El país está a la expectativa del pronunciamiento del Ejército Nacional y en Ministerio de Defensa sobre los militares que llegaron hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para agredir verbalmente e intimidar con armas de fuego a la población civil de esa comunidad.
Aunque los hombres se presentaron con uniformes que no son del Ejército y con armas cortas y largas que tampoco pertenecen a la institución, se descartó que fueran miembros del frente quinto de las disidencias de las Farc, como se dijo al principio cuando se hicieron públicos los videos.
Fuentes de las Fuerzas Militares aseguraron que los hombres armados no son integrantes de las disidencias. En cambio, se dijo que ellos eran militares de la Brigada XI del Ejército Nacional, quienes se disfrazaron de guerrilleros e intimidaron a los pobladores del Manso.
Pese a que se dijo que eran militares, todavía hay muchas dudas en este caso, pues el Ejército Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. La única autoridad que se refirió a la situación fue el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien adelantará un consejo de seguridad este miércoles 13 de septiembre.
Tras lo sucedido, las reacciones no se han hecho esperar y ya hay muchas preguntas por resolver en este caso.
Uno de los que se pronunció fue el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien es oriundo de Córdoba y calificó de “muy grave” la situación.
“La inspección del Ejército debe aclarar si un grupo de militares estaría involucrado en amenazas a habitantes de Tierralta, Córdoba. Rechazo estos actos violentos contra la comunidad, NO podemos volver a un capítulo tan oscuro en nuestra historia”, escribió Calle en la red social X.
El senador Ariel Ávila recordó que en esa zona de Córdoba “opera el Clan del Golfo y hay presencia de Fuerzas Militares”, pero no hay un control fuerte de las disidencias de las Farc. “La supuesta presencia de disidencias es poco probable, a no ser que exista un pacto con el Clan, lo cual es poco probable. La otra opción es una suplantación, lo cual sería terrible”, agregó el congresista.
Ávila también dejó dos interrogantes, los cuales deberán responder las autoridades, en este caso el Ejército Nacional. “¿Estaban haciendo esto para despojar tierra? ¿Al servicio de quién? ¿Estaban jugando a hacer política para mostrar imagen de deterioro de seguridad?”, cuestionó el senador.
Otra de las congresistas de Córdoba que rechazó este hecho fue Saray Robayo Bechara, quien pidió al gobernador Orlando Benítez que la comunidad víctima de este hecho partícipe en el consejo de seguridad.
“Lo que está pasando en Tierralta es absolutamente desgarrador. Invito al gobierno a hacer presencia y entable acercamiento con los grupos armados como parte de la política estatal de paz total”, escribió en su cuenta de X.
La senadora indígena Martha Peralta Epieyú lanzó un par de preguntas: “¿Lo hacían al servicio de quién? ¿Para dar percepción de inseguridad en el país?”.
Desde la oposición, el excandidato presidencial Enrique Gómez aprovechó para hacer un llamado al Gobierno Nacional y para criticar la gestión del ministro de Defensa. “Mientras tanto, el pendejo de Iván Velásquez, notario de masacres en Colombia, escondido. ¡Cobarde! Vea lo que sus aliados están haciendo con la población rural”.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría ya tomaron cartas en este asunto y anunciaron que viajarán a Córdoba para investigar lo sucedido. La Defensoría del Pueblo, entretanto, rechazó estos hechos y pidió acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional.
“Hacemos un llamado a la institucionalidad y a las autoridades para que acompañe a la población y brinde garantías de protección de sus DDHH y así se eviten desplazamientos forzados y/o confinamiento de la población”, manifestó la entidad en X.