Lo primero que hicieron los abogados del coronel y cinco uniformados que integraban la unidad de Policía Judicial de la Dirección de Tránsito fue radicar un conflicto de jurisdicciones, y la juez se declare impedida para conocer de estos hechos que en su criterio estaban más cerca de la Justicia Penal Militar. La juez, no sólo rechazó ese conflicto de jurisdicciones, sino que avaló o legalizó las capturas de los funcionarios.

El coronel y sus subalternos fueron capturados en el marco de una investigación por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de un ciudadano, en una historia que aún no revela la Fiscalía, pero que sí conoció Semana. El coronel, ahora capturado, fue víctima de un atraco en su residencia y tras identificar a los responsables, acompañado por cinco subalternos, decidió tomar la justicia por su cuenta.

Fuentes del proceso aseguraron que el oficial llegó a la casa donde supuestamente estaban los atracadores y en compañía de los otros uniformados, ingresaron y sometieron a los presuntos delincuentes, al parecer como venganza por los hechos de atraco que en un primer momento dejó como víctima al oficial.

Los abogados de los uniformados explicaron ante la juez que las diligencias adelantadas por la Fiscalía sobrepasaron lo establecido por la ley. Entre otras situaciones, plantean que se cumplieron lsa 36 horas que exige la ley para dejarlos a disposición del juez, además indican que no fueron notificados en forma debida sobre los hechos que derivaron en la orden de captura, por eso pidieron declarar ilegal el procedimiento.

“Después de haber sido capturados, deben ser presentados ante un juez de control de garantías y la justificación no es la distancia, la legalización tenía que darse, me da pena juez de segunda instancia, pero resulta que la juez de primera instancia argumenta que la Fiscalía se demoró porque un cambio de turno, es una argumentación interesante, pero que no corresponde a lo ordenado por la ley”, señaló un abogado al insistir en la ilegalidad de la captura.

La juez después de escuchar los argumentos de la defensa, aseguró que no se cumplen los requisitos legales para acceder a la solicitud de los abogados en el sentido de declarar ilegal la captura de sus clientes, por el contrario, le dio crédito al procedimiento de la Fiscalía y concluyó que la fiscal del caso demostró la necesidad de acudir a las órdenes de captura para llevar a los uniformados ante un juez de control de garantías.

La investigación arrancó cuando la supuesta víctima se acercó a la Fiscalía y radicó una denuncia contra el oficial. Dijo que el coronel llegó en un vehículo oficial junto con otras personas, ingresó con una orden de allanamiento y al interior de la casa fue sometido a golpes y tratos crueles, que ahora el fiscal del caso encajó en el delito de tortura.

Desde la Policía y la Dirección de Tránsito advirtieron que fue la misma institución la que adelantó la investigación y cumplió con los procedimientos de captura el pasado martes en las instalaciones de la propia dirección de tránsito de la Policía. Así lo explicó el director de esa unidad, el general Jairo Libreros.

“La Policía Nacional abrió las correspondientes investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido, así mismo respetuosa del debido proceso, rechaza cualquier acción cometida por alguno de sus integrantes que se aparte de la ley y de los lineamientos institucionales y que pueda afectar de manera negativa de imágen, así como su credibilidad, al mismo tiempo reitera su compromiso por la transparencia policial”, señaló el general.

Del coronel capturado se sabe que es un oficial condecorado, con amplia experiencia en el trabajo de policía judicial, incluso integró la Sijin en la Metropolitana de Bogotá, con importantes resultados contra la criminalidad y las bandas dedicadas al hurto a residencias.