Luego de un periodo en el que primaron las acusaciones mutuas y la polarización, los candidatos presidenciales han empezado a dar a conocer de manera más estructurada sus propuestas para ejecutar en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Así lo hizo el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien es uno de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, y este fin de semana dio a conocer su programa de gobierno, en el que hace especial énfasis en la transformación del país de las “economías fósiles” a las energías limpias y la distribución de la tierra. Además, se da gran protagonismo a la mujer.
En este aspecto, el de dar mayor espacio a la mujer en la sociedad, Petro propone crear el Sistema Nacional del Cuidado “para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres”, así como la creación del Ministerio de la Igualdad.
El documento contiene varios postulados que el senador ya había venido exponiendo en los debates, pero también algunos nuevos planteamientos que han resultado polémicos.
Exploración de petróleo
Tal como ya lo había dicho en medios de comunicación, una de las propuestas consignadas en su plan de gobierno tiene que ver con la suspensión de la exploración petrolera.
“En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares. La extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles se destinará al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso”, indica el programa de Petro.
Para ello, el senador señala que se debe hacer en una transición progresiva de la matriz de movilidad terrestre (carga y pasajeros) y la industria, dependientes del diésel, hacia modos férreos y sistemas de producción con mayor eficiencia energética basados en energías limpias
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021, los ingresos tributarios de la Nación por las rentas petroleras en 2020 fueron de tres billones de pesos y para 2021 estuvieron cercanas al billón de pesos, por la caída de los precios del crudo que se vio en 2020.
Aparte de los ingresos petroleros por el pago de impuestos, Colombia recibe año a año dividendos de Ecopetrol gracias a los buenos resultados y gestión que realiza la empresa que si bien está en un proceso de transición energética, tiene a la exploración y producción de petróleo como su principal fuente de negocio.
En 2022, gracias al repunte de los precios del crudo, se estima que los dividendos de la petrolera sean de 7,6 billones de pesos.
Si bien el impacto y el aporte directo del petróleo al PIB de Colombia es inferior al 5 % del PIB, esta industria también ayuda a dinamizar otros sectores de la economía colombiana.
“Este sector tiene unos encadenamientos grandes, porque aporta en la demanda de bienes y servicios de otras áreas como la construcción o infraestructura”, dijo el economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero.
Empleo público
“Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios”, indica el documento.
Sin embargo, algunos expertos han señalado que este sistema de empleo público, en un país en el que la tasa de desempleo supera el 14 %, puede resultar bastante costoso. Además, el documento no revela cifras sobre cuánto presupuesto se requiere para implementar esto, a lo que se suma la informalidad que se vive en el país, que supera el 50 % de la fuerza total de trabajo.
Para llevar a cabo esta propuesta, el texto señala dos estrategias. La primera es que el Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten, e implementará programas de convivencia ciudadana, que vinculen personal para realizar actividades orientadas a la reducción de la violencia y la delincuencia.
La otra indica que el Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales.
Trabajos del hogar
La propuesta de Petro contiene un punto que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los países más desarrollados, que tiene que ver con la redistribución de las labores del hogar, que infortunadamente ha recaído históricamente sobre las mujeres.
“Se reconocerán, y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20 % de PIB y es realizado en 81 % por mujeres, para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar, el Estado, el mercado y el sector comunitario”, indica la propuesta.
Sin embargo, algunos sectores han criticado que este planteamiento no indica cómo se hará esa remuneración, cuánto costará ni quién regulará el cumplimiento de esta ambiciosa propuesta.
Sistema de salud público
“El sistema de salud será público y universal, por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas”, indica la propuesta.
Para el candidato del Pacto Histórico, en materia de salud, debe hacerse énfasis en la prevención de la enfermedad, responsabilidad que estaría a cargo de las agencias del Estado.
La propuesta de Petro en salud contempla que equipos médicos y paramédicos “vayan directamente a las familias en sus casas, a la niñez en los jardines y colegios, a los jóvenes en la universidad y a los trabajadores y empresarios en los centros laborales, donde se intensificarán las acciones para prevenir accidentes y muertes en el trabajo”.
