Este miércoles 17 de mayo inicia la discusión en la Comisión Primera del Senado del proyecto de Ley de Humanización del Sistema Penitenciario, propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca la resocialización de presos y su posible excarcelación, ante los altos índices de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria y las cárceles del país reportados por la Defensoría del Pueblo.
Ante esto, el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, emitió un “llamado de alerta” ante las consecuencias, según el cabildante, que podría tener la aprobación de la iniciativa.
De acuerdo con el concejal Ramírez, de ser aprobada esta ley se liberarían 6.342 presos en Bogotá, según cifras que le habrían sido suministradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, lo que “agrava la ya crítica situación que viven los bogotanos, sometiéndolos a la merced de ladrones, jíbaros, pandilleros y demás delincuentes”, aseguró.
La cuestionada ley de humanización, que busca descongestionar las cárceles y otorgar un trato “humanitario” a las personas privadas de la libertad, ha sido objeto de críticas desde varios sectores de la política y expertos en seguridad ciudadana.
De acuerdo con el concejal, el estudio consultado reveló que, de los 6.342 presos que podrían quedar en libertad en Bogotá, más de 4.000 cumplen condenas por el delito de hurto.
“El año pasado, en la ciudad de Bogotá fueron hurtados alrededor de 65.000 celulares, cifra que responde a los casos denunciados. ¿Y los que no conocemos? Indudablemente, esa cifra vendrá en aumento en el escenario de tener circulando en las calles a 4.000 procesados por hurto, que además es un mensaje claro a los que delinquen hoy, que saben que sus delitos no tendrán cárcel”, sostuvo Ramírez.
El concejal Ramírez Vahos se opone de manera contundente a esta ley, argumentando que empeoraría la seguridad y la tranquilidad en Bogotá, sumado a “los 1.500 policías que la Nación le restó a Bogotá, y cuya formación fue financiada con recursos de los impuestos que pagaron los bogotanos, ahora debemos sumarle cerca de 6.000 delincuentes que estarán de regreso a las calles: las matemáticas de la seguridad no dan”, añadió.
El proyecto de ley, entre sus objetivos, permitiría que un mayor número de personas accedan a beneficios penales o puedan quedar en libertad, con el fin de aliviar el hacinamiento en las cárceles. Esto significa que “sentenciados hasta por 12 años de cárcel ahora tendrán prisión domiciliaria. Hoy, este beneficio aplica a penas de hasta 8 años”, recuerda el cabildante del Centro Democrático.
Son 30 los delitos contemplados sobre los que se aplicarían beneficios, detalla Ramírez. Son estos cinco, los más preocupantes, dice:
- Hurto calificado con 3.944 posibles delincuentes excarcelados.
- Extorsión con 400 posibles delincuentes excarcelados.
- Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 1.998 posibles delincuentes excarcelados.
- Violencia contra servidor público por razón de sus funciones.
- Receptación (adquisición, posesión, comercialización de bienes muebles o inmuebles de origen ilícito).
La discusión en torno a este proyecto de ley iniciará en el Congreso, mientras la preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de Bogotá se intensifica.
Claudia López opina sobre la excarcelación
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha emprendido una enérgica cruzada contra el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional que busca la humanización del sistema carcelario en Colombia.
El proyecto ha generado controversia en el país debido a diversos puntos propuestos, como la eliminación del delito de incesto, la supresión de la cárcel por inasistencia alimentaria y la posibilidad de que quienes cometan delitos de lesa humanidad puedan tener arresto domiciliario.
Ante esta situación, la alcaldesa de Bogotá no ha dudado en solicitar al Congreso que rechace el proyecto presentado por el Gobierno, argumentando que “es un proyecto de injusticia, de impunidad y de excarcelación masiva que pondría en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos”.
La mandataria local ha insistido en que no se puede aprobar una ley que potencialmente beneficiaría a la delincuencia mediante excarcelaciones masivas. “Por eso pido al Congreso de la República que hunda ese proyecto. Quiero sumar mi voz a la del fiscal general para que se rechace este proyecto de ley y se retome la discusión del proyecto que propuso Bogotá, que contempla la construcción de más y mejores centros de reclusión, así como segundas oportunidades para los victimarios”, afirmó la alcaldesa.