El Congreso colombiano no tenía en sus manos una ley de amnistía desde 1992, cuando se concedió el indultó definitivo a los desmovilizados del M-19. Después de 24 años, un proyecto de esta naturaleza volvió a llegar al Capitolio. Se trata de un paso fundamental para el proceso, pues por esta vía se permitirá la renuncia de la acción penal para los guerrilleros de las FARC y se concederá el indulto a los que hoy se encuentran condenados, siempre que no hayan incurrido en delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, como genocidio, reclutamiento de menores y demás crímenes atroces contenidos en el Estatuto de Roma. Tan pronto como se conoció la decisión de la Corte Constitucional, que este martes habilitó el procedimiento legislativo especial, el llamado fast track, los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Luis Carlos Villegas (Defensa) y Jorge Londoño (Justicia) llegaron a la Secretaría general del Senado para radicar el proyecto de ley de amnistía e indulto.Consulte: Primera propuesta de Uribe, amnistía a los rasos de las FARC Cristo calificó la decisión de la Corte como un “paso fundamental” para garantizar la desmovilización de las FARC, pues el proyecto de ley de amnistía, el primero dentro de la fase de implementación, es el que brinda garantías de seguridad y certeza jurídica para el tránsito de los guerrilleros a las zonas veredales donde deberán concentrarse para dejar sus armas. El proyecto tiene tres componentes. La concesión de amnistías para los delitos relacionados con el conflicto conexos con el político. Un segundo capítulo de indulto para aquellos que estén pagando condenas en las cárceles por los mismos delitos, y un tercer elemento que también pretende la renuncia de la acción penal para integrantes de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública, también comprometidos con hechos relacionados al conflicto armado. El texto deja claro que se excluyen conductas como las de los llamados falsos positivos. Tras la decisión de la Corte, el procedimiento fast track quedó plenamente habilitado, por lo que la carrera contrarreloj de la aprobación de reformas constitucionales y leyes para implementar los acuerdos, empezó con el acelerador a fondo.Este miércoles los presidentes de las comisiones primeras del Senado y la Cámara designarán los ponentes de la ley de amnistía, y deberán rendirla a más tardar el viernes. Es decir, tendrán dos días para redactar el informe para el primer debate. Según el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, este se realizará el lunes 19 de diciembre, y para ello las comisiones dispondrán de todo el día. Allí existirá seguramente un problema de interpretación. Según el comunicado de la Corte Constitucional, el Fast Track no puede tener vigencia sino cuando el capitolio realice la refrendación bajo unas condiciones. El alto tribunal aseguró que tiene que existir un proceso, en el cual haya participación ciudadana directa y cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos. La Corte explica que el proceso “puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz estable y duradera”. A la fecha, no se sabe cómo el Congreso va a cumplir con este mandato. ¿Cómo sería el trámite? Si ese punto se supera, en caso de ser aprobado el primer debate en las comisiones conjuntas, las plenarias de Senado y Cámara tendrán la última semana del año para completar el trámite. Se espera que el viernes 30 de diciembre antes de la media noche la ley de amnistía e indultos sea aprobada en su totalidad por el Congreso. A partir de ese momento, las exigencias de las FARC para trasladarse a las zonas veredales de concentración quedarían plenamente despejadas. Esta misma semana, según explicó el ministro Cristo, el Gobierno también dejará a disposición del Congreso otras tres reformas transitorias a la Constitución del 91. La primera, la que establece la Jurisdicción Especial de Paz, componente de la Justicia Transicional, que se encargará de la investigación y sanción de los crímenes con ocasión del conflicto. Otra reforma constitucional será la que permita la creación de un nuevo partido político para que las FARC, tras su tránsito de la lucha armada a la vida civil, puedan tener su plataforma para participar en política. El tercer acto legislativo que traerá el Gobierno fijará el compromiso del Estado de cumplir los alcances del nuevo acuerdo de paz, será transitorio por 12 años, y es considerado una cláusula pétrea para que por los menos, durante los próximos tres gobiernos, no se puedan reversar los compromisos acordados tras más de cuatro años de negociación con las FARC. El cuarto proyecto será una ley que creará la unidad especial para la persecución y desmonte de organizaciones criminales. Todos estos proyectos empezarán a ser discutidos por el Congreso el 16 de enero del 2017. Según las cuentas del Gobierno, la implementación del nuevo acuerdo de paz se desarrollará durante los próximos seis meses, el mismo término en el que fueron habilitadas las facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos relacionados exclusivamente con el acuerdo de paz. Toda vez que el fast track reduce el trámite de las leyes de cuatro debates a tres, y las reformas constitucionales de ocho a tres debates. La implementación de los acuerdos comenzó oficialmente a las 7:30 de la noche de un martes 13.