No obstante, este planteamiento de restringir las EPS, pues la mayor parte del aseguramiento estaría a cargo del Estado, ha sido duramente criticado.
“Dice que las secretarías de salud asumirán las funciones de las EPS. ¿Habrá oído de los carteles de la hemofilia y los enfermos psiquiátricos, etc.? Las secretarías han fracasado repetidamente como aseguradoras. Esta propuesta aumentaría la corrupción y los problemas de atención. Y habla confusamente de ´salud predictiva´. Ignora los esfuerzos de gestión de riesgo por parte del sistema en cabeza de las EPS. Desconoce el trabajo de la Cuenta de Alto Costo. Pareciera no entender el sistema actual en este aspecto”, apuntó el exprecandidato presidencial y exministro de Salud Alejandro Gaviria.
Reforma pensional
El documento indica que “toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de uno a cuatro SMLV, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a cuatro SMLV decidirán libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones”.
Así mismo, indica que se respetarán las actuales pensiones y no se afectarán los derechos adquiridos, así como de quienes tienen una expectativa legítima de pensión. En ese sentido, no se incrementará la edad ni tampoco se modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.
Esta propuesta también tiene sus críticos. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de los Fondos Privados, sostiene que una reforma para que las cotizaciones de los trabajadores se vayan a Colpensiones tendría los siguientes efectos: “Mantiene la pirámide financiera; no aumenta la cobertura; mantiene los subsidios a los altos ingresos (pensiones altas) y sigue siendo muy regresiva”. Además, agrega Montenegro, “mantiene la expropiación del actual régimen público a los que no se jubilan, que son la mayoría”. Además, “es fiscalmente insostenible” y, desde su perspectiva, “lo único que logra es darle caja al Gobierno en el corto plazo para financiar posiblemente el populismo”.
Es clave aclarar que en el país aplica actualmente el esquema de transferencia generacional, lo que implica que las pensiones de los jubilados de hoy se pagan con los aportes que hacen los trabajadores actuales que cotizan al sistema. Y como no hay mucha formalidad laboral, lo que falta para cubrir las mesadas sale del presupuesto general, que a su vez, se nutre de nuestros impuestos.
¿Cajas ‘CLAP’ como en Venezuela?
Petro propone un robusto programa de asistencia alimentaria mediante entrega directa de mercados o bonos alimentarios según se trate de zonas rurales o urbanas y que tengan las condiciones para uno u otro mecanismo, que cumplan con los requerimientos mínimos de calorías y nutrientes y los criterios de canastas básicas regionales para las familias durante los primeros seis meses. “Esta estrategia privilegiará en todos los casos las estructuras comunitarias y populares de acopio y distribución con un enfoque colectivo”.
“Se iniciará un programa de entrega de alimentos: 1. Como incentivo por la participación de las familias, los jóvenes y las mujeres en capacitación, actividades culturales, deportivas y de recreación 2. Reconocimiento por labores de cuidado de la primera infancia, los adultos mayores y las personas con requerimientos especiales de cuidado como parte del Sistema Nacional de Cuidado, y 3. Por la participación en trabajos comunitarios de cuidado de la naturaleza y el territorio, labores comunitarias en infraestructura vial y social y en emprendimientos como el turismo comunitario”, dice el documento.
Esto ha generado que algunos críticos relacionen esta propuesta con las llamadas cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) en Venezuela, sistema en el que las propias comunidades organizados en comités abastecen y distribuyen los alimentos prioritarios mediante una modalidad de entrega de productos, casa por casa en un principio, posteriormente distribuidos en un local de la comunidad.
No obstante, Petro ha sido enfático en que este tipo de planteamientos lo que buscan es asegurar la soberanía alimentaria en los sectores menos favorecidos, especialmente cuando, como lo indica él, lo único que reciben hoy es “limosna” del Estado, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el programa de Adulto Mayor les entrega a las personas de la tercera edad apenas 80.000 pesos al mes.