La próxima semana arrancará en la Corte Constitucional un álgido debate. Se trata de la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma al Código Electoral, justo cuando el país está a las puertas de los comicios para elegir presidente y Congreso. La ponencia con la que se abre la discusión está en manos del magistrado Jorge Ibáñez y desde ahora hay vientos cruzados.
Entre las intervenciones hay voces que piden darle una estocada definitiva al proyecto. Otros conceptos piden tumbar el proyecto de manera condicionada y otros piden mantenerlo como está.
SEMANA pudo confirmar que, entre las intervenciones está, por ejemplo, la de Angélica Lozano que en resumen le pide a la Corte evaluar si era necesaria la discusión y votación de manera presencial. También intervino la Superintendencia de Industria y Comercio que pide tumbar el artículo 267 del proyecto, que señala que las funciones de identificación y electorales se consideran de seguridad nacional, puesto que la Registraduría no integra las Fuerzas Militares.
Entre algunas de las voces que piden declarar constitucional la reforma están: el sindicato nacional de empleados de la Registraduría, el partido político MIRA, el Consejo Nacional Electoral, por supuesto también la Registraduría, al igual que el movimiento Indignados por Colombia.
Otras voces piden a la Corte tumbar la reforma. Por ejemplo, la Red Colombiana de Veedurías insiste en que el Código se aprobó por las mayorías sin consulta popular, por lo cual se trataría de un proyecto excluyente y discriminatorio.
La ponencia está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, fue radicada desde el 29 de octubre del año pasado y, según pudo establecer SEMANA en primicia, señalaría que es constitucional lo aprobado en sesiones extras en el Congreso pues se cumplió, en su aprobación, con lo que exige la Constitución para el trámite de un proyecto ley estatutaria. En este caso, se habla de un proyecto de ley estatutaria que tras ser aprobado por el Congreso, debe ser inmediatamente revisado por la Corte, como está ocurriendo, antes de la sanción presidencial. Dicho proyecto, solo será ley si, declarado constitucional por la Corte, lo sanciona el Gobierno.
Sin embargo, las opiniones están divididas en el alto tribunal. Hay varios magistrados que no consideran constitucional, precisamente, que una ley estatutaria se apruebe en sesiones extras.
Entre algunos de los puntos más importantes de dicha reforma, está por ejemplo el que define la ciudadanía electoral, que incluye la participación de mayores de 18 años y el concepto de ciudadanía juvenil, que se adquiere al cumplir 14 años.
Otro punto es el que regula de manera amplia el derecho al voto que, además de la ciudadanía juvenil, incluye en el ejercicio de este derecho a las personas en situación de discapacidad, entre otras.
De otro lado, existe, por ejemplo, la posibilidad de que se le retiren algunas facultades que le daba este Código a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral.
Ahora, cabe anotar que el tiempo que le ha tomado a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la exequibilidad (o constitucionalidad) o no, de la reforma al Código Electoral frustró la intención de que empezara a aplicarse en las elecciones de este 2022, al menos las legislativas, modernizando una normatividad que tiene más de tres décadas.
De hecho, en agosto de 2020, el Gobierno nacional al momento de presentar el proyecto en el Congreso le dio mensaje de urgencia, pretendiendo que su aprobación se diera con suficiente antelación para que se pudiera estrenar en estas elecciones, las de 2022.
La meta era que a mediados del 2021, antes de que se conociera el respectivo calendario electoral, se pudiera aplicar. A finales de 2020, se aprueba la reforma y faltando dos meses para las elecciones parlamentarias, la Corte aún no arranca su discusión.
Volviendo a los puntos clave de la discusión, el registro civil e identificación tienen como novedad la utilización progresiva de la biometría y en el proyecto aprobado que examinará la Corte, se unifican las reglas sobre la prueba del estado civil, que estaban contenidas en otras normas. Además, se prevé la identificación biométrica de los electores en la mesa de votación.
Otro punto importante es que en las listas de cinco o más curules, la mitad de las listas deben conformarse por mujeres, mientras que, en listas de menos de cinco curules, el porcentaje se reduce a 30%. Además, se abre la puerta histórica para inscribir personas en situación de discapacidad o parte de la comunidad LGTBI +. Esto como novedad en términos de equidad de género.
Pero eso no es todo, el proyecto no se limita a reconocer el voto en blanco, sino que se le otorga una casilla en el tarjetón y se le otorga participación en los medios de comunicación.