 2018 estaba a cargo del general Martínez, justo antes de convertirse en el comandante de la institución. Por eso sorprendió tanto que en el cambio de la cúpula Romero no solo permaneciera en el servicio activo, sino que además terminara como jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que dispone de un abultado presupuesto para proyectos en el país. Romero estuvo allí hasta comienzos de julio, cuando su destino empezó a cambiar. SEMANA publicó entonces una investigación sobre actos corruptos que vincularían a varios generales, y allí apareció su nombre. Esta revista dio a conocer testimonios y pruebas que relacionaban al general con el direccionamiento de contratos dentro de la Cuarta Brigada del Ejército, que él comandó entre 2016 y 2017, así como con la existencia de una especie de cartel para vender permisos de armas que terminaron en las manos de peligrosos criminales. En contexto: Las ovejas negras en el Ejército Entonces, tras la publicación, esos procesos congelados en la Fiscalía produjeron resultados. La primera reacción a las revelaciones llegó del Ministerio de Defensa, que se vio obligado a retirar a cinco generales, incluidos Romero y el mayor general Adelmo Fajardo, el segundo comandante del Ejército. Luego actuó la Fiscalía. El 30 de julio, ese ente lanzó una operación que terminó días después con la captura de nueve personas, entre ellas dos coroneles, otros cuatro militares y tres contratistas relacionados con la Cuarta Brigada. En las audiencias adelantadas a los sospechosos empezó a sonar la explicación de la Fiscalía sobre el entramado de corrupción, que señalaba a Romero como uno de los determinadores de las irregularidades. El general tiene un amplio expediente. SEMANA reveló el 7 de julio testimonios bastante comprometedores en su contra. En uno de ellos, un importante comerciante antioqueño aseguró que, por pedido de Romero, reunió a la plana mayor del empresariado paisa. El general quería empezar a cobrarles por los permisos de armas. “Me dice: ‘lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’ ”, contó el testigo. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, pensé: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Otra evidencia, denunciada en exclusiva por esta revista, muestra la visita a la Cuarta Brigada de una mujer que trabajaba como intermediaria de un narco. Allí llegó con órdenes concretas de entregar dinero a cambio de los permisos de armas para su jefe. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dijo. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía encontraron que entre 2016 y 2018 aparecieron 60 personas beneficiadas de los permisos de la Cuarta Brigada, que a su vez tenían anotaciones policiales o antecedentes judiciales. En contexto: “Calculo que le di 50 millones de pesos al general” SEMANA también dio a conocer el testimonio de un oficial que trabajó con Romero, quien habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Cuando le expusimos el trabajo, él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten altos oficiales. El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible serviría para costear el viaje de su esposa. “También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”. Su testimonio está en poder de los organismos de control. Casi un mes después de la publicación de SEMANA, la Fiscalía capturó a los primeros nueve sospechosos. Entonces salieron a la luz más evidencias de lo que sucedía en la Cuarta Brigada, y muchas de ellas apuntaban a Romero. El entramado de irregularidades en esa unidad habría beneficiado a tres empresas con 31 contratos por 4.500 millones de pesos entre 2016 y 2017, con sobornos de hasta el 10 por ciento. Y Romero ordenaba esos actos, según señaló Fiscalía. Puede leer: Los formatos de la discordia para duplicar las afectaciones del Ejército Las irregularidades siguieron saliendo a la luz. Hace dos semanas, Noticias Caracol hizo públicos documentos que muestran que Romero conoció denuncias contra oficiales a su cargo hoy investigados. e incluso presos, y archivó los procesos. “Ellos, antes de lanzar cada proceso (de contratación), se reunían con los que servían de proveedores y organizaban los pliegos”, decía uno de los testimonios que le llegaron al alto oficial. Tres meses después de recibirlo, en agosto de 2017, Romero archivó la denuncia. Argumentó que “los hechos que se narran en la queja son tan disciplinariamente irrelevantes, que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario”. La Fiscalía investiga 31 contratos sospechosos que suman 4.500 millones de pesos. Caracol Radio y Blu Radio también publicaron hace poco evidencias que comprometen al alto oficial. Se trata de audios de militares y contratistas de la Cuarta Brigada. En uno de esos, dos oficiales hablan de la molestia del general por las declaraciones en su contra en la Fiscalía. Según la conversación de dos uniformados, el general Romero estaba afectado por lo que los militares estaban contando. “Si yo quisiera hundirlo... vea, con que entregue esa caja, con eso tiene para que todo el mundo se caiga ahí, hasta él. Yo guardé toda esa mierda, yo no dejé nada”, se le oye decir a uno de ellos. El avance de esas pesquisas condujo inevitablemente a la captura del general. Sin embargo, aún queda por establecer quién más debe responder por su situación. Sobre todo, el Ejército debe explicar cómo fue posible que Romero se mantuviera en la institución aun cuando hace más de un año las autoridades, y la propia institución, ya conocían buena parte de estas evidencias. Y cómo fue posible que, pese a los serios cuestionamientos, siguiera ascendiendo en la jerarquía castrense. Las explicaciones públicas que ha entregado el comandante de esa institución, general Martínez, dejan más preguntas que respuestas. El alto oficial ahora tendrá que entrar a responderlas, pero ante la Fiscalía.