La Fiscalía General atraviesa uno de sus más duros momentos desde su creación hace 27 años. Y no es para menos. El descubrimiento de la existencia de una red que, con complicidad de funcionarios, habría infiltrado el Sistema de Interceptaciones de las Comunicaciones (SIC) desató una tormenta. Lograron infiltrar nada menos que el esquema que permite interceptar líneas telefónicas, la columna vertebral del método de investigaciones de los fiscales, clave para detener y enviar a prisión a todo tipo de delincuentes. El 14 de junio SEMANA publicó en exclusiva una investigación titulada ‘Traición en el búnker’, con detalles de esa infiltración. También de cómo Marcela Yepes, directora de Control Interno de la Fiscalía y encargada de realizar auditorías a las 32 salas de interceptación de esa entidad, sufrió un atentado. Ella y su equipo han soportado amenazas y campañas de desprestigio por medio de anónimos, como consecuencia de lo que empezaron a encontrar en las auditorías que realizan desde hace varios meses.
El 14 de julio, SEMANA destapó el escándalo de interceptaciones que sacude a la Fiscalía. El informe reveló en exclusiva las amenazas a la directora de Control Interno Marcela Yepes y a su equipo, así como las graves irregularidades en las salas de interceptación. Esta revista reveló la forma como, aprovechando ciertas debilidades del SIC, diversas organizaciones acudieron a funcionarios y fiscales que trabajan en algunas de esas salas con el fin de introducir líneas telefónicas para escucharlas ilegalmente. La escucha es una de las herramientas más útiles para combatir el crimen. Les permite a los fiscales, previa autorización de un juez, interceptar cerca de 20.000 líneas telefónicas, fijas y celulares. Los funcionarios hacen estas escuchas en salas con cupos determinados –que van entre las 400 y 800 líneas telefónicas– para interceptar, y la mayoría tiene nombres clave como Granate, Oro, Magenta o Diamante. Cada una de estas, a su vez, está asignada a dependencias específicas, como la unidad de Terrorismo, Lavado de Activos o Seguridad Ciudadana, entre otras. Todo esto hoy está bajo la lupa. Le recomendamos: Traición en el búnker de la Fiscalía La propia entidad descubrió, en una investigación adelantada en septiembre pasado, el escándalo por chuzadas que la tiene atravesando aguas agitadas. Se trata del caso que involucra al general retirado Humberto Guatibonza, detenido por la Fiscalía junto con otras cuatro personas, acusados de conformar una empresa que ofrecía servicios ilegales. Según los fiscales del caso, esa organización habría acudido a funcionarios de la entidad que, aprovechando sus cargos y acceso al SIC, los ayudaron con información de inteligencia obtenida ilegalmente. SEMANA revela los avances de los fiscales que investigan esa infiltración, que tienen nuevos y preocupantes desarrollos. Entre ellos, la existencia de una sala de interceptaciones sin control, los vínculos de los capturados en el caso Guatibonza con salas de escuchas del Gaula de la Policía, y el papel de un exdirector del CTI en el episodio de la desaparición y la manipulación de los audios interceptados al expresidente Álvaro Uribe. La sala invisible Con el avance de la auditoría, los funcionarios de control interno no tardaron en ponerle la lupa a una pequeña y misteriosa sala de interceptación nacida hace dos años por solicitud del director de Seguridad Ciudadana, Luis González León. El lugar, ubicado en el primer piso del edificio T del búnker, dependía de la Sala Granate, desde la que se hace seguimiento a toda clase de casos criminales. La Sala Granate solía tener un pequeño espacio de visitantes al que entraban integrantes del Ejército y de la Policía. Ante el acceso que tenían a interceptaciones con reserva legal, en 2017 los coordinadores Rodrigo Alejandro Triana Murcia y Fernando Rodrigo Romero Alvarado elevaron varias quejas. Este último incluso alertó al fiscal general de esta situación mediante un oficio, y en respuesta, la entidad expidió una circular para prohibir la presencia de esos integrantes de la fuerza pública. Una profesional en salud ocupacional fue supervisosa de una sala de interceptaciones. Meses después, González León consiguió que la vetada sala de visitantes se transformara en un misterioso cuarto adaptado al que hoy llaman ‘fantasma’. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a SEMANA que no existe una resolución que autorice esta sala. Según la ley, esto solo se puede ejecutar con la firma del fiscal general. Tampoco hay claridad sobre el mecanismo de selección para los funcionarios que alcanzaron a operar desde hace dos años los sistemas de interceptación de la Fiscalía. Lo cierto es que, a cuenta gotas, vienen apareciendo detalles. Puede ver: Tras aceptación de cargos, condenan a funcionario del búnker por chuzadas En la coordinación resultó designada Yudi Patricia Barrera Saya, profesional en salud ocupacional que trabajó en la Personería de Bogotá hasta diciembre de 2016. Entró a la Fiscalía, a la Unidad de Justicia y Paz, para hacer labores de call center en un proyecto de búsqueda de desaparecidos. Y después saltó a la coordinación de la sala, un cargo especializado al que pocos funcionarios de carrera llegan y por el que recibía una remuneración superior a los 5 millones de pesos. La sala ‘fantasma’ contaba con cuatro analistas, todos ellos de confianza de González. A los investigadores les llamó la atención que Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá desde mayo de 2016, estuvo casada con el fiscal Luis González.
