La encrucijada de los recién egresados de la salud

Desde hace varios años, los profesionales de la salud se sienten inconformes por el funcionamiento del servicio social obligatorio, más conocido como rural, pero ahora la situación es más agónica que nunca. Con salarios que empiezan desde $650.000, los médicos, enfermeros, odontólogos y bacteriólogos recién graduados tienen que entrar en un sorteo nacional para ir a trabajar durante un año a cualquier lugar del país, desde el más central hasta el más periférico, sin importar el nivel de conflicto, si el salario que les pagarán es suficiente o no para vivir e incluso si la IPS donde prestarán el servicio no les ha pagado a otros los profesionales el rural. Aun en esas condiciones, muchos de ellos se inscribieron en el sorteo que se cerró el 3 de octubre y cuyos resultados conocerán el 22 del mismo mes. Antes de junio de este año, las condiciones eran diferentes, pues primero se hacía un sorteo para las plazas del rural en el departamento donde el profesional estuviera viviendo. Si los lugares de trabajo no eran suficientes, pasaba al sorteo nacional y si tampoco quedaba escogido, lo exoneraban por medio de una figura que se conoce como amnistía y podía reclamar su registro profesional para poder trabajar. Pero las condiciones cambiaron desde cuando salió la Resolución 2358 del 2014. Ahora, los egresados de esas cuatro áreas de la salud tienen que presentarse a las plazas de todo el país mediante un mecanismo que permite poner cinco IPS específicas donde preferirían hacer el rural y luego listar de mayor a menor interés los departamentos para trabajar. Al igual que antes, si no es escogido, puede obtener inmediatamente su registro. La preocupación es la ruleta en la que caen, pues si bien pueden ser elegidos para una plaza donde pagan dos, tres o cuatro millones de pesos, también podrían irse un año por un salario de $800.000 y con prestación de servicios, es decir, restando el 11,4 % de su sueldo para pagarse salud y pensión. Y encima de todo, sin saber si les pagarán cumplidamente o no, pues, según ellos, no existen garantías. “Estamos dispuestos a prestar el rural, lo triste es que están abusando y todo porque para las IPS es muy atractivo tener profesionales por el sueldo que quieran pagar”, asegura María Triana, vocera del Movimiento de las Facultades de la Salud de la Universidad de Antioquia y enfermera de la misma institución. Cuando se creó el servicio social obligatorio, en 1981, se pensó como una ayuda a las comunidades alejadas para que pudieran tener salud. Por eso ahora los profesionales no entienden por qué hay plazas de IPS privadas para iglesias, laboratorios clínicos y servicios domiciliarios, como denuncia Triana. El Ministerio de Salud responde que las plazas continuarán siempre y cuando tengan una justificación de prestar un servicio de salud a la comunidad y cumplir las normas de habilitación, como afirmó Luis Carlos Ortiz, el director del Desarrollo del Talento Humano, desde donde se elabora todo lo relativo al servicio social obligatorio. Además de esto y los pagos irrisorios que tienen en algunas de las plazas que sortean, la queja del sector salud es por la cantidad de horas que trabajan. Los más afectados son los médicos, que, en algunos casos, tienen que trabajar hasta tres días seguidos y todo porque en muchos lugares son los únicos profesionales que tiene la IPS. Este es el caso de Lesly Suaza, una médica que se fue a prestar el servicio social obligatorio en Bolombolo, un corregimiento del municipio antioqueño de Venecia. “Alcancé a trabajar sólo 20 días porque me quemaron”, es la explicación que da Lesly después de haber hecho turnos de 48 horas por cada día de descanso. “Empezaba a las 8:00 a. m. y había días en los que me quedaba hasta la 1:00 a. m. porque a ese hospital llegaban todos los accidentes que sucedían en la vía del suroeste antioqueño. La asistencia era desbordada y yo era la única médica”, agrega. Cuando acababa su turno laboral, tenía que entrar a algo que se denomina ‘disponibilidad’, que, en otras palabras, es poder regresar al hospital a cualquier hora de la madrugada si llegaba otro paciente. Luego de pasar casi una semana completa sin dormir, Lesly presentó una alteración del sueño y en su único día libre fue a consultar a un especialista en Medellín. Cuando llegó, se dio cuenta de que la IPS donde ella trabajaba no la había afiliado a salud a pesar de que en su primer salario se la habían descontado. “Me mandaron drogas para dormir, me incapacitaron un mes y me sugirieron ir a un psiquiatra porque tenía pánico asociado a la situación”, relata Lesly. Ella presentó su renuncia al Centro de Salud San Joaquín de Bolombolo, pero asegura que el gerente la negó. Después de dos meses de pleitos legales y de asumir todos los costos de su salud, Lesly pudo ejercer en otra IPS.  