Con un clarísimo “buenas tardes” y una marcada sonrisa en su rostro, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio apertura al evento en el que fueron entregados de títulos colectivos de tierras a la comunidad afrodescendiente de La Boquilla y San Basilio de Palenque, en Cartagena.
Su anfitrión era el mandatario Juan Manuel Santos y, compartiendo tarima, entregaron la “tierra prometida” que hoy no es más que eso, una promesa que nunca se cumplió.
El discurso del primer mandatario negro de Estados Unidos se vio varias veces interrumpido por la oleada de aplausos de los centenares de asistentes a la plaza central San Pedro Claver, de la Ciudad amurallada, que no ocultaban su júbilo por lo que representaba aquella histórica jornada, en la que pensaban que la presencia de Obama era la garantía que necesitaban para que la promesa de que les titularan los predios fuera cumplida.
No fue así, después de 10 años del pomposo evento, no hay más que un pleito judicial, ganado en primera instancia por Juan Carlos Camacho García y Hugo de Jesús Garrido González, los reclamos de la población afro que fueron engañados, aseguran, en la cara del presidente más poderoso del mundo, y una serie de solicitudes del Gobierno de que se honre la palabra empeñada con los negros de Cartagena.
El acto, aunque simbólico, era un paso fundamental por el que llevaban luchando varios años, el reconocimiento de la tierra. Obama, el principal protagonista de la Cumbre de las Américas que se llevaba a cabo en abril de 2012, y sobre quien se fijaban todas luces de las cámaras, entregó el título colectivo que beneficiaba a más de dos mil familias. Abrazó a los líderes afro, se tomó fotos y se marchó en medio de un ambiente de fiesta y celebración.
Parecía la historia de una película que lo tiene todo para que los protagonistas sean felices para siempre. Pero la realidad hoy es muy diferente.
Frente al título, que les garantizaba la propiedad colectiva de la tierra, existe una disputa jurídica que ya dio un primer veredicto nada satisfactorio para las comunidades afro.
El Tribunal Administrativo recalcó que la entrega del predio de 39 hectáreas, patrocinada por el mismo presidente Juan Manuel Santos, estuvo rodeada de irregularidades y la tierra prometida no fue más que una promesa en la que puso a Obama de notario.
En primer lugar, pese a lo que se dijo en un primer momento, este lote no era ni baldío ni rural, sino que era “de carácter urbano” de propiedad del Distrito de Cartagena.
En el extenso fallo se cuestionó el papel del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por no tener la competencia para actuar en zonas urbanas, hecho por el cual no podía avalar la entrega de títulos.
Por esto, anuló la resolución por medio del cual se adjudicó en calidad de ‘Tierras de las Comunidades Negras’ los terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente por las Comunidades Negras integradas en el Consejo de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla.
La decisión fue más allá y le pidió tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría iniciar las acciones penales y disciplinarias, respectivamente, para que se investigaran las infracciones que habían ejecutado desde la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena y el Incoder, frente al todo el trámite de titulación.
En septiembre de 2010 se presentó la primera demanda que señalaba que el sector de La Boquilla era un terreno baldío y se encontraba ubicado en zonas rurales del departamento del Bolívar, por lo que pedía que se les otorgara inmediatamente la titulación colectiva, es decir, que de lo simbólico de aquel acto se pasara a lo real.
Una luz de esperanza
Visiblemente insatisfechos con la decisión del Tribunal, los representantes de las comunidades negras que habían reclamaban el título colectivo presentaron el respectivo recurso ante el Consejo de Estado, con el fin de que avale sus pretensiones y le ponga punto final a esta disputa.
Los vientos parecen ser favorables. En un concepto de 42 páginas, la Procuraduría General concluyó que todo el trámite en el Incoder cumplió los requisitos, entre estos la evaluación técnica que definió que el terreno era un baldío rural, de dominio, “ocupado tradicionalmente por la comunidad negra solicitante”.
Es decir, el Incoder sí contaba con la facultad para el otorgamiento. En el extenso documento ―que ya reposa en el despacho del magistrado Martín Bermúdez Muñoz― se pide tener en cuenta el contexto de exclusión histórica de esta comunidad en Cartagena y la obligación pendiente que tiene el Estado para proteger sus derechos a la propiedad colectiva y la diversidad étnica y cultural.
“No es posible desconocer que las comunidades negras son objeto de especial amparo constitucional y de titulación colectiva de sus territorios, lo cual resulta aplicable en toda su dimensión al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla”, reza el concepto.
Las comunidades afro quieren aplicar aquel conocido eslogan de Obama durante sus dos campañas: Hope (esperanza). Con la fe puesta en que el Consejo de Estado les devuelva los títulos colectivos y así poder recibir las tierras por las que han luchado desde hace tantos años.
Domingo Martínez, uno de los líderes afro más activos de La Boquilla, ha sostenido una y otra vez que existen muchísimos intereses en este predio. “Las grandes hoteleras que están aquí quieren apoderarse de predios”, asegura.
El poder económico que tienen ha funcionado como presión para alargar la entrega de los títulos.
Saben que ese documento es su seguro de vida para que no los compren, los invadan o titulen ese predio de siete mil metros cuadrados. Por ahora, de la pomposa visita de Obama y para la Cumbre de las Américas, se recuerda más el comportamiento de los miembros del esquema de seguridad del mandatario estadounidense, que se tomaron la ciudad de rumba con escándalo de prostitución incluido. De la tierra prometida, solo hablarán los tribunales.