Semana.com: ¿Qué fue lo que hizo la Corporación Nuevo Arco Iris para que se armara una polémica política?   León Valencia: Nosotros tenemos una misión como Corporación Nuevo Arco Iris y es fortalecer la democracia y sacar de la política la violencia, la ilegalidad y las mafias. Lo hacemos aportándole al país un trabajo de investigación sobre hechos y también dándole asesorías a gobiernos locales y nacionales sobre ese tema. Con Álvaro Uribe nunca pudimos conseguir que aceptaran nuestro trabajo por diferencias de criterios. Con el presidente Juan Manuel Santos logramos que se hiciera una primera investigación, de cara a las elecciones locales. Somos quienes tenemos más experiencia en investigación sobre la relación entre la relación ilegalidad y política.   Semana.com: ¿Para qué lo contrató el Gobierno?   L.V.: Establecimos un convenio con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, una ONG del Partido Demócrata. La mayor parte de los recursos de la investigación vienen de esa institución. Se hizo un trabajo piloto para mostrar los riesgos de la filtración de mafias en la política. La primera fase fue la que presentamos al Gobierno, aún nos faltan dos fases más. Esa primera fase consistió en escoger, entre 211 municipios, el universo en el que hay más riesgo, una muestra de 75 que es hasta dónde alcanzan los recursos. Llevamos 60 investigadores entre mayo y junio para hacer la exploración. De acuerdo a la historia de esos municipios, los procesos y la información que obtuvimos, presentamos un cuadro nacional al presidente, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Das y al Director de la Policía. Les dijimos aquí están estas monografías y estos son los riesgos que hemos visto sobre la posible utilización indebida de recursos, la infiltración de la mafia y la posibilidad de la alteración del orden público.   Semana.com: ¿Cuál fue la conclusión?   L.V.: Que hay un riesgo muy grande en estas elecciones porque los grupos ilegales van a tratar de mantener el poder local para evitar la restitución de tierras, entre otras iniciativas del Gobierno. Va a haber un despliegue de recursos económicos y otras actuaciones para mantenerse en el poder. Eso no es ficción. Y la investigación es una ayuda a los partidos y a sus directores para que no den avales inconvenientes.   Semana.com: ¿Utilizó información de las investigaciones para sus columnas?   L.V.: Para nada. Mi columna más reciente cuestiona el papel de Juan Lozano al frente de La U, pero no hablo para nada de candidatos locales, lo que digo es que se equivoca en tratar de responder a agendas contradictorias como la de Santos y la de Uribe. Pero eso no tiene nada que ver con la investigación.   De hecho, Lozano se atrevió a no aceptar candidatos del Casanare por cuestionamientos que ellos tienen, lo cual merece mi admiración. Él ha tenido una actitud recta en impedir la entrada al partido de personas con vínculos cuestionables.   Semana.com: Usted dijo que había recibido contratos del Gobierno de Uribe. ¿Cuáles fueron esos contratos?   L.V.: Por la independencia y transparencia de nuestro trabajo se generan problemas con todo el mundo. Pero nosotros ejecutamos un contrato con Acción Social sobre memoria histórica. Pero es que nosotros sabemos de ese tema. También hicimos una investigación para la Alta Consejería para la Reintegración porque también conocemos sobre las políticas de reintegración. Es que el Estado no es de un grupo en particular, es de todos, y las ONG tenemos que participar en la discusión.   Semana.com: ¿No considera que hay un conflicto de interés al expresar una opinión sobre un partido y después hacer una investigación que lo incluye?   L.V.: La investigación sobre partidos es para ayudarles a los partidos. Una crítica a un partido, que actúa legalmente, no debe considerarse un ataque. En lo que debemos unirnos con Lozano y con los presidentes de los otros partidos es en cómo debemos desterrar la ilegalidad.   El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al ver el informe me dijo, “mira cómo cuestionas a mi partido”. Sobre Cambio Radical pesan cuestionamientos, pero lo mismo ocurre con todos los partidos, parte de la función del Estado es corregir eso.   Semana.com: En una entrevista usted reconoció que el Presidente le hizo observaciones a su investigación…   L.V.: Este centro de estudios utiliza algunas variables de investigación, pero no somos un organismo de inteligencia. Las pruebas y evidencias, las tiene que buscar el Estado. El compromiso es que las instituciones del Estado tramiten esa información, la verifiquen y se la entreguen a los partidos. Santos y los ministros, como políticos avezados, hicieron anotaciones. Dijeron aquí hay debilidades porque por ejemplo no hay decisiones judiciales en firme. Nosotros reconocimos que así era, porque al Estado es al que le toca profundizar. Nosotros nos comprometimos a no difundir los nombres. Pero esa información compromete a todos los partidos.   Semana.com: En su criterio, ¿qué hay detrás de la polémica?   L.V.: Nosotros nos hemos visto en un sándwich. Pero hay un factor tramposo: los que quieren criticar al Ministro del Interior nos cogen como blanco, lo mismo quienes quieren criticar a Santos. En el Gobierno hay diferencias, pero en este caso llevamos las de perder nosotros, que somos independientes porque somos el eslabón más débil. Yo solo soy columnista de una revista poderosa, pero yo no soy poderoso.   Detrás creo que está el miedo de los partidos políticos a enfrentarse a las mafias locales que buscan capturar sus partidos, hay miedo a que se esclarezca. Pero los directivos de los partidos no deben tener miedo. Lo que debemos hacer es una causa común para combatir las mafias.