196 líderes sociales han sido asesinados entre marzo del 2018 y mayo del 2019 en el país. Los esquemas de seguridad que según la Unidad Nacional de Protección han recibido 4.487 líderes en Colombia son insuficientes y los crímenes no han cesado. Esa es una de las razones por las que el próximo 26 de julio se movilizarán en diferentes ciudades del país varias concentraciones de personas que marcharán por la vida de estos defensores de derechos humanos. Pero mientras muchas colectividades exigen acciones más contundentes para frenar los ataques, este miércoles causaron indignación las afirmaciones que lanzó el presidente de Primero Colombia, Luis Guillermo Echeverry. Durante una entrevista en Colombia está al aire, el programa de Blu Radio que dirige Camila Zuluaga, Echeverry se refirió al asesinato de los líderes sociales y dio a entender que muchos de esos crímenes son el resultado de ajustes de cuentas. “Lo de los líderes sociales es algo que es muy relativo, hay algunos que son muy buenos y unos que mueren por ajustes de cuentas entre ellos mismos o están metidos en cosas que no son y a manos, por lo general, de gente que es violenta y han estado alzados en armas, más que todo relacionados con esos negocios del narcotráfico", dijo. Le recomendamos: ¿Quién los está matando? Estando aun al aire, la periodista Ana Cristina Restrepo cuestionó sus afirmaciones y le exigió respeto por los líderes sociales. Echeverry trató, sobresaltado, de defenderse: "Desafortunadamente los violentos que han estado en la ilegalidad matan mucho a los líderes sociales y a mí me duele mucho eso, pero me duele más que los estén matando personas que dicen defender al pueblo y lo que están es metidos en negocios ilegales", dijo. Pero, ¿quiénes están matando a los líderes sociales? Las principales víctimas han caído en los lugares donde las comunidades pelean por desterrar la cultura de la ilegalidad. Es decir, aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, que sirven de ruta del narcotráfico y donde subsiste la minería ilegal registran las tasas más altas. Con ese patrón, varios expertos consultados por SEMANA sostuvieron que aunque también mueren por causas ajenas a sus actividades, la regla general es que los líderes caen por sostener su lucha por las comunidades. De alguna forma las estadísticas de la Fiscalía lo confirman. El ente investigador presentó hace un par de meses un documento según el cual 44 de los 126 homicidios, cuyo esclarecimiento había avanzado en ese momento, tuvieron un móvil particular, pero en 79 de ellos está involucrada una organización criminal. Llama especialmente la atención que en la mayoría de casos los perpetraron bandas delincuenciales locales de menos de 20 personas. Entre los grupos de víctimas identificados por las autoridades hay defensores de derechos humanos, lideres LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas. pero las juntas de acción comunal, de acuerdo con cifras de la ONU, han puesto más del 50 por ciento. Algo preocupante, pues 7 millones de colombianos actualmente están vinculados a una de ellas. Según la Fiscalía, los crímenes responden a una sistematicidad en dos vías: una por el tipo de organizaciones criminales y otra por el perfil de quienes más mueren. Muchos en los territorios aceptaron la idea de participar en las juntas de acción comunal tras la salida de las Farc, pero no imaginaban que el Estado quedaría en deuda a la hora de recuperar el control, ofrecerles seguridad y un continuo tránsito a la legalidad. Le sugerimos: Luigi Echeverri, el hombre fuerte tras la presidencia de Duque De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protección, 4.487 líderes sociales y defensores de derechos humanos cuentan con un esquema que contempla celulares, chalecos blindados, hombres de protección, vehículos blindados y convencionales. Todo depende del nivel de riesgo identificado por la entidad. Adicionalmente, se han creado 38 esquemas de seguridad colectiva. Pero ese apoyo tampoco significa una garantía. A muchos los han baleado a quemarropa cuando están en casa con su familia. En muchos casos, las víctimas no contaban con protección ni habían recibido amenaza alguna. El representante de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la ONU le explicó a SEMANA que persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. "Sabemos también que varios defensores de DDHH en áreas rurales han sido asesinados por apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz con las Farc como la sustitución de cultivos, otros por buscar la restitución de sus tierras y los presidentes presidentes de juntas de acción comunal están siendo amenazados, extorsionados por grupos armados", dijo.