El fiscal Luis González León, exdirector de la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, asegura que el CTI autorizó la creación de lo que en el búnker se conoce como la sala ‘fantasma’. Por su poca experiencia, las acciones de Barrera Saya debían recibir el visto bueno de la coordinadora de la Sala Granate, Indira Arévalo Trigos. Sin embargo, hay quienes señalan que allí permitían el ingreso de policías sin la debida autorización. Consultado por SEMANA, González aseguró que el CTI autorizó crear este lugar. “No era una sala de interceptación; se adaptó una sala de visitantes dentro de la Sala Granate y el CTI decide darnos ese espacio”, dijo. Afirmó haberlo solicitado con el fin de escuchar en tiempo real casos priorizados. En cuanto a la selección del personal, indicó que buscaron funcionarios que tuvieran “actitud para escuchar” y que fueran de confianza. De hecho, señala que seleccionaron a Barrera porque vieron en ella cualidades diferentes para la coordinación de los analistas. Dice que la funcionaria trabajó en la Personería, pero no recibió ningún tipo de recomendación especial: “Ella entra porque manda la hoja de vida”. González asegura que en esta sala seguían los procedimientos con rigor y descarta que pudiera acceder personal policial sin autorización, ya que él impuso el control biométrico para el acceso. Subraya que gracias a este espacio, la Fiscalía pudo capturar 83 personas, entre ellas, microtraficantes que azotaban las universidades. Asevera que realizaron investigaciones de contratación en Fonade y de chatarrización, entre otras. Le puede interesar: En el propio búnker es capturado un fiscal por chuzar ilegalmente Hace unas semanas, Arévalo Trigos tomó vacaciones y su reemplazo salvó su responsabilidad en el manejo de la sala ‘fantasma’ y se apartó de su supervisión. Esto habría llevado a que, por varios días, los funcionarios adscritos abandonaran las escuchas. Todo indica que para cuando la auditoría entró al lugar, los equipos estaban grabando sin tener quién revisara los audios. Por dificultades para dar con el archivo que soporta los dos años de interceptaciones realizadas allí, la auditoría ha tardado más de lo esperado en rendir un informe concluyente. Temístocles y la Policía de Cali Sumado a lo anterior, los investigadores estudian un paquete de evidencias que destaparía un megacaso de corrupción que comprometería a miembros del Gaula, la Sijín y de la Fiscalía en Cali. Para llegar al fondo, el ente investigador inició un completo escrutinio. Un equipo especial revisa unos 1.900 expedientes del Gaula de Cali, en un barrido que tiene encendidas las alarmas por corrupción. El ente acusador también trata de unir las piezas que saltaron a la luz al investigar una red de chuzadas, supuestamente encabezada por el coronel retirado del Ejército Jorge Salinas y el mayor retirado Luis Quiroga. En ese mismo caso, la Fiscalía vinculó al excomandante del Gaula, el general retirado Humberto Guatibonza, a quien los implicados señalan de tener una estrecha relación con algunos integrantes de esa organización. En un capítulo que hasta ahora ha pasado desapercibido, Salinas y Quiroga aseguraron que actuaron en paralelo a la Policía de Cali para adelantar investigaciones. Por un lado, habrían recibido instrucciones de un intendente que trabajaba en la sala de interceptaciones del Gaula del Valle, a quien identifican como Calderón. “Me conoció (Calderón) en una visita del general Guatibonza, este patrullero era como el escolta del general y me pidió este apoyo para el Gaula”. Le puede interesar: La cúpula de la justicia se