Este domingo, los abogados del exsenador Arturo Char decidieron presentar un nuevo recurso para buscar su libertad, luego de que la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación en su contra por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, situación que produjo su captura el pasado mes de septiembre del 2023.
La investigación está relacionada con el presunto entramado del que habría hecho parte Char para comprar votos en la Costa Atlántica junto a la excongresista, también salpicada por el caso, Aida Merlano, quien de igual forma resultó beneficiada por esos hechos en las elecciones de 2018, que la llevaron a ser representante a la Cámara.
Los juristas que asesoran a Char presentaron un habeas corpus, buscando que un juez pueda definir la libertad del sindicado debido a un supuesto vencimiento de términos, pues aseguran que el caso no se ha movido y ya superó los 120 días definidos por la ley para que este pueda ser acusado.
Sin embargo, horas después de que se presentó el recurso, se empezaron a conocer varios conceptos de magistrados de la Corte Suprema frente al caso. No obstante, un hecho paradójico se dio en medio del caso, pues hubo versiones encontradas entre los juristas.
La primera respuesta fue la dada por el magistrado Marco Antonio Rueda, quien envió una carta al juez sexto penal con función de control de garantías, en la que aclaró los tiempos que han cursado en el proceso. Rueda aseguró que han pasado 104 días, por lo que la preclusión del caso aún no tiene lugar.
Por esa razón, el togado solicita al juez negar la medida, asegurando que deben cumplirse 120 días de privación física efectiva de la libertad, contados desde el momento en que se produjo la restricción del derecho fundamental y sin que el sumario se hubiere calificado, situación que no se ha dado con Char”, comentó.
En su carta, Rueda además aseguró que la situación es una medida dilatoria, asegurando que solo hasta el próximo 8 de febrero se cumpliría el vencimiento de los términos.
Luego del pronunciamiento de Rueda, se conoció la opinión de otra magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien emitió concepto contrario a la versión del magistrado. Se trata de Cristina Lombana, quien también envió un oficio al mismo juez de Santa Marta, explicando que el pasado 15 de diciembre radicó un proyecto del fallo en el que se le otorgaría la libertad a Char.
Aseguró que el proyecto que fue puesto a consideración de la Sala, proponía otorgar la libertado por vencimiento de términos a partir del 5 de enero del 2024. Dicho proyecto fue radicado con el mismo argumento que el presentado por Iván Cancino, abogado de Char, asegurando que pasaron 120 días en los que no se ha movido el proceso.
Afirma además que la motivación para la decisión fue “el inexorable paso del tiempo sin que el mérito de la instrucción pudiese ser calificado”, comentó.
¿Cómo inició el proceso contra Arturo Char?
En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que el exsenador participó en un plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018. Con esta estrategia también se buscaba favorecer a Aida Merlano.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la ‘Casa Blanca’, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en este caso.