El martes pasado, sin mucha discusión, una mayoría aplastante en la Cámara de Representantes aprobó incluir en la Ley de Orden Público una proposición para que el presidente pudiera reactivar órdenes de captura contra miembros desmovilizados de las Farc. Un día después, la misma Cámara hundió la idea. Una mayoría de congresistas cayó en cuenta de que aprobarla habría puesto en peligro el proceso de paz al abrir las puertas para que, por iniciativa del Ejecutivo, las autoridades pudieran apresar a quienes hoy ocupan curules en nombre de la Farc. Celebraron el inusual reversazo varios líderes de opinión y protagonistas del acuerdo de paz –como Humberto de la Calle y Naciones Unidas–, que habían advertido que la proposición iba en contravía de la Carta Política. El gobierno no tuvo nada que ver con el paso atrás. Antes de que se hundiera la proposición, los medios asediaron a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para preguntarle la actitud del gobierno sobre el tema. En la mayoría de las entrevistas, ella respondió que esa idea tenía origen parlamentario, ante lo cual el Ejecutivo guardaría respeto. La respuesta causó desconcierto. En general, la opinión pública está confundida con la agenda política del gobierno. “Nos acogeremos a lo que defina la Cámara de Representantes”, dijo la ministra, haciendo eco de la instrucción presidencial de impulsar una agenda gubernamental independiente de los intereses parlamentarios. Detrás de su argumento, repetido ya en casos relacionados con iniciativas anticorrupción y reformas como la política, el discurso del gobierno enfatiza el respeto a la autonomía de poderes. Toda una ruptura frente a las prácticas políticas tradicionales, asociadas a la politiquería. Puede leer: Qué quedó de la ley de orden público que quería el uribismo En todo caso, el silencio del gobierno alimentó la incertidumbre. Hasta ahora, y más allá de la saturación con prácticas clientelistas, los gobiernos asumían posiciones y hacían guiños frente a posturas parlamentarias. Pero desde que llegó Iván Duque a la presidencia, la obsesión con acabar la mermelada movió el piso de la política. E incluso generó la idea de que, a pesar de la experiencia parlamentaria del actual mandatario, en el gobierno sienten desdén por la misma. Aparte de Nancy Patricia Gutiérrez y del consejero Jaime Amín, ningún ministro se aparece por el Capitolio. Los interlocutores de los congresistas cambiaron, y –aparte de Amín— ni siquiera los consejeros presidenciales, a los que Duque les ha tratado de dar vuelo,tienen reconocimiento en el Capitolio. Tampoco el secretario general, cargo que hasta hace poco ostentaba alguien conocido por llevar ‘el Excel’ de los cargos burocráticos. A la ideologización y a las incertidumbres derivadas de un nuevo relacionamiento político se suman otras que también tienen que ver con el estilo del gobierno. Mientras que el Ejecutivo está obsesionado con no recibir presiones burocráticas de los parlamentarios, muchos de ellos se han sentido despreciados por el gobierno. Congresistas de varias bancadas le dijeron a SEMANA que los ministros “les tienen prohibido” hablar con ellos. Pero, sobre todo, que se sienten estigmatizados. Entre otras cosas, porque aseguran que la representación política se ha confundido con la mermelada. El mandatario se ha rodeado de funcionarios técnicos o vinculados al Centro Democrático, pero no ha tenido en cuenta a personas sugeridas por partidos que lo apoyaron entre la primera y la segunda vuelta, como el Liberal. “No queremos asumir los costos de un gobierno impopular sin estar en él”, aseguran algunos parlamentarios de ese partido, mientras otros han intensificado las presiones por puestos. Le recomendamos: En cuidados intensivos quedó la reforma política: Gobierno sin votos para salvarla El desubique es mayor en las colectividades que se declararon independientes o que están divididas por el apoyo de algunos sectores al gobierno. Varios congresistas de Cambio Radical y La U, por ejemplo, aseguran que “hay que ayudarle a Duque” para evitar que en 2022 llegue la izquierda al poder. Otros, entre los que también se encuentran un buen número de liberales, tienen la esperanza de que los problemas de gobernabilidad lleven al Ejecutivo a repensar su estrategia de interlocución con los partidos. Y que le abra la compuerta a la ‘representación política’, que en buena medida el gobierno entiende como mermelada. El discurso antimermelada también tiene sus riesgos. Nombramientos, por definición, siempre hay. Y es lógico que miembros del partido de gobierno vayan al Ejecutivo. Sin embargo, algunos de los que no pertenecen al Centro Democrático dicen que una cosa es el mensaje antimermelada, y otra muy distinta es la práctica. Los contradictores del gobierno han utilizado nombramientos en el exterior como los de Alejandro Ordóñez, Viviane Morales y Pacho Santos, sumados a varios en el gobierno, como el de la excongresista Susana Correa en Prosperidad Social, para decir que el gobierno sí está repartiendo cargos, sobre todo entre los suyos. Aseguran también que a algunos de La U y del Partido Liberal no les quitaron cuotas que venían de atrás. El discurso antimermelada, los escándalos de corrupción y el poco margen de gobernabilidad han desconcertado al mundo político. Como si el terreno de la gobernabilidad no fuera lo suficientemente inestable, un componente aumenta el desconcierto político: la relación entre el gobierno y su partido. Desde que comenzó el mandato de Duque han aparecido divergencias en aspectos puntuales frente a temas como el salario mínimo, la reforma a la justicia y la tributaria. De alguna manera, el Ejecutivo y el Centro Democrático, a pesar de una reciente reunión de bancada, andan cada uno por su lado. En el caso de la Ley de Financiamiento, la representante de la Alianza Verde, Catalina Ortiz, aseguró a SEMANA que, como ponente de la misma, ha tenido dos interlocutores: el ministro Alberto Carrasquilla, por un lado, y la bancada del Centro Democrático bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, por el otro. Los cruces de cables entre el gobierno y su partido también se hicieron evidentes con el poco entusiasmo que el Ministerio del Trabajo le ha puesto a la idea de una prima extraordinaria y por una vez a los empleados. Puede leer: ¿Quién es Benedicto González, el reemplazo transitorio de Santrich en la Cámara? Si en la bancada de gobierno llueve, en la oposición no escampa. El escándalo armado con la imagen de Gustavo Petro mientras recibía billetes en un apartamento también alteró los planes en el corto plazo. Por estos días tenían pensado lanzar la convergencia de sectores de izquierda con la Alianza Verde y el movimiento En Marcha de los liberales disidentes, entre otros, de cara a las elecciones de 2019. Sin embargo, postergaron el anuncio mientras bajan las aguas. ¿Afectará la credibilidad de Gustavo Petro?, ¿quién podría reemplazar su liderazgo? Finalmente, la modificación de las reglas de juego también causa desbarajuste. Mientras nadie logra saber qué normas tributarias los gobernarán, los políticos tienen inciertas las reglas. Con una reforma en tránsito aún no se sabe si en 2019 las listas serán exclusivamente cerradas, si habrá vicegobernadores y vicealcaldes, o si todo seguirá igual. Queda apenas una semana de sesiones en el Congreso, en la cual es difícil que disminuya la incertidumbre política. En enero, el gobierno ya anunció una cumbre de partidos para ajustar su coalición y convocar una nueva dinámica. Tal vez esa sea una oportunidad para que en el mundo político el año arranque con menos desconcierto.