Casos como ese revelan la falta de garantías de las que habla Samuel Barbosa, presidente la Asociación Médica Colombiana Estudiantil (Acome) y estudiante de medicina de último semestre en la Universidad de los Andes. “No hay una regulación por parte del Ministerio de Salud, ni organizaciones aparte del Estado que vigilen eso, y no está claro qué institución debería recibir todas las quejas de los rurales”, afirmó. Al respecto, el Ministerio explica que por las resoluciones que ellos mismos crean, todo les compete a las Secretarías de Salud de cada departamento, pues desde allí se autorizan o se cierran las plazas. “Los profesionales sienten que no hay garantías, pero son situaciones que, de una u otra manera, se escapan de las manos del Ministerio de Salud”, dijo Ortiz a Semana.com. Este es otro de los puntos que critican los profesionales. Óscar Araujo, médico de la Universidad Industrial de Santander y líder en ese departamento de Acome, sostiene que lo que debería hacer el Ministerio es exigir que las IPS tengan una contratación adecuada para los rurales, con salarios estructurados de acuerdo con la región y las zonas del país. Ortiz dice que más que regular, lo único que pueden hacer es gestionar y llamar a las autoridades locales a decirles que revisen las plazas por las que se quejan de garantías. Él sostiene que sólo se enteraron de las irregularidades hace unos meses, pues antes la información sólo la tenían las entidades territoriales. El departamento donde peor pagan es Atlántico, con salarios desde $650.000 para un enfermero; $700.000 para un bacteriólogo y $850.000 para un médico, en lugares como la IPS San Ignacio, Disama Medic, en Barranquilla; o el Hospital Universidad del Norte en el municipio de Soledad. (Vea la lista de las instituciones donde ofrecen los salarios más bajos). David Peláez, secretario de Salud de Atlántico, dice que si bien le compete a la entidad que dirige habilitar las plazas, no pueden intervenir sobre cuál debe ser el salario y aclara que tampoco hay una regulación por parte del Ministerio sobre cuánto debería ser lo mínimo a pagar. “Barranquilla tiene su propia Secretaría de Salud y por el resto del departamento puedo decir que un comité periódicamente recibe las no conformidades y evalúa qué plazas deben seguir abiertas. Esta semana está por definirse una situación en el sur del departamento por la denuncia de una joven que renunció al rural”, explica Peláez. En una encuesta realizada entre los médicos y otra entre los enfermeros, ellos dicen que el sueldo debería ser desde tres salarios mínimos legales vigentes en adelante. Los datos también arrojaron que sí están dispuestos a prestar el servicio social obligatorio en cualquier lugar, especialmente en zonas periféricas, siempre y cuando haya garantías, y están recibiendo las experiencias del rural en el correo miserviciosocialobligatorio@gmail.com Desde el Ministerio, Ortiz es enfático en decir que esas plazas con salarios tan bajos y todas las de prestación de servicios se tienen que acabar de aquí al año entrante. Sin embargo, para este y los próximos sorteos, siguen habilitadas, aunque consideran eximir a las personas que sean elegidas para esos lugares. “Estamos desamparados. Si no cumplimos con las condiciones precarias, tenemos sanciones, pero si las IPS no cumplen con nuestros salarios, ni con la seguridad social, siguen ofreciendo esas plazas”, afirma Triana. La propuesta de los voceros con los que habló Semana.com es que todo esté reglamentado por el Ministerio a través de un decreto, además de cerrar las plazas con sueldos que no correspondan a un profesional. Pero mientras eso sucede, el servicio social obligatorio seguirá a merced de las Secretarías de Salud, que por años han manejado el sistema en el que los profesionales no sienten garantías para trabajar.