No abandonar a los suyos, ese parece ser el camino que están tomando el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con las personas que hicieron parte del equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que investigó hechos ilegales en este país y que fue comandada por Velásquez.
SEMANA conoció que dos de sus alfiles, que participaron de la comisión, han ocupado poderosos cargos en el Ministerio de Defensa. Se trata del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Barrera, y de la abogada Nataly Méndez.
Barrera y Méndez, en los registros de la función pública, acreditan como experiencia sus condiciones de investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Para el caso del mayor Barrera, su hoja de vida señala que fue investigador criminal en la Comisión desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2017. Frente a Méndez, la información en fuentes abiertas indica que fue abogada investigadora de la misma comisión entre febrero de 2018 y septiembre de 2019. A los dos, el Ministro de Defensa los ubicó en cargos directivos, con salarios nada despreciables.
Barrera se desempeñó hasta hace poco como el Director del Divri, Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa, con un sueldo aproximado de 23 millones de pesos. Méndez, quien es ahora la directora encargada del Divri, llegó a dicha dependencia como directora seccional de bienestar y tiene un salario similar.
Méndez entró al sector Defensa un mes después de que Velásquez asumiera como ministro en 2022. El mayor Barrera llegó al Ministerio de Defensa en noviembre de 2022 como director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva Divri. Los dos funcionarios se destacaron como investigadores para combatir la corrupción, actos ilegales y evitar el extravío o pérdida de dineros públicos.
Méndez, por ejemplo, en sus redes sociales se presenta como luchadora contra la corrupción y repostea trinos contra la prensa. A Barrera le destacan su paso como jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio Económico en la Sijín, en Pereira. Sin embargo, en el Divri, en 2022, se enfrentó a un complejo caso de extravío de recursos por el que, en la actualidad, el Ministerio de Defensa tiene embolatados cerca de 500 millones de pesos, caso que debería ser revisado, según expertos en derecho, por la Fiscalía y la Procuraduría al tratarse de dineros públicos.
La denuncia sobre la posible pérdida de recursos destinados a los veteranos de la fuerza pública con discapacidad, la hizo el excoordinador de veteranos del Divri, Abel Rojas, quien exigió la intervención de la Fiscalía General de la Nación. Rojas es un exsoldado discapacitado por cuenta del conflicto armado, se hizo abogado y se especializó en temas de derechos humanos de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabajó desde julio de 2023 hasta el 6 de agosto de 2024 como coordinador del grupo de veteranos del Divri.
De acuerdo con el exmilitar, bajo la administración del mayor Barrera se presentó el publicado caso en el que Divri consignó dinero de más en las cuentas de los veteranos, que en su momento representó el extravío cerca de 25.000 millones de pesos, en lo que se podría considerar un caso de desorden administrativo. Y aunque a través de diferentes gestiones se logró recuperar la mayor parte de los recursos, en la actualidad siguen embolatados cerca de 500 millones de pesos, según Rojas.
Sin embargo, hay un asunto que no se puede dejar pasar por alto. En el desordenado giro de los recursos a las cuentas de los veteranos, estuvo involucrada María del Rosario Torres, mamá de la poderosa directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. El excoordinador del grupo de veteranos del Ministerio de Defensa asegura que no comprende por qué la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto para investigar qué fue lo que realmente sucedió y por qué a hoy, según él, los dineros de dicho escándalo —que estalló en 2022— siguen sin retornar a las arcas del Estado
Por el contrario, era desconocido hasta el momento que el mayor Barrera, entonces jefe de la mamá de Laura Sarabia, renunció como director del Divri y se fue a trabajar como asesor personal de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, quien es muy cercana al ministro Velásquez, pues ella también hizo parte de la Cicig en Guatemala, al igual que Barrera y Méndez.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el mayor Barrera es asesor del despacho para la coordinación y el cumplimiento de los compromisos de la fiscal Camargo. Para el excoordinador de veteranos del Divri, acá se podría configurar un posible conflicto de intereses del mayor Barrera, en el momento en el que la Fiscalía decida —si así lo hace— ponerle la lupa al mencionado caso.
“Él (mayor Barrera) nos manifestó que fue invitado por la fiscal (Camargo) para que hiciera parte de su grupo de confianza y por eso renunció al Divri en junio de este año (…) yo creo que acá sí hay conflicto de intereses”, dijo Rojas, quien sostiene que la posible falta de profundidad investigativa en el caso de los dineros del Divri, que se presentó con personas que alegan combatir la corrupción, no debería quedar en llamados de atención y, por el contrario, el ente acusador debe garantizar el reintegro de la totalidad de los dineros.