En los últimos días, con la propuesta de reforma rural que trae el gobierno de Gustavo Petro, quien busca la llamada “democratización” de la tierra, la discusión sobre la propiedad en el campo ha vuelto a los primeros lugares de la agenda nacional.

La propuesta de Petro, según explicó la designada ministra de Agricultura, Cecilia López, es aumentar los impuestos a las tierras improductivas para que los dueños de estos terrenos escojan entre una de dos opciones: aportar más recursos mediante el pago de impuestos o vender estos predios al Estado para que sean entregados a campesinos con el objetivo de que los pongan a producir.

Sin embargo, un extenso informe revelado este martes por 18 congresistas de seis partidos políticos, en el que se hace seguimiento a la implementación del acuerdo de La Habana, pone de manifiesto un nuevo elemento en esta discusión: el Estado ya tiene cerca de de 1,5 millones de hectáreas en el Fondo de Tierras que aún no han sido entregadas a los campesinos.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y reseñado en este informe multipartidista, a la fecha se han ingresado al Fondo de Tierras un total de 1,9 millones de hectáreas, pero apenas 485.000 han sido entregadas a campesinos. Es decir, solo el 25% de lo recuperado está siendo aprovechado por los trabajadores del campo.

“Como se ha manifestado en múltiples ocasiones, el ingreso de hectáreas al Fondo sigue sin representar la satisfacción del derecho progresivo al acceso a tierra de los pequeños campesinos”, reflexiona el informe.

A su vez, el documento asegura que del total de hectáreas formalizadas hasta el momento (2.612.983,78), solo el 50,56% ha sido a favor de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

Cabe recordar que, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana el Estado se comprometió a consolidar una reforma agraria con el fin de solucionar el problema de la inequidad en la tenencia de la propiedad rural, permitiendo adjudicar tierras a los campesinos de manera gratuita, ya sea porque no la tienen o porque no poseen suficiente para subsistir.

Para lograr esa reforma, el Estado colombiano creó el Fondo de Tierras como mecanismo para inventariar los predios administrados por la Agencia Nacional de Tierras, el cual se alimenta de diferentes fuentes.

Por una parte, de los bienes fiscales patrimoniales, es decir, los inmuebles que son propiedad de la Agencia Nacional de Tierras; y de otro lado, de los bienes baldíos, que son predios de la Nación.

La meta es tener a 2028 tres millones de hectáreas ingresadas a este Fondo de Tierras. Si bien en este aspecto ha habido un avance importante, las demoras han estado en la entrega de estos predios a campesinos sin propiedad.

En cuanto a los avances legislativos referentes al acuerdo de La Habana, el texto multipartidista señala que se tiene que de las 107 normas necesarias para la implementación aún están pendientes el 33,6%.

El reporte estuvo coordinado por la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y lo firmaron 18 congresistas del Polo Democrático, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal.