La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer la nueva fase de priorización en el caso 03, en la cual se busca establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública y civiles, en relación con los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, más conocidas como ‘falsos positivos’.
Después de concentrar sus esfuerzos en esclarecer los hechos ocurridos en territorios críticos y realizar imputaciones a 59 máximos responsables y tres partícipes no determinantes, la Sala ha implementado una metodología paralela que se centrará en verificar si los patrones macrocriminales determinados por la JEP se replicaron en otros territorios y si hubo factores comunes de alcance nacional en los cuales estarían involucrados altos mandos militares.
En esta nueva fase de la investigación, la JEP investigará los seis subcasos inicialmente priorizados, que abarcan las regiones de Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así como el subcaso del cementerio de Las Mercedes de Dabeiba.
La Sala de Reconocimiento continuará investigando los factores comunes a los patrones criminales que permitieron su desarrollo a nivel local y nacional.
“Sin interrumpir el trabajo desarrollado en los casos priorizados, se enfocará en investigar los factores comunes a los patrones criminales que hicieron posible que estos se desplegaran a nivel local y nacional. Esta decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales”, aseguró la JEP.
La metodología implementada, de acuerdo con el tribunal especial, “no atribuirá responsabilidades a altos mandos militares, basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando”. En su lugar, “se busca garantizar que toda imputación que se haga a altos mandos militares y civiles esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva, en el desarrollo de la práctica criminal”.
El objetivo es identificar si existen bases suficientes para determinar si los miembros de la fuerza pública a nivel divisional y/o nacional tenían conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes, si participaron directa o indirectamente en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y si actuaron con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo.
La Sala de Reconocimiento se enfocará en determinar “las políticas y los patrones macrocriminales del orden nacional que hicieron posible que los crímenes se cometieran de manera sistemática y generalizada en el país”. No se abrirán nuevos subcasos territoriales, pero se investigarán casos ilustrativos perpetrados por unidades militares en territorios que aún no han sido investigados.
Estos ajustes metodológicos buscan agilizar el proceso de investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes más atroces ocurridos en el conflicto, garantizando la debida diligencia y eficiencia en el proceso.
La fase de instrucción nacional del caso 03 abarcará el período comprendido entre 2005 y 2008, que registró el pico más alto de crímenes. Durante este período se tomaron decisiones de estrategia militar que podrían haber influido en la dinámica de victimización, y se adoptó una directiva ministerial que estableció criterios para el pago de recompensas.
La Sala de Reconocimiento se enfocará en atribuir responsabilidades a nivel regional y nacional en el nivel operativo mayor y estratégico de las fuerzas militares. Se investigará la participación directa o indirecta de altos mandos militares y civiles, así como de aquellos que operaron durante la época en que ocurrieron los hechos.