En la madrugada del 24 de diciembre de 2021, la comunicadora Natalia Castillo fue asesinada por delincuentes en el sector de Galerías, en Bogotá. Los presuntos responsables del crimen interceptaron a la mujer para robar sus pertenencias, ahora, permanecen en prisión al ser considerados un peligro para la sociedad.
El pasado martes 2 de agosto, el proceso penal por el crimen de la periodista se reanudó. En la audiencia preparatoria de juicio contra Ángel Rolando Colina, alias Ányelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, conocido como Porki, -presuntos autores del crimen- el juez de conocimiento avaló las pruebas documentales y testimoniales que se tendrán en cuenta.
Dentro del material probatorio figuran los videos de las cámaras de seguridad del sector Galerías. Las imágenes muestran cómo dos hombres abordan al grupo que salía de un restaurante para proceder a robarlos. En ese momento, uno de ellos saca un revolver y lo dispara contra una de las mujeres que se opuso a que le quitaran las pertenencias que tenía en el bolso. Minutos después, otra cámara registró la huida de los dos atracadores en un carro gris.
Para demostrar su tesis, la Fiscalía General pidió que se tuvieran en cuenta las declaraciones del grupo de amigos de Natalia, quienes reconocieron a los dos atracadores, así como de un grupo de testigos que estaban en la zona cuando se presentaron los trágicos hechos.
A esto se le sumarán los registros de los videos de las cámaras de seguridad de la zona que serán presentados por peritos informáticos. Sin embargo, no se tendrán en cuenta unas fotografías tomadas y que fueron publicadas en redes sociales, puesto que se desconoce quién es su autor y la forma en que fueron realizadas. El funcionario judicial tampoco aceptó los chats de Facebook que tuvo uno de los integrantes de la banda con uno de los ahora procesados.
Testigo clave
El fiscal del caso, Santiago Velásquez, indicó que la compañera sentimental de uno de los presuntos implicados será uno de los testigos clave. En su declaración, brindará detalles como la vestimenta que usaban los señalados aquella noche. Además, según insinuó el fiscal, la mujer habría escuchado a uno de los implicados decir que “por no dejarse robar, le dispararon a la joven”.
Otro testigo que participa en el proceso es un habitante del sector. Según comentó, escuchó un disparo, así como los gritos de los supuestos amigos de Natalia Castillo cuando le decían que soltara sus pertenencias.
La hipótesis que ha manejado la Fiscalía hasta ahora es que la comunicadora murió a causa de las heridas que le dejó un disparo con arma traumática luego de que se rehusara a entregar sus pertenecías a los asaltantes.
De hecho, el informe de necropsia de Medicina Legal apunta que del cuerpo de la joven se “extrajo un proyectil de goma, de los comúnmente disparados en armas de fuego tipo pistola traumática calibre nueve milímetros, el cual contenía una esfera metálica que fue adicionada al cartucho”. Dicho informe también será tenido en cuenta en la continuación del proceso penal.
En febrero, alias Ányelo y alias Porky fueron capturados por las autoridades como presuntos responsables del asesinato de la periodista Natalia Castillo. En su momento, la Fiscalía explicó de qué manera las víctimas fueron seguidas luego de salir de un establecimiento comercial y de camino a su casa, para asaltarlas, hecho que efectivamente ocurrió, pero que además incluyó el asesinato de la periodista de 31 años.
El ente acusador, además, determinó que luego del crimen ocurrido en diciembre de 2021, los presuntos responsables retiraron alrededor de 8,5 millones de pesos de las cuentas de las aplicaciones de los celulares hurtados a Castillo y sus amigos.
Los dos presuntos asaltantes, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en centro carcelario desde febrero pasado, tendrán que responder en juicio por los delitos de homicidio agravado, porte de armas y hurto agravado.
Pese a la evidencia probatoria, los dos sujetos han mantenido el discurso de que son inocentes. Recientemente, se conoció la posibilidad de un preacuerdo con la Fiscalía General, pero esta opción se cayó por la oposición de los familiares de las jóvenes.