enfila para resistir a las presiones indebidas Entre los casos, aparece uno en el que habrían actuado conjuntamente con la Sijín de Barranquilla para, supuestamente, desmantelar a una banda de descuartizadores que contaba con más de cinco víctimas. “Solo tenían unos pines de Blackberry; Calderón me pasó esos pines de supuestos bandidos, y que la Policía carecía de la capacidad de ubicarlos”, aseguró Salinas. Quiroga cree que ayudaron en este caso sin ninguna contraprestación porque el hermano de Calderón trabajaba en la Sijín en la Costa. También da su versión la hacker Marialicia Pinzón, quien confirma que le dieron la función de ubicar los pines. De otro lado, las autoridades investigan al intendente Alfaro, adscrito a la Sijín de Cali, señalado de servir de enlace para la entrega de información. Los implicados coinciden en que este les pidió buscar una IP desde donde enviaba correos electrónicos un pedófilo. La red de chuzadas habría entregado su ubicación cerca del centro comercial Chipichape, y supuestamente lo capturaron. Además, contaron ante la Fiscalía que participaron en una investigación de la Policía del Valle del Cauca por el asesinato del líder social Temístocles Machado. “Llega la Policía donde Jorge (Salinas) y piden ayuda (...) de tal manera se le pide a Marialicia que nos ubique algún indicio sobre el punto, la fecha y la hora del asesinato; es así que se logra obtener el registro de unos números con unas conversaciones”, aseguró Quiroga. Este supuesto apoyo para dar con los números celulares y para extraer mensajes de WhatsApp habría sido clave para las capturas. El asesinato ocurrió el 20 de enero de 2018, y resultó condenado a 17 años a Jorge Jaramillo, mientras el proceso sigue para otras tres personas. Según algunos, estas y otras actividades realizadas por Salinas, Quiroga y sus compañeros podrían estar enmarcadas en una especie de colaboración con las autoridades para dar con delincuentes. Pero no es así. Esa ayuda “parapolicial” no era desinteresada. Así como esa organización criminal le conseguía datos a policías y fiscales, también lograba que estos les retribuyeran esos favores. Los investigadores tienen esto claro. En contexto: ¿Quién está espiando? Una de las formas consistía en que en las salas de interceptación del Gaula de la Policía camuflaban números de interés para la banda de Salinas y Quiroga. Esos iban más allá de tratar de escuchar ilegalmente líneas para espiar empresas o infidelidades. Interceptaban asimismo, por ejemplo, teléfonos de autoridades que investigaban casos criminales, como por ejemplo el de una gigantesca organización de contrabandistas, narcos y lavadores de dinero que actúa en el país. Esto con el fin de conocer la ubicación de retenes, el avance de las investigaciones o si las autoridades estaban interceptando los integrantes de esa organización. En las pesquisas también han encontrado que desde la Fiscalía alguien ordenaba interceptar delincuentes a quienes nadie escuchaba, solo para bloquearle el acceso a otros investigadores que tuvieran interés legítimo en desmantelar grupos criminales. Esto es tan solo una pequeña porción del inmenso entramado corrupto enquistado en el corazón del sistema de interceptaciones de una de las instituciones más importantes del país: la Fiscalía. n La misteriosa desaparición de los audios del caso Uribe La Fiscalía citó el viernes próximo al exdirector del CTI, Julián Quintana, a explicar por qué una orden suya al parecer impidió conservar los registros de acceso a grabaciones reservadas. Seis audios resultaron editados y la Fiscalía busca a los responsables.
