Ni siquiera ha empezado su discusión en el Congreso y la modificación de la Ley de Garantías ya parece letra muerta. O al menos se ve como una iniciativa con difícil curso durante la presente legislatura.
Este lunes, cuando el tema parecía tomar fuerza en el Congreso, el propio expresidente Álvaro Uribe, quien lidera el partido de gobierno, se opuso al cambio, una posición que lo mostró distante del presidente Iván Duque, quien cree lo contrario.
“Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio, no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”, destacó Uribe.
La postura en contra de autorizar la realización de convenios interadministrativos ad portas de las elecciones de 2022 no solo es de Uribe.
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático y cercana al gobierno de Iván Duque, tampoco la ve con buenos ojos. Por la misma línea está la senadora Milla Romero, quien reemplazó a Uribe en el Senado.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia también coincide con Uribe. “Así es, presidente (sic) Álvaro Uribe. Por esto votamos negativamente la misma iniciativa que venía en el Código Electoral. La Ley de Garantías se debe derogar para el siguiente gobierno, pero no en vísperas electorales”, aseguró.
El representante a la Cámara Gabriel Santos fue uno de los primeros dirigentes del Centro Democrático en criticar la eliminación parcial de la Ley de Garantías. “Colombia merece un debate profundo sobre la utilidad de la Ley de Garantías. Pero no a meses de elecciones y menos en una ley de presupuesto. Basta ya de ‘jugaditas’ tan repudiadas por la ciudadanía”, dijo.
El exvicepresidente Francisco Santos, también del Centro Democrático, dejó claro que esta ley existe desde antes de la reelección. “Y es un mal ejemplo democrático derogarla. Más si es terminando un gobierno y a pocos meses de unas elecciones. Hay que tener pudor democrático. De acuerdo con Álvaro Uribe”, manifestó.
El concejal de Medellín Alfredo Ramos, también del ala uribista, expresó: “Solo pensar la cantidad de contratos de prestación de servicios pagados con recursos públicos que se firmarían en el último mes de una campaña política serían suficientes para no derogar la Ley de Garantías. Activismo pagado con recursos de todos en momentos críticos”, dijo.
Con los uribistas en contra, además de la oposición y los partidos Liberal y Conservador en contra, dicho proyecto de ley difícilmente tendrá éxito en el Congreso.
Y mucho más si, según distintos abogados constitucionalistas, el proyecto, en caso de ser aprobado, requerirá un control previo de la Corte Constitucional. “La Ley de Garantías tiene jerarquía estatutaria. Para modificarla o derogarla no basta la aprobación en el Congreso (mayorías absolutas). Requiere la revisión oficiosa previa de la Corte Constitucional”, dijo el jurista José Gregorio Hernández.
Es decir, que así surta su trámite, los tiempos tampoco le permitirían avanzar, al menos para las elecciones de 2022, porque le falta surtir la mayoría de discusiones y el control previo.
Aunque esta propuesta la apoya el Gobierno, ha sido impulsada desde años atrás por el exvicepresidente y jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
Por esto, se la jugó políticamente para que la presidencia de la Comisión Primera del Senado –por donde pasa inicialmente este tipo de proyectos de ley– estuviera liderada por Germán Varón Cotrino, un hombre de su estrecha confianza. En Cámara el debate lo liderará Julio César Triana, un representante cercano a Vargas. No obstante, como están las cosas, este proyecto podría correr con la misma suerte de la fallida reforma a la salud que también impulsó Vargas Lleras.
Lo que pretendía esta modificación era abolir el artículo que le impide a alcaldes y gobernadores celebrar convenios interadministrativos meses antes de las elecciones. El principal argumento es reactivar la economía tras la crisis generada por la pandemia de covid-19.
Cabe recordar que ley ordena que seis meses antes de las elecciones empieza a regir las restricciones para convenios y cuatro para los demás contratos, excepto los celebrados mediante licitación pública.