Hace un par de semanas campesinos de Puerto Libertador (Córdoba) vieron a las avionetas fumigar sus parcelas con glifosato por el simple hecho de estar junto a otras sembradas de coca. La lluvia química no solo destruyó los cultivos de yuca y ñame sino que cayó sobre Jader Andrés Paternina, de 22 años de edad, quien estaba trabajando en un cultivo de pancoger, lo que le produjo una intoxicación que terminó con su vida. Daniel José Paternina Rosso, concejal de ese municipio, denunció públicamente que “la fumigación no solo afectó los cultivos de 150 familias sino también los territorios de indígenas embera katío que habitan la zona”. A esta voz de protesta se sumaron las de los miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, quienes reportaron que en las veredas de Alto San Juan y San Juan Medio también las fumigaciones terminaron por destruir los sembradíos de cultivos lícitos. La noticia prácticamente pasó desapercibida, porque a decir verdad es el pan de cada día desde hace más de 20 años cuando el Estado tomó la decisión de usar la fumigación aérea como principal arma para frenar el avance de la coca, la amapola y la marihuana por todo el país. Al fin y al cabo esos cultivos han sido la fuente de financiación de la guerrilla, el paramilitarismo, las bacrim y los carteles del narcotráfico. Pero son muchas las denuncias que relacionan las fumigaciones de glifosato con la destrucción del medioambiente, el envenenamiento de flora, fauna, animales silvestres, o de producir enfermedades dermatológicas o abortos no deseados en la población. En los últimos días surgió un nuevo aspecto del problema, pues la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras revisar exhaustivamente todos los estudios disponibles en el mundo, advirtió que hay pruebas de que el glifosato puede causar cáncer en animales y potencialmente en los humanos. Se trata de un duro golpe a la política del gobierno de mantener las fumigaciones y ha avivado el debate de si llegó el momento de detener las aspersiones con este herbicida. El aviso de la OMS, que fue rechazado por el laboratorio Monsanto, era esperado desde hace mucho tiempo por ambientalistas, ONG y víctimas de las fumigaciones con glifosato en Colombia, pero también en otros países, donde el glifosato (Roundup, o bajo los genéricos como Cosmoflux, Baundap, Glyphogan, Panzer, Potenza, Rango o Randal) es usado ampliamente en cultivos de maíz o soya transgénica. Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, dijo a SEMANA que desde antes del estudio de la OMS ya había en Colombia suficiente evidencia para establecer una relación directa entre el aumento de enfermedades dermatológicas y abortos no deseados con las aspersiones con glifosato. “Como investigador siento una gran frustración, pues me cansé de demostrarle con mis investigaciones al gobierno los daños sociales, ambientales y en salubridad que produce el glifosato. El gobierno dice que el glifosato no es malo para la salud. Yo les he pedido a los Ministerios de Salud y de Defensa que me muestren los estudios que defienden eso, pero nunca me los han dado”. En respuesta a todas las críticas y embates que ha recibido el programa de fumigación, financiado en su mayor parte por Estados Unidos, el gobierno dice que gracias a las aspersiones los cultivos ilícitos pasaron de 163.000 hectáreas en 2002 a 48.000 en 2013. Y según las cifras disponibles, desde 1999 hasta 2014 se han fumigado con glifosato 1.700.000 hectáreas de coca, un espacio más grande que los tres departamentos del Eje Cafetero. Ante la creciente oposición de sectores académicos, ambientalistas y políticos, el gobierno se ha quedado solo en la defensa de la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. La decisión de la OMS prácticamente vuelve insostenible esa política y pone al Ejecutivo contra la espada y la pared, más aún si uno de los temas que ya se acordó con las Farc en La Habana es el de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el que la fumigación solo se acepta como una medida excepcional. Sin embargo, el gobierno ha guardado silencio frente al de la OMS. Alejandro Gaviria, ministro de Salud, dijo a SEMANA que su cartera junto con el Instituto Nacional de Salud están recopilando toda la información médica, científica y técnica disponible, no solo del uso del glifosato para erradicar cultivos, sino de otros agroquímicos usados intensamente por la agricultura, especialmente en Huila y Tolima, para que el asunto pueda ser discutido y hacer declaraciones. No obstante, recalcó que “el papel del ministerio, en este caso, se centrará en la defensa de la Salud Pública”. Otro alto funcionario del gobierno dijo que con el anuncio de la OMS la aspersión generalizada contra cultivos ilícitos quedó en la cuerda floja, más si se sabe que no ha sido tan eficaz como la destrucción de laboratorios en la lucha contra las drogas, que ha puesto a miles de campesinos en contra del Estado y que además es una imposición de Estados Unidos. Y más si se analizan las contradicciones en las que ha caído el Estado, que por un lado defiende las aspersiones, pero por otro acepta sus consecuencias, mas no en carne propia. En 2008 Ecuador denunció a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por fumigar con glifosato en zona de frontera, lo que según ese país causó daños ambientales y contra la salud de sus habitantes. El pleito terminó en 2013 con un acuerdo en el que Colombia se comprometió a no fumigar a más de diez kilómetros con la frontera y a darle 15 millones de dólares en una suerte de indemnización. “Es increíble que Colombia reconozca que causó daños ambientales y a la salud de los ecuatorianos, pero que en el caso de las víctimas colombianas no sea capaz de aceptar que ha afectado la vida de miles de campesinos e indígenas y comunidades afro del país”, afirmó un abogado de las víctimas del glifosato. Para expertos en el tema, es probable que el Ejecutivo no dé su brazo a torcer y mantenga las fumigaciones. “El gobierno lleva haciéndose el de la vista gorda con el problema del glifosato, a pesar de los estudios que le hemos presentado sobre sus efectos nocivos. Creo que como con muchas cosas que pasan en este país, una decisión contundente sobre el futuro de este químico provendrá de una fallo judicial”, afirma Mejía. Y es que los pocos triunfos que han conseguido los opositores al glifosato se han dado por medio de fallos judiciales como sucedió con las sentencias SU-383 de 2003 y T-154 de 2012 en las que la Corte Constitucional obligó al Estado colombiano a consultar “a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia sobre las decisiones atenientes al Programa de Erradicación de Cultivos que adelantan en sus territorios”. Por su parte, el Consejo de Estado prohibió fumigar con glifosato en parques naturales, lo que en varias oportunidades ha sido violado por el Estado. En la actualidad está en manos de la Corte Constitucional la posibilidad de prohibir el glifosato. El cuestionado magistrado Jorge Pretelt tiene para revisión dos tutelas para suspender las fumigaciones con glifosato, una del personero municipal de Nóvita (Chocó) y otra de los cabildos indígenas Kiwe Ukwe, Yu Cxijime del Putumayo, contra la Dirección Antinarcóticos, los Ministerios de Salud, Justicia y Ambiente. De ahí la importancia del concepto de la OMS, que si bien no obliga a los países, podría inclinar la balanza de la decisión que debe tomar la Corte Constitucional. Si eso sucediera los días del glifosato estarían contados.