Carlos Antonio Lozada, integrante del partido Farc, leyó más de treinta nombres de excombatientes asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz. La recopilación de los casos donde nombró a José Manuel López, Jefferson Sánchez García, Ricardo Guevara y Dimar Torres, por decir algunos, la hizo durante la sesión virtual del Senado que se realizó este lunes por la noche.
Aunque su tiempo de interverción no le alcanzó para mencionar a todos, el senador señaló que son 197 los excombatientes de la desmovilizada guerrilla que han sido asesinados desde 2016 y de los cuales "117 han sido asesinados bajo el gobierno de Iván Duque", culpando, acto seguido, al Gobierno por no garantizar las medidas de seguridad de quienes dejaron las armas.
Poco antes de este mensaje, el partido Farc reportó el asesinato de Segundo Maximiliano que, si bien no pertenece al grupo que mencionó Lozada, porque fue firmante del acuerdo de paz de los años ochenta, sí ejemplifica la falta de condiciones de respaldo a los excombatientes que ha manifestado el colectivo desde que ingresó a la política.
El crimen "ocurrió en el sector La Zorra, corregimiento Puerto Rico, Argelia,Cauca. Todo indica que hace parte del plan pistola de los paramilitares Carlos Patiño en contra de los simpatizantes de reincorporados", escribió el partido Farc en su cuenta de Twitter. No obstante, el tema sobre el asesinato de los excombatientes solo fue una parte del debate del Senado donde Paola Holguín, integrante del Centro Democrático, fue una de las primeras en contradecir el punto que expuso Lozada. "¿Las Farc desaparecieron o mutaron? porque hoy hay un partido que usa la misma sigla para humillar a las víctimas y tiene entre sus congresistas a muchos vinculados con delitos de lesa humanidad y que no han pagado un día de cárcel", afirmó.
Holguín mencionó que muchos de los miembros del partido Farc "siguen en el negocio del narcotráfico o del terrorismo" y que por tanto no son justas las críticas al partido de Gobierno, por citar un debate para hablar de "los incumplimientos" de la desarmada guerrilla. María del Rosario Guerra también advirtió que "después de tres años de firmado el acuerdo final, ni una sola víctima ha sido reparada con bienes de las Farc. A la fecha, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, solo tiene información veraz de 196 de los 722 bienes reportados por las Farc. Si en tres años no han entregado las coordenadas, las esperanzas de que lo hagan son mínimas".
Los ánimos se calentaron tanto que incluso Iván Cepeda, del Polo Democrático, pidió la renuncia del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, "por convertirse en un obstáculo sistemático para la implementación del acuerdo final". A su vez, este se defendió diciendo que desde su despacho se ha promovido la reincorporación de los miembros de esas organizaciones. Y que su función "no solo es buscar la paz sino buscar el desmantelamiento de aquellos grupos que no la quieren”.