La noticia del cese al fuego que entregó al país el presidente Gustavo Petro generó revuelo en el país pues, por ahora, se sabe poco de cuáles serán las condiciones que deben cumplir los grupos armados y cómo será la verificación de ese proceso. Salud Hernández-Mora puso de presente todos esos interrogantes para un artículo en El Mundo de España.
La columnista de SEMANA relata cómo cinco grupos criminales terminaron en ese pacto con el Gobierno, entre ellas tres guerrillas: el ELN y las dos disidencias de las Farc -Nueva Marquetalia y Estado Mayor Central-. Así como los grupos derivados de extintos paramilitares: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Pero narra cómo, tras el anuncio del presidente, “enseguida surgieron innumerables preguntas”.
“¿Cómo financiarán a la tropa si abandonan la delincuencia? ¿Dejarán de matarse entre todos ellos en su afán de apoderarse de las principales rutas del narcotráfico? ¿Abandonarán la minería ilegal de oro y el negocio de las drogas? ¿Romperán sus nexos con los cárteles mejicanos? ¿No cobrarán “vacunas” (impuesto extorsivo) a comerciantes, transportadores, ganaderos? ¿No volverán a secuestrar? ¿No asesinarán a quienes no sigan sus directrices? ¿Renunciarán al reclutamiento de menores de edad? ¿Cuándo podrá intervenir el Ejército?”, enumera ella en el artículo de El Mundo de España.
Agrega que, a pesar de los buenos vientos que desearon organizaciones como la Iglesia católica, la ONU, la OEA (Organización de Estados Americanos) y la Defensoría del Pueblo, no está claro cómo será tanto “la metodología que deberán emplear ni si se refieren a controlar el abandono de todos los delitos o solo los homicidios y los ataques a la fuerza pública”.
La propuesta del presidente además se estrella, según Hernández-Mora, con una realidad apabullante: “Prueba, además, de la confusión reinante es lo sucedido con el ELN, la única banda terrorista con la que el Gobierno negocia formalmente un proceso de paz. Tras varios días de conversaciones en Caracas, a principios de diciembre, ni siquiera lograron pactar el silencio de los fusiles en navidades, el anhelo de las comunidades que viven bajo su yugo. Lo único que resolvieron fue trasladar los diálogos a Méjico y reanudarlos en enero”.
En el texto de El Mundo de España, la periodista cita la opinión de otro de sus colegas, el director de La FM de RCN, Luis Carlos Vélez. “El mayor riesgo del cese al fuego bilateral con bandas criminales, que incluyen grupos principalmente narcotraficantes, es que los mafiosos sigan dedicados al narcotráfico con la seguridad de que las Fuerzas Militares no los van a combatir. Lo único que tienen que hacer es no matar a nadie”, dijo.
Y remató explicando que lo que está pasando en Colombia es “una versión más perversa de lo que AMLO está haciendo en los estados del norte de México. Vamos a ‘sinaloizar’ Colombia”.
La periodista habla de otro frente que causa polémica, pero que no ha sido mencionado por el presidente Petro, a pesar de las múltiples evidencias que hay: el accionar criminal de esas bandas en Venezuela. El tema no ha sido tratado por el primer mandatario, ni siquiera durante las conversaciones que tuvo con el presidente del vecino país en Caracas el año pasado.
Así se hará la verificación del cese al fuego con las cinco bandas criminales
Por primera vez las organizaciones sociales en los territorios tendrán un papel predominante en la verificación del cese al fuego con los grupos armados del país que participaran de este proceso.
Así lo establece el decreto que SEMANA conoció en exclusiva, en el que se fijan las reglas para que esa verificación sea efectiva y veraz.
“La representación de las organizaciones sociales, territoriales se acreditará ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa Nacional. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) podrán designar a delegados miembros de su organización o civiles de su confianza en el mecanismo MVMV”, se lee el artículo 7 del decreto.
El papel de la ONU, la OEA y la iglesia también será fundamental para la verificación del cese al fuego.
“Establezcase el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del CFBTN, como instancia técnica, integrada por: Gobierno nacional (MInisterio de Defensa Nacional, Oficina del Alto Comisionado para la PAZ, OACP y fuerza pública), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia católica. Serán parte igualmente del MVMV si así lo deciden, el Consejo Mundial de Iglesias, y un componente internacional conformado por la II Misión de Verificación (Paz) de la ONU en Colombia y de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA.
“Se solicitará al consejo de seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación de ONU, en Colombia, verifique los ceses al fuego que se acuerden en el marco de la política de paz social. De igual manera, el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz podrán solicitar a otros organismos intergubernamentales su participación en la observación, monitoreo y verificación de los ceses al fuego que se decreten en el marco de la paz total.
El Gobierno nacional autorizará a los miembros representantes designados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para que formen parte del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación (MVMV), quienes contarán con las garantías necesarias para el cumplimiento de su misión”, sostiene el artículo 5 del decreto.
El decreto también le entrega a la Policía Nacional la función de protección a los integrantes del MVMV y ordena al Ministerio de Defensa Nacional emitir los lineamientos necesarios a la fuerza pública para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto, incluida la designación de los delegados de la fuerza pública ante la instancia nacional del MVMV.
La Consejería Presidencial para la Información y Prensa publicó una cartilla explicativa sobre el cese bilateral decretado este fin de año.
Según la consejería, el cese al fuego se hará efectivo con estas cinco organizaciones a partir del primero de enero: “La principal razón por la que el Gobierno nacional inicia este cese del fuego es la reiterada petición de las comunidades que habitan los territorios involucrados en este conflicto”, aseguró el canal oficial de la Presidencia. Así mismo, este canal indicó que el objetivo de este cese del fuego “será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”.
Ante la decisión del Gobierno, la Defensoría del Pueblo se pronunció mediante su cuenta de Twitter. “Todos los gestos que permitan frenar las acciones armadas que afecten a la población civil son bienvenidos”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Cabe resaltar que el cese al fuego será durante seis meses con varios grupos armados ilegales, entre ellos los que generan los mayores como ELN, disidencias de las Farc y AGC-Clan del Golfo, esto según la entidad.
“Desde nuestras 42 Regionales seguiremos acompañando a las comunidades más vulnerables en sus territorios para lograr la garantía de sus #DDHH”, sostuvo la Defensoría, que además aseguró verificar que se cumpla con al acuerdo. “Estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales. Seguiremos acompañando los esfuerzos de paz que viene impulsando el Gobierno nacional”, explicó.