El exdirector del CTI Julián Quintana aseguró que jamás dio la orden de borrar información en el caso de Álvaro Uribe. Esta semana, la Fiscalía intentará aclarar uno de los grandes enigmas del funcionamiento de las salas de interceptación del búnker. En 2015, la Sala Oro grabó varias conversaciones al investigar a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, tras una denuncia del expresidente Álvaro Uribe. Desde ese entonces, la Corte Suprema tenía pistas de la gran presión sobre la familia Monsalve, la única que ha dado indicios de tener información de fondo sobre lo que ocurrió en la finca Guacharacas, de los hermanos Uribe Vélez. El patriarca Óscar Monsalve fue el mayordomo de la finca; y Juan Guillermo Monsalve, uno de sus hijos, da fe de que el bloque Metro, del que fue integrante, nació en esa hacienda. Puede leer: Iván Cepeda y Álvaro Uribe, choque en la CIDH Cuando la Corte Suprema revisó las interceptaciones de marzo de 2015 se llevó una gran sorpresa. Era evidente que faltaban audios, lo que provocó una compulsa de copias en junio del año pasado. Después, un peritaje hecho a los audios registrados en estas fechas desató un escándalo entre los investigadores, ya que se concluyó que hubo seis grabaciones editadas. El peritaje sobre los audios revela “fuertes indicios” de algún tipo de “manipulación o modificación” en llamadas. “Sus fallas o transformaciones no ocurren en etapas cercanas de la reproducción, sino que tienen inicio funcional, y luego se presentan cambios en la señal, o a lo largo de su duración solo se presentan fragmentos pequeños con información seguidos o superpuestos a silencios o tonos puros (pitos)”, dice el informe técnico. Las sospechas recayeron en un comienzo sobre el analista del caso, Óscar Álvarez. Pero los investigadores no tardaron en confirmar que el operario no tenía capacidad para manipular la grabación, al punto de sacarla de la plataforma e introducir otra editada. Por ello, intentaron seguir el rastro de quienes accedieron a esta información confidencial y reservada, con tan mala suerte que estos registros, al parecer, fueron borrados desde 2015. Intercepptaban autoridades, por ejemplo, para conocer la ubicación de retenes. En aquel entonces, la Fiscalía había terminado de pasar del antiguo sistema de interceptaciones Octopus a la nueva plataforma Target 360. Allí surge un primer cuestionamiento de los investigadores: por qué las llamadas de la familia Monsalve –que debían haber grabado con el programa de última tecnología– resultaron interceptadas en el obsoleto Octopus. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que al indagar por la desaparición de los registros de acceso al sistema, los investigadores encontraron una orden del exdirector del CTI Danny Julián Quintana. En abril de 2015 este habría tomado una decisión radical frente a la desconexión de servidores de almacenamiento como una medida de ahorro de energía, y dio la orden de conservar solo los audios grabados por la plataforma. En consecuencia, desecharon el resto, incluyendo los registros de accesos al sistema. Hasta ahora, el argumento del ahorro de energía resulta inverosímil para los investigadores. Por esta razón, Quintana deberá asistir con su abogado a rendir interrogatorio el próximo viernes.¿Qué pistas hay de los audios? También le recomendamos: Álvaro Uribe es llamado a indagatoria por la Corte Suprema Se trata de seis grabaciones registradas el 8, 20, 24 y 30 de marzo de 2015. Todas contienen llamadas interceptadas a la familia Monsalve y, como lo reveló SEMANA, en por lo menos dos de ellas conversan con Juan Guillermo Villegas. Él es un ganadero señalado de ser cofundador del grupo paramilitar, y cercano al expresidente Uribe. Según la corte, hay evidencias que permiten confirmar que en los días en que Óscar Monsalve cumplió una citación de la corte, Villegas tuvo “supervisada” a la familia Monsalve. Quintana aseguró a SEMANA que desconoce el contexto de la orden que supuestamente impartió. Dice enfáticamente que “jamás ordenó borrar información”, y que el señalamiento es una conjetura. Aseveró que la Dirección Nacional de Fiscalías tenía la responsabilidad directa sobre las salas de interceptación. En cualquier caso, todo parece indicar que el escándalo por los audios borrados, sin duda alguna, apenas comienza.